Crímenes contra niños: muchas denuncias y pocas condenas

Aunque unos insisten en aprobar la cadena perpetua, otros creen que solo es necesario que la justicia opere bien. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En 2008, en Chía, Luis Orlando Pelayo ordenó el secuestro y el asesinato de su hijo Luis Santiago, de un año. En 2014, en Ciudad Bolívar, María Eugenia García llevó a su hijo Johan Sebastián Rugeles, de 7 años, a un potrero para que su otro hijo, de 23, lo ahorcara. En 2015, en Florencia (Caquetá), unos sicarios mataron a los hermanos Vanegas Grimaldo (de 4, 10, 14 y 17 años). A comienzos de este año, en Villeta, Israel Rodríguez violó y le quitó la vida a Hellen Gordillo, de 9 años, porque la abuela de la niña le cobro en público una deuda. La lista de tragedias sigue…

Hoy la indignación, el repudio y la rabia se enfocan en el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de la pequeña Yuliana Andrea Samboní, de 7 años. El dolor de su familia, que hoy le dará el último adiós en El Tambo (Cauca), es el mismo que a diario sufren 2,5 familias en el país, que pierden sus niños a manos de la violencia. Es el drama de 52 familias que a diario llevan sus niños a Medicina Legal tras un abuso sexual. Sin embargo, muchos de los crímenes se mantienen en el anonimato y, de paso, un gran número, en la impunidad. (LEA:El retorno de Yuliana Samboní a la tierra que la vio nacer)

Y aunque se resalta que en todos los casos que se hicieron públicos las investigaciones llegaron a un responsable y hubo justicia, para Alcira Granada, directora de incidencia política de la organización Save the Children, son hechos excepcionales, pues al cruzar datos de denuncias con condenas, el porcentaje de justicia es mínimo. :(LEA: 'Si los jueces aplican la norma, no se necesita la cadena perpetua') 

Las cifras de delitos contra menores de edad son dicientes: cada 9 horas asesinan a un niño, niña o adolescente en el país; cada 25 minutos llega uno a Medicina Legal, víctima de un delito sexual, y cada 50 minutos, otro denunciando violencia intrafamiliar. En 2015, por ejemplo, de los 12.193 asesinatos en el país, 917 víctimas fueron menores de edad (1 por cada 75 casos). La mayoría siguen impunes. Algo similar ocurre con los delitos sexuales. Según el Forensis, de los 22.155 casos de posible abuso conocidos el año pasado, 16.641 víctimas fueron menores de 14 años y de estos, 8.039 fueron menores de 9. Con un dato más alarmante: solo 3 de cada 10 llegan a Medicina Legal.

Las cifras

Conocer a ciencia cierta los indicadores de impunidad es difícil, ya que la Rama Judicial y la Fiscalía perdieron hace años la costumbre de hacer públicas sus estadísticas. Además, tampoco han respondido las peticiones de las organizaciones defensoras de la niñez al respecto. Sin embargo, con lo que tienen en los portales web, al menos se pueden tener promedios.

Por ejemplo, al conocer la cantidad de investigaciones abiertas por la Fiscalía en 2014 (última publicada y discriminada), se encuentra que, a pesar de que Medicina Legal ese año reportó 15.746 valoraciones a menores de 14 años por delitos sexuales (75 % de los reportados en el país), al CTI le asignaron 2.000 indagaciones y los fiscales, por su parte, tenían 827 casos en investigación y 1.233 en juicio (muchos de años anteriores). Es decir, al año 15 de cada 100 casos pasan a investigaciones formales.

Al revisar los datos de los juzgados, la situación preocupa más. Según cifras de la Rama Judicial de 2011 (últimas publicadas y discriminadas), se evidencia que a pesar de que ese año se reportaron 17.032 casos de posibles delitos sexuales contra menores de 14 años, los jueces solo emitieron 335 condenas, todas por preacuerdo. Aunque las leyes prevén penas severas, el panorama es que solo en 3 de cada 100 casos hubo justicia.

Lo peor en medio de este panorama de datos es que el peligro para los niños sigue entrando por la puerta de su casa, pues en 43 de cada 100 casos el victimario es un familiar; en 26 de cada 100, es un conocido, y en 10 de cada 100, es un amigo. Solo en 7 de cada 100, el agresor es un desconocido.

Al consultar a Mariano Ospina, fiscal especializado, sobre el papel del ente acusador en este tipo de proceso, señala que como la mayoría son delitos de intimidad, los funcionarios tienen una gran dificultad para recoger las pruebas.

Por su parte, el abogado penalista Fabio Humar va más allá y explica que todo se resume en que las denuncias han aumentado 300 % en los últimos 20 años, pero la oferta del servicio de justicia (más jueces, más tribunales, más fiscales) se quedó estancada, ya que apenas creció 18 %. “Eso es lo que genera un desfase entre la avalancha de denuncias y la poca respuesta”.

Agrega que esto no solo afecta las investigaciones por crímenes contra niños, sino que se refleja en otros casos como el de Interbolsa, en el que esta semana quedaron libres varios implicados por vencimiento de términos; el de Samuel Moreno, en el que solo hay una condena, o el de los falsos positivos, en los que hay mucho por investigar.

“Para un crimen como el de Yuliana, la cosa es igual. Sin embargo, como hay un mayor clamor de justicia, eso garantiza especial atención y más eficiencia judicial. Sin embargo, la situación el sistema sigue con lentitud, paros, vencimiento de términos, etc. La semana pasada se condenó a Maza Márquez por el crimen de Luis Carlos Galán, casi 30 años después... eso no es justo, ni es justicia”, concluyó.

Falta más compromiso

Alcira Granada tiene su teoría: Todos los sectores han sido insensibles frente a los delitos contra los niños y no han asumido un compromiso para que se cumpla el Código de Infancia. “Tenemos que pensar en la necesidad real de que el sistema judicial actúe con celeridad y respetando la dignidad de los niños, pues a pesar de que la ley dice que se debe creer en las palabras de ellos, por lo general no está ocurriendo, pues los jueces, en muchas ocasiones, sopesan más los derechos de los victimarios que los derechos de los niños. Hoy la mayoría de los delitos contra la niñez quedan sin una investigación seria, una captura y un juicio”, agrega.

Fuera de que la ley obliga a dar prioridad a los casos en contra de los niños, también hay normas para imponer condenas de más de 50 años, que si los agresores pagaran completas en prisión, podrían considerarse casi cadena perpetua.

“La justicia no solo debe penalizar, debe disuadir. Sin embargo, como en los casos de violencia contra la niñez raramente pasa algo, el verdadero miedo de los agresores no radica en que la justicia obre como debe hacerlo, sino en que el caso se convierta en noticia, porque de manera inmediata, como lo exige la ley, la justicia sí actúa, tiene pruebas y condena. Por eso, mientras no haya justicia que actúe teniendo en cuenta el interés superior de la niñez, seguiremos viendo a la ciudadanía tratando de presionar para se que garanticen los derechos de los niños”.