Contralor de Bogotá en la mira de la Contraloría General

Óscar Pérez - El Espectador

Foto: OSCAR PEREZ

Por irregularidades en la ejecución de dos contratos de prestación de servicios celbrados entre la Gobernación de Boyacá y  las fundaciones Itedris y Lumiere, en 2015, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad contra el actual contralor distrital distrital de Bogotá, Juan Carlos Granados. 

Para ese año el funcionario fungía como Gobernador de Boyacá, por lo que era su responsabilidad la adjudicación de las dos licitaciones para atender a los estudiantes matriculados en los colegios oficiales del departamento. 

Dentro de los hallazgos que hizo el ente de control se encuentra que el contrato por $5.552 millones no se cumplió a cabalidad ya que no se dio la entrega de materiales como estaba previsto en el acuerdo, y al parecer se hizo entrega de útiles escolares a estudiantes que no estaban registrados dentro del Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat)

Además se encontraron fallas en los registros de los alumnos atendidos en las fundaciones, ya que no coincidían los números de identificación de los estudiantes reportados y los que estaban registrados en las bases de datos. 

En cuanto a los kits escolares que no fueron entregados la Contraloría destaca que se dejaron de entregar 1.839 cuadernos, con lo que se afectó a 613 estudiantes yb representó un detrimento patrimonial de alrededor de $5 millones. 

Por otra parte se evidenció un sobreprecio en los útiles escolares que se entregaron. La Fundación Itedris reportó materiales hasta por el triple de su valor en el mercado. Por ejemplo los lápices que cuestan $338, la Gobernación los pagó a $1.300.

Hallazgos

Para la Contraloría las pérdidas que llegan a los $420 millones para Boyacá son "consecuencia de la falta de seguimiento de parte de la Gobernación", por lo que no es solamente responsabilidad de las fundaciones sino del supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez, la entonces secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón Durán y del gobernador de la época, Juan Carlos Grandos, quien habría desatendido su deber de vigilancia y control.

La investigación se hizo luego de que el ente de control identificó que la fundación Lumiere a través de su representante Carlos Eduardo Sánchez Méndez hizo un subcontrato con Juan Carlos Rodríguez, quien recibió el 7 % del valor total de contrato.