En sesión plenaria del Concejo de Bogotá este viernes, 16 de junio, la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó debate de control político a las cajas menores de las secretarías de la Administración Distrital, señalando la necesidad de auspiciar medidas de austeridad en el gasto público por parte de las entidades.
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El cabildante citante fue Rubén Torrado, representante del Partido de la U, quien en medio del encuentro mencionó que esta discusión inició en el periodo anterior y por ello se modificó la resolución del manejo de cajas menores, para que el decreto 492 de 2019 fuera útil para reglamentar la austeridad; sin embargo, según él, actualmente la administración “se raja” en ese sentido:
“En este debate se evidencia que la administración no cumple con la normatividad vigente y no ejecuta adecuadamente los recursos de los bogotanos. Si no se cuida lo más pequeño, como una caja menor, ¿Qué podemos esperar del manejo de los grandes rubros?”, indicó Torrado.
En el debate de cajas menores y austeridad, se evidencia que la administración no cumple con la normatividad vigente y no ejecuta adecuadamente los recursos de los Bogotanos. Si no se cuida lo más pequeño, como una caja menor ¿Qué podemos esperar del manejo de los grandes rubros? pic.twitter.com/h75CYAWweH
— Concejal de Bogotá Rubén Torrado (@ConcejalRuben) June 16, 2023
Las revelaciones
En medio de la proposición 232 se revelaron algunos gastos que Torrado, y algunos de sus compañeros de asiento, clasificaron como un “despilfarro bajo la apariencia de gastos imprevistos, urgentes, impredecibles y necesarios”.
Todo esto a pesar de la existencia de decretos destinados a regular la austeridad y el manejo de cajas menores; pero -conforme con las facturas presentadas- pareciese que algunos de los funcionarios hacen caso omiso de estas disposiciones.
Entre los hallazgos expuestos se habla de altos gastos en arrendamientos de oficinas, mobiliario y equipos, despilfarro en viáticos y gastos de viaje, pues según Torrado “hay funcionarios que han pasado los últimos tres años disfrutando de estadías en Cartagena y realizando viajes alrededor del mundo”.
A su vez, se cuestiona el uso de servicios de fotocopiado e impresión, a pesar de los avances en digitalización y gastos “innecesarios” en el mantenimiento de muebles, bienes e inmuebles.
Todo esto sumado a la crítica que ha generado la implementación de programas de bienestar e incentivos, como talleres de cocina, cursos de maquillaje, natación y empoderamiento y los que denominaron como el pago excesivo de servicios de mensajería.
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No obstante, el punto más polémico del debate se centró en el manejo de las cajas menores. Pues, según lo establecido, estas deberían utilizarse para gastos urgentes, indispensables e inaplazables.
Caso contrario a lo que encontró el equipo de trabajo del concejal del Partido de la U, pues en la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, se usó dicho presupuesto para “pagar el mantenimiento de una lavadora, así como almuerzos en reconocidos restaurantes de la capital y la compra de productos en supermercados”, detallan.
“El Distrito continúa pagando arriendos costosos en las zonas más exclusivas de la ciudad. Las entidades que desembolsan grandes sumas por el alquiler de espacios son la Empresa Metro, la Unidad de Mantenimiento Vial y la Secretaría de Seguridad. Cada una de estas entidades mencionadas paga entre $116.961 y $130.900 por metro cuadrado”, reporta Torrado.
Aspecto en el que es clave señalar que, en términos totales y según sus cálculos, estos arrendamientos representarían costos que oscilarían entre los 340 y los 486 millones de pesos mensuales.
En el listado de las entidades que más viajan al exterior, hecho por el mismo cabildante, se encuentra el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y la Personería.
“Lo llamativo no se limita únicamente a la cantidad de viajes realizados y a los países visitados. Es el hecho de que, al solicitar dichos informes, no se adjuntaron. La normativa dice que los funcionarios que hagan viajes de trabajo deben presentar un informe detallado de las actividades realizadas y los objetivos alcanzados en un plazo máximo de tres días después de su regreso”, asevera.
Dicho todo esto, el concejal solicitó a la administración proceder con un llamado de atención a los funcionarios que hacen un manejo irresponsable de los recursos. Asimismo, pidió a la Secretaría General dar ejemplo y aplicar el decreto de austeridad para eventos y actividades de la Alcaldía Mayor.
Invitación hecha luego de exponer que desde esta cartera se firmó un contrato de prestación de servicios con la sociedad CONVETUR S.A.S. para brindar apoyo logístico en la realización de eventos por más de 4 mil 812 millones de pesos. Sin embargo, se hicieron cuatro adiciones y dos prórrogas, elevando su valor a más de 6 mil 462 millones de pesos.
“Es importante resaltar la falta casi inexistente de austeridad en este caso. ¿Cómo puede la Administración esperar que los funcionarios distritales cumplan con las prohibiciones y racionalización del gasto público, basadas en los principios de eficiencia y economía, si la Alcaldía Mayor de Bogotá, la columna vertebral del Distrito, no establece un claro ejemplo de aplicación?”, afirmó el concejal.
Esta denuncia fue acompañada de facturas que se expusieron en medio del Concejo y que demostrarían el sobrecosto de pagos realizados por la alimentación en eventos que incluyen desayunos que van desde $42.120 a $38.029 y bebidas cuyo valor unitario corresponde a $22.785.
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