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La queja que revela cómo Sutec, miembro del consorcio Movilidad Futura 2050, radicó documentos, al parecer, con firmas y datos alterados para ganar el contrato por $173.000 millones para modernizar la red de semáforos de Bogotá, llevó a las empresas perdedoras a radicar una denuncia penal por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Mientras las quejas crecen, la empresa cuestionada dice que avanza en la elaboración del cronograma para ejecutar el contrato.
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A través de un oficio enviado al fiscal general y un documento radicado en la sala de asignaciones, firmado por la abogada Paula Cadavid Londoño en representación del Consorcio Kapsch SSI Bogotá, se le solicita al ente acusador tomar las medidas para garantizar que se respeten los derechos de los proponentes que participaron en el multimillonario proceso. El documento hace un recuento de los tropiezos en la licitación, enfatiza las advertencias que hizo la Procuraduría sobre posibles anomalías y retomó datos de la reciente denuncia de El Espectador.
“La licitación se abrió el 30 de agosto y, en vista de las múltiples observaciones, hubo tres adendas, en las que se modificaron aspectos técnicos, financieros y de procedimiento del pliego de condiciones. La Procuraduría solicitó el 3 de octubre la suspensión hasta que no se aclararan las inquietudes de esta entidad. Ese mismo día la Secretaría suspendió el proceso hasta el 31 de octubre y luego amplió hasta el 15 de noviembre.
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El proceso se retomó el 16 de noviembre y se presentaron la unión temporal (UT) Tráfico Bogotá; la UT Smart Signal; el consorcio Kapsch SSI Bogotá; la UT Transbogotá; la UT Ty-Cross Bogotá, y el Consorcio Movilidad Futura 2050. El 22 de diciembre se dio inicio a la audiencia de adjudicación y, finalmente, a pesar de los reparos del ente disciplinario, el Distrito adjudicó el contrato el 27 de diciembre”, resume el documento.
La denunciante le recuerda a la Fiscalía que desde un comienzo la Procuraduría expresó dudas sobre la estructuración del proceso y que pidió al Distrito revocar el trámite de selección “antes de recibir las propuestas de los oferentes”. Semanas después, la misma autoridad solicitó suspender el proceso hasta que se aclararan las inquietudes y, finalmente, tras la adjudicación abrió investigación disciplinaria en contra del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y otros funcionarios del Distrito.
Verificaron datos
“El motivo de la presente es manifestar nuestra preocupación por lo que ocurrió en la licitación, que llevó a la suscripción del contrato de semáforos, teniendo en cuenta que, como participantes, nos vimos afectados con los hechos que han sido denunciados a la opinión pública y que demuestran que el consorcio Movilidad Futura 2050 supuestamente presentó documentación alterada o falsificada con miras a obtener la adjudicación de la licitación”, dice la denuncia.
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El documento se refiere a las evidencias publicadas por este diario el 20 de marzo sobre las posibles inconsistencias en los estados financieros que la firma Sutec S.A. radicó ante las autoridades argentinas y colombianas. La abogada Cadavid resalta que funcionarios del consorcio que representa le pidieron una copia de los balances de dicha empresa a la Inspección General de Justicia (IGJ), entidad que fiscaliza las sociedades por acciones en Argentina.
Luego de verificar los datos, agrega la denunciante, llegaron a la misma conclusión al corroborar que la empresa, al parecer, incurrió en falsedad en documento público en Colombia. Por esta razón, insiste, el contrato se adjudicó con base en información que no sería veraz. “Eso sería argumento suficiente para que la Secretaría de Movilidad demandara el acto de adjudicación, solicitando al juez su suspensión provisional y, consecuentemente, diera por terminado el contrato”.
En relación con todo lo anterior, dice: “Nos preocupa que una denuncia de esta magnitud no ha producido ningún efecto y no se ha realizado pronunciamiento alguno encaminado a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”. Y concluye: “Estos aparentes hechos delictivos constituyen medios fraudulentos que, para el caso en particular, tuvieron la capacidad de inducir en error a la Secretaría de Movilidad en la licitación”.
Terminan la carta señalando que las embajadas de los países a los que pertenecían varias de las empresas interesadas en el contrato se encuentran enteradas e iniciarán trámites ante la Cancillería colombiana, “orientados a proteger los intereses de las compañías que están siendo perjudicadas por la obtención ilegal de contratos por parte del Consorcio Movilidad Futura 2050”.
Elaborando el cronograma: Sutec
El ingeniero electrónico Jaime Criales, quien ocupa el cargo de director técnico de Sutec, fue nombrado por el Consorcio Movilidad Futura 2050 como el encargado de ejecutar el contrato de renovación semafórica en Bogotá. Al consultarlo sobre la denuncia, dijo que conoce pocos detalles, ya que su nombramiento fue la misma semana en que se presentó la queja ante la Secretaría de Movilidad.
“Me estoy empapando. Aunque tengo claro que las directivas están preparando la respuesta a la Secretaría de Movilidad. Por ahora, sigo organizando todos los detalles del cronograma de implementación del nuevo sistema. Lo único que sé es que hay una carta que escribió un veedor, quien niega ser el autor de dicha denuncia. Eso nos parece grave en medio de todo esto. No obstante, hasta donde sé, tenemos respuesta a todas las dudas alrededor del proceso”, concluyó.
Por su parte, la secretaría de Movilidad, a la pregunta sobre la denuncia penal y el avance de las indagaciones internas alrededor del contrato, manifestó que el área jurídica no conoce nada el proceso en Fiscalía y que aún no se pronunciará sobre el tema. Lo que sí confirmó fue que el pasado viernes adjudicó el contrato de interventoría, a la empresa que se encargará de vigilar la ejecución de las obras.