Contraloría General confirmó fallo contra la Uaesp

Archivo El Espectador

La Contraloría General de la Nación reatifico el fallo de responsabilidad fiscal contra la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), cuatro concesionarios de aseo, una fiducia y nueve exfuncionarios de la entidad pública por irregularidades en contratos celebrados entre el 2008 y 2011. 

De acuerdo con el ente de control, hubo un detrimento patrimonial de $47.425 millones por manejos irregulares de recursos de las tarifas de aseo, por parte de los funcionarios de la Uaesp Fabiola Ramos, Miriam Margoth Martínez, Victoria Eugenia Virviescas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca, Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco Gómez.

Así mismo, responsabilizó a los operadores Atesa, Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia, que administraron los recursos públicos a través de esquema de fideicomiso con la Fiduciaria Bancolombia S.A. manejados a través de la denominada Bolsa General del esquema de Aseo de Bogotá".

La Contraloría concluyó que lo recaudado en la tarifa de aseo debe ser para actividades propias de la prestación de este servicio y no se pueden duplicar ni utilizar en otros gastos. En este caso se utilizaron los ingresos "para pagar a más de 300 contratistas vinculados a la Uaesp, durante la Alcaldía de Samuel Moreno, por un valor total indexado de $47.425 millones de pesos".

Algunos contratos irregulares tuvieron como propósito realizar actividades como cerramiento y compra de predios, que eran gastos propios que debía asumir el operador del relleno Doña Juana.

Otros contratos financiaron gastos de cafetería, equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas para los contratistas de la UAESP, lo cual claramente no guarda ninguna relación con la prestación directa del servicio de aseo que pagan los usuarios de Bogotá con las tarifas.

Un contrato estaba relacionado con las actividades de cementerio a cargo de la UAESP, que tampoco guarda relación con el servicio de aseo. Y varios de los contratos investigados financiaron gastos de asesoría legal para preparar las licitaciones públicas siguientes, que la Corte Constitucional ordenó suspender en el año 2011 debido a que no incorporaban de manera apropiada a la población recicladora en el esquema de prestación del servicio de aseo.

Además de esto, el ente de control encontró que hubo contratos irregulares como el cerramiento y compra de predios, actividades que debió realizar el operador de Doña Juana. Así mismo se hicieron gastos de cafeteria, equipos de computación, arrendamientos, transporte de contratistas de la Uaesp y hasta de los servicios de un cementerio, gastos que debió cubrir dicha entidad. 

Finalmente, el contralor General Edgardo Maya ratificó el fallo en primera instancia proferido por el Contralor Delegado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,  Javier Eduardo Noguera, el pasado 10 de agosto y solicitó a los implicados reintegrar los recursos involucrados por $47.425 millones.