El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el pasado viernes 31 de enero la corporación emitió una resolución suspendiendo el apoyo para gasolina que se le asignaba a cada concejal. Además, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que realice el estudio pertinente para determinar quiénes son los cabildantes que realmente necesitan protección especial, una medida con la que hoy cuentan todos los concejales.
"Encontré que había un apoyo para gasolina de unos $800.000 mensuales para cada concejal y no encontré ningún sustento para ese suministro. En aras de la austeridad de gastos valía la pena suspenderlo. Hubo una época en que las camionetas del concejo eran propiedad de la ciudad, entonces se justificaba el apoyo, pero eso ya no es así", dijo Galán en entrevista con Blu Radio.
Según explicó, a la camioneta de cada concejal se le instalaba un chip con dicho saldo a favor y en las bombas de gasolina se iba descontando el valor de los tanqueos. No obstante, Galán cree que los altos honorarios de los concejales (aproximadamente unos $29 millones mensuales, si asiste a todas las sesiones) son suficientes para que cada uno asuma el gasto de sus recorridos.
Pero este no es el único cambio que presidió el presidente del Concejo. Galán afirmó que los concejales no tienen derecho automático a protección por ser concejales, sino que tiene que haber un estudio de seguridad individual que establezca que, definitivamente, hay un riesgo o una amenaza específica que justifique que debe protegerse a esa persona.
Actualmente, todos los concejales cuentan con un par de motorizados de la Policía que los acompañan en sus recorridos. "Si usted viene ahora al Concejo va a encontrar entre 80 y 90 motos de la Policía parqueadas, eso no tiene ningún sentido , esos policías deberían estar afuera cuidando a la gente y fortaleciendo la seguridad en Transmilenio", agregó.
Por tanto, Galán le pidió a la UNP que vuelva a hacer los estudios a quienes los soliciten y a la Procuraduría que haga vigilancia de ese proceso de decisión para la protección de los concejales que verdaderamente requieran un esquema de seguridad.
"Hay un grupo de concejales que pidió que no se le hicieran estudios de seguridad, son unos siete. A ellos les pedí que me dejaran por escrito que no tenían interés en que se les hiciera el proceso. Los demás consideran que pueden tener algún riesgo y le pidieron a la UNP que hicieran los estudios para determinar eso, cuando tengamos respuesta habrá luces de qué hay que hacer", indicó el concejal del movimiento Bogotá Para la Gente.
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