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La Contraloría de Bogotá elaboró un informe en el que advierte que, desde 2020, si bien los presupuestos participativos lograron movilizar a miles de ciudadanos, todavía persisten retrasos en la ejecución de las iniciativas; fallas de coordinación entre entidades, y dificultades para convertir las decisiones de la comunidad en obras concretas.
El informe, elaborado dentro del Plan Anual de Estudios 2026, analizó el funcionamiento del programa entre 2020 y 2025 y encontró que durante ese periodo se registraron 49.836 propuestas ciudadanas, se comprometieron más de 4,5 millones de votos y fueron priorizadas 6.412 iniciativas en las 20 localidades de la ciudad.
No obstante, el organismo de control advierte que aún existe una brecha entre las propuestas que los ciudadanos priorizan y las que finalmente se materializan. Según el estudio, 3.749 iniciativas ya fueron ejecutadas, mientras que 1.193 permanecen en ejecución, 918 siguen en etapa de contratación, 387 aún no han sido ejecutadas y 165 fueron declaradas inviables.
Para la Contraloría, esto evidencia que el fortalecimiento del modelo depende de mejorar la capacidad institucional para ejecutar los proyectos seleccionados por la ciudadanía.
Participación desigual
El análisis también muestra que la participación no ha sido homogénea en toda la ciudad. Suba lideró el número de propuestas presentadas con 8.923, seguida por Bosa (3.588), Ciudad Bolívar (3.412) y Usme (3.256). En materia de votación, Bosa encabezó la participación ciudadana con 611.435 votos, seguida por Engativá (576.362), Suba (574.350) y Ciudad Bolívar (453.766).
En contraste, Sumapaz registró los niveles más bajos tanto en presentación de propuestas como en participación electoral, situación que, según la Contraloría, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación en zonas rurales y de menor densidad poblacional.
Más de COP 892.000 millones comprometidos
El estudio también revisó la destinación de recursos para este mecanismo. Entre 2021 y 2025, Bogotá comprometió COP 892.830 millones para financiar proyectos priorizados por la ciudadanía. Solo en 2025 la inversión alcanzó COP 332.596 millones, más del doble del promedio registrado en años anteriores.
Kennedy concentró la mayor inversión durante el periodo, con COP 112.172 millones, seguida por Ciudad Bolívar (COP 88.147 millones), Rafael Uribe Uribe (COP 84.065 millones) y Suba (COP 83.701 millones).
Fallas institucionales
Más allá de las cifras, la Contraloría concluye que persisten problemas estructurales que afectan la ejecución del programa.
Entre ellos señala debilidades en la coordinación entre la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), lo que ha generado duplicidad de funciones, procesos fragmentados y dificultades para hacer seguimiento a las iniciativas.
También advierte falencias en la asistencia técnica brindada a la ciudadanía durante la formulación de propuestas, lo que provoca que algunas iniciativas sean modificadas, declaradas inviables o enfrenten obstáculos para su ejecución una vez reciben el respaldo ciudadano.
A ello se suma que, según el organismo de control, la información sobre el proceso no siempre llega de manera clara y oportuna a todos los sectores de la población, situación que limita la participación de jóvenes, habitantes de zonas rurales y personas con menor acceso a herramientas digitales.
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Hallazgos fiscales
El estudio también recopiló los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría entre 2021 y 2025.
Durante el PAD 2022 se identificaron 212 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tuvieron incidencia fiscal, por un presunto detrimento patrimonial de COP 1.185 millones.
Los casos se concentraron principalmente en los Fondos de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Engativá y Suba, relacionados con deficiencias en la planeación contractual, fallas en la supervisión de obras y pagos que no cumplían completamente los requisitos establecidos.
Pese a ello, la Contraloría reportó beneficios del control fiscal por COP 240,2 millones, producto de recuperaciones de recursos y correcciones realizadas por las entidades auditadas.
Como conclusión, el organismo señala que los presupuestos participativos han fortalecido la participación ciudadana en Bogotá, pero advierte que su legitimidad dependerá de que las decisiones tomadas por la comunidad se traduzcan en proyectos ejecutados de manera oportuna, transparente y con un impacto real en los territorios.
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Por Redacción Bogotá
