El 12 de diciembre de 2005 el consorcio Ssumma firmó con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) un polémico contrato por $4.000 millones para estructurar, inventariar y asegurar la calidad de la información de los registros de bienes, relacionados con narcotraficantes, que administra esa entidad. El contrato se ejecutó solamente hasta la mitad y fue liquidado unilateralmente en septiembre de 2009, debido a los incumplimientos del contratista. Hoy que la DNE está en el ojo del huracán por cuenta de la intervención que le hizo el Gobierno por corrupción, esa relación contractual vuelve a ser centro de polémica, esta vez con un protagonista conocido: el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
Resulta que, según la hoja de vida que Moralesrussi presentó al Concejo en 2008, cuando fue elegido por amplia mayoría en esa corporación, el Contralor Distrital laboró como gerente de calidad del proyecto ‘Inventario bienes incautados a nivel nacional’ de la unión temporal Ssumma-Dirección Nacional de Estupefacientes.
En el mismo proyecto también trabajaban Víctor Armella, como asesor legal de Ssumma, y Flaminio Chaparro, socio fundador de la empresa Consulcontaf Ltda., una de las cuatro firmas que conforman ese consorcio. Armella y Chaparro siguieron siendo compañeros de trabajo de Moralesrussi, pero esta vez en la Contraloría: el primero como contralor auxiliar y el segundo como subdirector técnico de la Subdirección de Fiscalización de Hacienda.
Según aseguró el concejal Antonio Sanguino en un debate en el Concejo, Chaparro dejó de ser socio de Consulcontaf el 12 de junio de 2008 y apenas 22 días más tarde fue nombrado en la Contraloría por su amigo Miguel Ángel Moralesrussi.
Consulcontaf, dedicada a las consultorías contables, tributarias y administrativas, ha celebrado contratos con la Secretaría de Salud del Distrito, Corabastos y los hospitales Santa Clara, Bosa Nivel II, Suba y Fontibón. Con este último firmó uno que se inició en agosto de 2007 y terminó en julio de 2008, en el cual aparece como asesor jurídico Moralesrussi, en una época en la que ya había asumido su cargo como Contralor.
Así lo estableció El Espectador, que tuvo acceso a un informe de auditoría de la Contraloría al hospital de Fontibón, que dice lo siguiente respecto al contrato en cuestión con Consulcontaf Ltda.: “Llama la atención que el asesor jurídico en mención es quien asume el cargo de Contralor de Bogotá en febrero de 2008, teniendo como función adelantar el control fiscal a las entidades del Distrito Capital, entre las que se hallan los hospitales... como el Hospital Fontibón”. En concepto del concejal Sanguino, “el Contralor estaba siendo juez y parte”.
La situación se suma a la cadena de líos en los que se ha visto el funcionario, quien ha sido mencionado dentro del escándalo del cartel de la contratación en la ciudad. La polémica a su alrededor generó que la Contraloría General le quitara la potestad de investigar fiscalmente los contratos de movilidad de la capital.
Respecto a su relación con Consulcontaf Ltda., el Contralor dijo este martes en rueda de prensa que “nadie en la ciudad le va a creer a un Concejal, que tiene una obsesión enfermiza por los callos que le he pisado, que yo tenga alguna relación con la mafia. Yo desde 2006 no volví a saber de ese tema”.
‘Si no mejora, que liquiden IDU’
A pocas horas de perder oficialmente la potestad de investigar los contratos de movilidad en la ciudad, luego de que la Contraloría General decidiera ejercer control excepcional al tema a partir de este miércoles, el contralor del Distrito, Miguel Ángel Moralesrussi, ofreció este martes una rueda de prensa en la que hizo un recuento de su gestión. Según el funcionario, desde 2008 ese despacho ha hecho 534 hallazgos, 9 de ellos penales y 90 fiscales. “Hemos sido la única autoridad que ha ejercido un verdadero control fiscal a las obras”, dijo Moralesrussi, quien aseguró que el ex alcalde ‘Lucho’ Garzón no ha debido adjudicar los trabajos de la calle 26. “Las responsabilidades son compartidas”. Acerca del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), afirmó: “Ha habido fallas estructurales en el IDU desde hace 10 años. Si no se revisan, habría que pensar en liquidarlo”.