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Por segundo día consecutivo, las autoridades y manifestantes de la Universidad Nacional sostuvieron un fuerte choque por cuenta de los bloqueos en la vía. El viernes 26 de julio la UNDMO (antiguo ESMAD) tuvo que intervenir, luego de un intento de sabotaje a la movilidad de la calle 26, justo en frente del ingreso a la universidad.
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El incidente se produjo sobre las 4:00 P.M. del viernes, cuando un grupo de manifestantes, como viene siendo costumbre, intento bloquear el carril mixto y de Transmilenio de la calle 26, a la altura de la carrera 33.
De inmediato, un grupo de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad, y normalizadores del tráfico del sistema de transporte público, se acercaron para mediar en la situación e intentar despejar el bloqueo con diálogos. Sin embargo, tras dos horas de conversaciones infructuosas, las autoridades decidieron desplegar la UNDMO para retirar a los manifestantes del carril.
Tras la llegada del personal adscrito a la UNDMO comenzaron los choques entre algunos manifestantes encapuchados y las autoridades. En medio de la confrontación, cinco personas resultadas heridas.
Dos de ellas, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, eran coordinadores de equipos mixtos de diálogo del Distrito y un oficial adscrito a la UNDMO. El herido restante, conforme a la información preliminar, habría sido uno de los manifestantes que participó en el bloqueo.
Con este episodio, la ciudad completó dos días de desmanes y bloqueos alrededor de las instalaciones de la U. Nacional, a pesar de que el recinto normalizó sus actividades tras la elección del nuevo rector. El jueves pasado, cuando ocurrieron los incidentes más álgidos, un grupo de encapuchados intentó incinerar una patrulla de Policía e, incluso, se reportaron disparos por parte de agentes de la Policía que en este momento son materia de investigación.
Protocolos y desmanes
Desde el Distrito, específicamente desde la cartera de seguridad, han sido enfáticos en que la circulación de objetos explosivos y encapuchados debe ser tratada por parte de las autoridades universitarias. Lo anterior, teniendo en cuenta que la institución cuenta con un estatuto de autonomía.
“Lo que vemos es, a todas luces, un acto de defensa. El tema de fondo es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La investigación debe demostrar si el uso del arma por los policías correspondía a una respuesta acorde a la utilización de explosivos, tal y como lo muestra la evidencia. Lo que vemos es que ambas acciones ponen en riesgo, además de la vida de los implicados, la integridad de transeúntes, conductores y estudiantes, entre otros grupos ajenos a la confrontación que se dio en ese momento. En ese sentido, es un hecho que las dos partes realizaron actos peligrosos contra la vida de las demás personas”, afirmó Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, a El Espectador.
Al respecto, la ONG Temblores, a través de un comunicado, mostró su preocupación por “el no cumplimiento de la normativa vigente por la Policía Nacional, específicamente del Decreto 003 de 2021, en el que se prohíbe el porte de armas de fuego en cualquier escenario de protesta social”. Y teniendo en cuenta los antecedentes de uso de armamento letal contra manifestantes por la Policía, tal y como ocurrió en septiembre de 2020, cuando varias personas murieron asesinadas presuntamente por las autoridades, el llamado de la organización es a “que se abran las investigaciones disciplinarias en el Ministerio Público para que se tomen medidas de no repetición”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la universidad aseguró que “en ninguna circunstancia los policías debieron sacar sus armas de dotación. ¿Por qué? Porque se trata de armas altamente letales, que fueron accionadas en un entorno rodeado de civiles y de gente ajena a la confrontación. Además, los policías que dispararon no estaban atendiendo los disturbios y la fuerza encargada de esa tarea, el Undmo, ya estaba al frente de la situación, siguiendo los protocolos establecidos”.
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Por Redacción Bogotá
