Bogotá

21 Aug 2013 - 10:27 a. m.

Contratista a cargo de socialización del SITP dice que recursos no fueron mal invertidos

La Contraloría de Bogotá cuestionó el contrato y advirtió detrimento patrimonial superior a los $5.600 millones.

Paula Castillo Lenis/Elespectador.com

Luego de que El Espectador revelara un informe de auditoría realizado por la Contraloría de Bogotá a Transmilenio en donde se advierte un detrimento patrimonial por más de $5.600 millones relacionados con un contrato para socializar el Sistema Integrado de Transporte Público, el contratista a cargo del proceso se pronunció y afirmó que los recursos no fueron mal invertidos.

El ente de control cuestionó el contrato No. 039 de 2012, celebrado el 3 de mayo de 2012 entre Transmilenio S.A. y el contratista Servicios Legales y Financieros Serlefin S.A. Outsourcing de Servicios Bancarios y de Negocios.

Para la Contraloría, dicha contratación no cumplió el objetivo; sin embargo, el contratista asegura que sí se cumplió con el objeto del contrato que consistió en prestar servicios de atención al usuario en el SITP mediante la modalidad de outsourcing, incluyendo la provisión, capacitación y administración del personal.

En este sentido, Juan Carlos Zabala, presidente Ejecutivo de Serlefin, señaló que no es cierto que el contrato tuviera relación con la cultura ciudadana. “Nunca tuvo como objeto desarrollar la estrategia global de publicidad, promoción o pedagogía del SITP. Desarrolló el servicio personalizado de orientación en la vía a los usuarios del sistema, actividad que se cumplió a cabalidad”.

Al respecto, aseguraron que, a diferencia de lo que dice la Contraloría, las tareas del contrato se cumplieron a cabalidad. “Durante el desarrollo de los seis meses del contrato se atendió a más de cinco millones de ciudadanos que acudieron a nuestros orientadores para aclarar las dudas sobre el funcionamiento del sistema”.

Sin embargo, la Contraloría asegura que el contrato no cumplió con los principios de la contratación estatal y se vio vulnerado el interés público, la eficacia, la planeación y la responsabilidad.

El organismo de control considera que la celebración del contrato constituye un detrimento al patrimonio público distrital por “los deficientes y escasos resultados en los objetivos de promoción, pedagogía, orientación, socialización e información al usuario en el Sistema Integrado de Transporte Público”.
 

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