El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre las críticas y el llamado a una movilización ciudadana, a través de firmas, convocado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante el proyecto ley que presentaría el Gobierno Nacional para reformar la política carcelaria y penal del país.
De acuerdo con López, este proyecto, de ser aprobado por el congreso, dejaría en libertad a 6.895 personas privadas de libertad en la capital del país. Sin embargo, el ministro aseguró que estas cifras no corresponden a lo que se propone.
“La presentación realizada por la alcaldesa no corresponde con la realidad, no sabemos de donde saco esas cifras. Reconozco el valor de la alcaldesa, pero no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación y para que aquellos que cometen un crimen, no lo repitan”, aseveró el ministro a W Radio.
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Y agregó: “Todo debate democrático es bienvenido, yo prefiero los debates conde deliberación sobre los contenidos de las normas, con suficiente información, sobre lo que realmente es.”
Ante esto la alcaldesa Claudia López indicó que las cifras expuestas públicamente provienen de bases de datos del Gobierno Nacional, y para el caso de Bogotá, estima que de los 17 mil presos en Bogotá cerca del 7 mil podría verse beneficiado por este proyecto.
“Con esta ley se pretendería excarcelar a los pocos delincuentes que hemos podido poner tras las rejas. Solamente dos de cada diez delincuentes terminan judicializados, ocho quedan impunes y nos van a decir que ahora que los van a sacar impunemente”, indicó la alcaldesa de Bogotá.
Una de las principales motivaciones del proyecto, según indicó Osuna, es lograr el disminuir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención transitorios, a través de procesos de reparación aprobados por un juez, que puede resultar en la reducción de penas.
“Un proyecto penal nunca va a evitar los crímenes en un país, pero nuestro objetivo es buscar cambiar las cosas, hacerlas más eficientes a través de procesos de justicia restaurativa. No es cierto que se aprueba el proyecto y se abren las puertas de las cárceles”, indicó el ministro de Justicia.
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En los últimos días, el problema del hacinamiento carcelario en Bogotá, que supera el 250%, fue alertado por la Procuraduría y la Personería de Bogotá. Los entes de control advirtieron a la administración distrital que no se han emprendido las acciones necesarias para mejorar esta situación, que de acuerdo con las altas cortes del país constituye un estado de cosas inconstitucional por la violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Ante esto, la alcaldesa de Bogotá se defendió asegurando que se trata de un problema nacional y no Distrital. En ese sentido, aseguró estar hace tres años a la espera de la aprobación de una nueva cárcel en la ciudad, que no ha sido aprobada en el Congreso de la República.
“Esta alcaldía construyó una infraestructura carcelaria en 20 meses con este fin en Puente Aranda, porque la fórmula del gobierno anterior fue dejar de recibir los presos en las cárceles, dejarlos en las URI, y ahora la fórmula del actual gobierno es sacarlos a las calles”, indicó la mandataria a medios de comunicación.
A lo cual agregó: “En esto hay que invertir, no echar carreta”.
Por el momento, se está a la espera de que el proyecto sea formalmente presentado ante el Congreso, en donde continuará la discusión de uno de los proyectos bandera del Gobierno Nacional.
En contexto: Claudia López convoca a “masiva movilización ciudadana contra la impunidad”
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