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Bogotá y los municipios de la Sabana están incumpliendo la sentencia del río Bogotá que ordena la descontaminación y recuperación del río Bogotá. Así lo concluye un informe de la Contraloría distrital que evalúa los avances en el cumplimiento de la orden que recibieron 72 entidades que deben trabajar para recuperar el río mediante medidas como el control de vertimientos de aguas residuales, la regulación de las prácticas agropecuarias y el control de las basuras que se tiran al afluente.
La cuenca media del río Bogotá tiene un recorrido de 90 kilómetros, la mayoría de estos contaminados por acciones generadas en la capital. Por eso, de 154 órdenes emitidas en la sentencia, Bogotá tiene injerencia en 46, que son atendidas por las secretarías de Ambiente y Hacienda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Empresa Generadora de Energía- Emgesa, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Tras seis auditorías hechas entre 2014 y 2018, la Contraloría de Bogotá determinó que el proceso de descontaminación del río Bogotá representa hallazgos fiscales por un valor que supera los $326.986 millones y hallazgos disciplinarios que investigará la Personería de Bogotá. De igual forma, el ente de control determinó que varios apartados de la sentencia no han sido materializados por completo, especialmente lo relacionado con las obras de construcción de la estación elevadora y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Canoas.
La PTAR Canoas es el proyecto con el que se pretende recibir y tratar las aguas residuales de las cuencas Fucha, Tunjuelo y del municipio de Soacha, lo que representa el 70 % de las aguas residuales producidas por Bogotá y el 100% de las aguas residuales provenientes del municipio de Soacha. Sin embargo, la Contraloría detalló 21 falencias con el proyecto que cuenta con una inversión de $4,5 billones y cuya primera fase se debe entregar en 2023 y la totalidad, en 2026. Los principales reparos sobre el proyecto tienen que ver con fallas en los planos, diseños, cronograma, área del proyecto y de influencia, socialización, entre otras dudas.
La Contraloría también tiene dudas sobre la ampliacion y optimizacion de la PTAR Salitre, proyecto en ejecución por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), de gran importancia porque cuando esté en marcha ses espera que evite la llegada al río Bogotá de unas 450 toneladas de basura cada mes.
Sin embargo, para el ente de control no son claros el plan para la disposición y el manejo de lodos a mediano y largo plazo y afirma que tampoco hay claridad sobre la vida útil de los predios dispuestos para tal fin y las alternativas para el tratamiento de lodos. Para la entidad, las dudas sobre este proyecto son aún más preocupantes ya que su fase II entra en operación en septiembre de este año.
Por otra parte está la problemática de la calidad del agua del río Bogotá. Al respecto, la Contraloría concluye que “los resultados obtenidos de los indicadores, en términos de la cantidad y calidad del agua vertida al río por Bogotá, evidencian en síntesis que durante los últimos cuatro años, los cuatro afluentes no han mejorado su calidad hídrica, por el contrario están condenados a caer vertiginosamente en su nivel de calidad hídrica, situación que con lleva a definir que las acciones implementadas para mitigar y restablecerlos atributos a estos afluentes carecen de oportunidad, eficiencia y efectividad”.