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La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar por el complejo Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, debido a que parte de sus espacios y equipamientos permanece sin uso, empolvándose pese a que la infraestructura está terminada y pagada. Advierte la entidad que el proyecto costó COP 74.216 millones y reúne una Casa de Justicia, una Unidad de Reacción Inmediata (URI), un Centro de Atención Especializada (CAE), un CAI y un salón múltiple.
La revisión busca establecer cuáles áreas no están prestando el servicio previsto, el por qué de esa circunstancia, desde cuándo permanecen en esa condición, cuál es su estado y cuánto dinero se destinó a su construcción, desarrollo y mantenimiento. Con dicho panorama en frente, si se determina que hay infraestructura pagada que no cumple su función, la Contraloría evaluará si se produjo un posible daño al patrimonio público. Por ahora, la apertura de la indagación no establece que ese daño exista ni atribuye responsabilidades.
Cabe recordar que el proyecto se ejecutó mediante un contrato interadministrativo firmado en 2018 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Findeter. La situación de Campo Verde no es nueva en el radar del organismo de control: auditorías realizadas entre 2022 y 2024 ya habían advertido problemas de planeación, contratación y espacios sin uso. Hoy, ocho años después del contrato, el complejo sigue sin cumplir sus funciones a cabalidad.
La Contraloría no precisó cuáles áreas permanecen cerradas ni desde cuándo, dos datos que serán relevantes para establecer por qué una infraestructura de ese costo no está operando en su totalidad.
Centro de reclusión: la obra sigue con retrasos
La revisión también abarcó la segunda fase del Centro Especial de Reclusión (CER), un proyecto con una inversión superior a COP 21.586 millones, destinado a ampliar la capacidad de la ciudad para atender a personas privadas de la libertad.
Al 31 de agosto de 2026, la obra registraba un avance del 88,2 %, por debajo del 96 % que debía alcanzar según el cronograma. El proyecto ha tenido adiciones, ampliaciones de plazo, suspensiones y prórrogas. Entre los problemas que saltan a la vista figuran dificultades con los estudios, los diseños y otros trámites.
La Contraloría adelanta una actuación especial de fiscalización para revisar las adiciones presupuestales, las deficiencias en los estudios y diseños y el costo de la permanencia adicional de la interventoría. El propósito es establecer si esas situaciones tuvieron efectos sobre los recursos públicos. La entidad no informó una nueva fecha de entrega.
Más de mil cámaras de Bogotá están fuera de servicio
Por otro lado, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), también fue objeto de visita y verificaciones por parte de la Contraloría distrital, particularmente en lo relacionado con el sistema de videovigilancia de la ciudad.
Subraya la entidad de control que la Secretaría de Seguridad reportó 5.824 cámaras de su propiedad. Para calcular su disponibilidad, excluyó los equipos afectados por obras, siniestros y obsolescencia, con lo que la base de cálculo quedó en 5.294 dispositivos. De estos, 4.180 funcionan y 1.114 están fuera de servicio.
Es decir: cerca del 21 % de las cámaras incluidas en ese universo de referencia no opera. La Contraloría revisa las causas de las fallas, el mantenimiento, los tiempos de recuperación y la reposición de los equipos, además de las gestiones para restablecer el servicio.
Las tres revisiones apuntan a problemas persistentes en la ejecución de proyectos y el cumplimiento de cronogramas: espacios terminados que siguen sin prestar servicio, retrasos en una obra llamada a ampliar la capacidad carcelaria de Bogotá y más de mil cámaras de videovigilancia fuera de servicio. La Contraloría busca establecer si estas fallas comprometieron recursos públicos, mientras la revisión fiscal pone bajo escrutinio tanto el uso de la inversión como la vigilancia sobre obras y equipos que deberían estar al servicio de la seguridad y la justicia en la ciudad.
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