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Atender la emergencia por el COVID-19 en Bogotá cuesta, y mucho. A las ayudas para poblaciones vulnerables y los servicios de salud, se suman otros valores asociados a la estrategia que apunta a alistar la ciudad en caso de que la cantidad de contagios se salga de control. Parte de ese plan es el hospital provisional que vienen adaptando en los pabellones de Corferias donde, inicialmente, se instalarán 2.000 camas que se usarán en caso de que todo el sistema de salud se deba usar para el manejo de la pandemia.
Solo esa parte del proyecto permite dimensionar las inversiones. Poner a funcionar el centro asistencial costaría alrededor de $200.000 millones, como lo hizo público la alcaldesa Claudia López. La idea de convertir el escenario en hospital surgió a mediados de marzo, cuando las directivas de Corferias ofrecieron sus instalaciones, tras obtener el visto bueno de la junta. En su momento dijeron: “Hace dos semanas la Cámara de Comercio, Corferias y el Gobierno trabajan en un plan para ampliar la capacidad hospitalaria del país”.
La idea fue bien recibida por diferentes sectores, pues según la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) en el país hay 5.300 camas de cuidados intensivos, pero solo 750 de ellas están adecuadas para pacientes de gravedad. Sin embargo, en medio de las proyecciones previas para la puesta en marcha de esta estrategia, hubo un ítem que en principio generó inquietud: pese a que Corferias anunció que ponían a disposición el recinto “para contribuir a los esfuerzos contra el COVID-19”, en los cálculos tentativos se presupuestó un pago de arrendamiento.
Al menos, así quedó en una presentación que se expuso el 30 de marzo, en reunión extraordinaria del Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud, en la que no solo mostraron cómo estarían ubicadas las camas en cada pabellón, sino las cifras preliminares del proyecto en la fase III para afrontar el COVID-19 en la ciudad. Allí incluyeron detalles de lo que eventualmente costaría el montaje, discrimando costos de inversión por $24.000 millones y costos de operación, por $161.000 millones.
En detalle, la operación incluía mano de obra asistencial y administrativa ($73.219 millones); la operación de las 2.000 camas ($80.959 millones), el descanso y la alimentación de los equipos de salud ($6.630 millones), y $15.983 millones para imprevistos. La inversión contemplaba, además, $6.500 millones para arrendar dotación, $3.104 millones para comprar dotación, $2.500 millones para el montaje y $11.100 millones por arrendamiento, con un canon mensual de $3.700 millones.
Tras la presentación, el punto del arrendamiento fue algo que generó dudas entre altos funcionarios de la Administración, razón por la cual desde el comienzo fueron claros en decir que asumirían los costos de adecuación de los pabellones, dotación y servicios públicos, pero que no pagarían alquiler. A partir de este punto se empezó a estructurar el contrato entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Corferias
A pesar de que en las proyecciones tentativas presentadas en el consejo extraordinario se mencionó que el arrendamiento y la adecuación sumaban $13.600 millones, al final se firmó un contrato de prestación de servicios cuyo objeto fue “la realización logística, producción, montaje, desmontaje, adecuaciones, instalaciones y disposición de la infraestructura necesaria para la ampliación de la red hospitalaria del Distrito Capital, de acuerdo con las necesidades de la subred Centro Oriente con ocasión de la pandemia COVID-19”.
En el contrato se concertó por tres meses y un valor de $5.076 millones, en el que discrimina que el montaje costaría $3.176 millones; el alquiler de baños y duchas portátiles, $762 millones, y los servicios públicos, $1.141 millones. Ante la controversia que suscitó el supuesto cobro de arrendamiento, Corferias reiteró que en el convenio no se está cobrando este concepto y que los costos corresponden al montaje en más de 50.000 metros cuadrados, que fueron necesarios para adecuar la infraestructura para el centro hospitalario transitorio.
Incluso advierte que, la cláusula 27 del contrato expresamente señala: “Las partes reconocen que en virtud del presente contrato la Subred no está pagando ningún valor por la destinación de su infraestructura, instalaciones y personal mínimo requerido para permitir la apertura del recinto ferial de Corferias y la puesta en operación de la infraestructura hospitalaria objeto del presente contrato”.
No obstante, el parágrafo es más amplio y a renglón seguido indica: “El valor no cobrado, de no llegarse a obtener cofinanciación de otras entidades públicas o privadas, este valor podrá entenderse como una donación por parte de Corferias y, en caso de requerirlo, la Subred procederá a expedir la correspondiente certificación en cumplimiento de los requisitos legales respectivos”. Es decir, de no conseguir quién asuma lo que se dejó de cobrar por arrendamiento, el Distrito lo tendrá que certificar como una donación. En el contrato no queda claro cuál sería el valor de la donación a certificar.
Corferias concluye en su comunicado: “Seguimos trabajando por este proyecto, en el que creemos firmemente y al cual le hemos cumplido al disponer el recinto sin costo de suelo, a fin de atender esta emergencia. Para hacer sostenible su desarrollo estamos consiguiendo recursos adicionales que nos permitan cofinanciar el proyecto”, concluye la entidad.
Por ahora, como lo dijo la alcaldesa Claudia López, este proyecto avanza y se espera tener listas para esta semana las primeras 200 camas. “Cabe destacar que los pacientes ingresarán al centro de eventos cuando los hospitales públicos y privados consideren necesario el traslado de estos usuarios (...) La ampliación de la capacidad se implementará teniendo en cuenta el número de contagiados y la velocidad de propagación del virus”, puntualizó.
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