Cruz Roja y el mal negocio de contratar con la Alcaldía de Bogotá

La Fiscalía investiga el contrato entre el IDIGER y la Cruz Roja para instalar 15 albergues en la ciudad, al comienzo del aislamiento por la pandemia.

Foto: Alcaldía de Bogotá

La formulación de imputación contra Guillermo Escobar, director del Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá (IDIGER), por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pone de nuevo la mira en la Cruz Roja seccional Bogotá, que fue la entidad a la que le adjudicaron el contrato cuestionado y la misma inmiscuida en otro contrato investigado, como el de la distribución de mercados a familias vulnerables.

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A pesar de esto, el organismo humanitario se mantiene en que nada tiene que ver con las posibles irregularidades precontractuales investigadas por el ente acusador (en la que dicen, no tuvieron injerencia) y que este caso, más que beneficios, ha representado un enorme golpe reputacional para la entidad y financiero. Agregan, que contratar con el Distrito resultó un pésimo negocio, al punto de que proyectos como el de abrir una nueva central de urgencias, un albergue para migrantes y su renovación tecnológica, quedaron en veremos. Sus pérdidas, dicen, podrían sumar casi $1.000 millones.

Erika Cardona, directora de asuntos humanitarios de la Cruz Roja, así lo explica, quien menciona el proceso que se surtió alrededor del contrato que hoy tiene en líos judiciales al director del IDIGER. “Los contratos en el marco de emergencia todos son objeto de investigación. El contrato por el que procesan al funcionario está relacionado con la instalación de alojamientos temporales en el primer mes de aislamiento de la pandemia. El Distrito nos hizo una invitación directa, por nuestra experiencia en estas estrategias en el país. Nos pidieron una propuesta y se la presentamos”.

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No obstante, agrega Cardona, que en una reunión en la que participaron el IDIGER y las secretarías de Integración Social y Salud, fueron claros sobre las opciones. “La petición se hizo al comienzo de la pandemia, como una opción para personas en condición de calle o personas que quedaran sin techo, como los expulsados de los pagadiarios o víctimas de violencia de género. Les explicamos el tema del alojamiento temporal y aclaramos que era una estrategia costosa. Por eso sugerimos de otros mecanismos, como la entrega de auxilios de arrendamiento, que se usa en el marco de cualquier crisis humanitaria”.

Dificultades

La administración se mantuvo en su idea de instalar 15 alojamientos temporales. La Cruz Roja radicó la propuesta a Miguel Barriga, director territorial, y la subsecretaria Constanza Gómez, de Integración Social, pero a la hora de empezar la ejecución, hubo dificultades. “Por un lado, al ver los censos, ya no eran los que requerían atención. Y por el otro, aunque nos indicaron los puntos donde querían ubicar los albergues, esos sitios nunca fueron concertados con la comunidad, por lo que hubo problemas. Los vecinos estaban muy asustados, pues creían que eran para llevar contagiados y lo sentían como un riesgo inminente”, agregó la directiva de la Cruz Roja.

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Aunque el organismo adelantó toda la logística y la compra de elementos para la instalación de los 15 albergues, al final solo pudieron poner en operación dos: uno en Lourdes CVC y otro en el polideportivo El Tunal, con una ocupación muy mínima. El resto no se pudieron instalar. “Participamos, porque la prioridad de la Cruz Roja es atender cualquier situación crítica de la comunidad. Sin embargo, no tuvimos injerencia en la parte precontractual. Eso le corresponde a cada entidad y en este caso, aunque el requerimiento era de la secretaría de Integración Social, fue a través del IDIGER; que es la entidad que maneja los recursos para atender emergencias”

Un mal negocio

Este es el segundo contrato entre la Cruz Roja y el Distrito en medio de la emergencia que termina con enredos judiciales. La Fiscalía también investiga el que firmaron para la entrega de ayudas humanitarias durante los primeros meses del aislamiento y por el cual le formularon imputación a la alcaldesa local de Los Mártires Tatiana Piñeros. A la fecha, ninguno de estos dos contratos cuestionados ha sido liquidados. Por esta situación, según la directora de asuntos humanitarios de la Cruz Roja, el organismo ha perdido alrededor de $1.000 millones, situación que es analizada por el equipo jurídico para saber el paso a seguir.

En el caso puntual del contrato de los albergues, dice Érika Cardona, la entidad adquirió la logística de todos los puntos donde se suponía iban a operar. Lo hicieron con recursos propios, ya que la administración no hizo ningún adelanto. Pero, al notar los problemas para desarrollar el contrato, desmontaron todo el andamiaje y cancelaron los contratos que la Cruz Roja había firmado para cumplir con la misión que les encomendó la administración.

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“En esto queremos decir que no hemos recibido pagos por los servicios prestados. Lo que nos han dicho desde el IDIGER e Integración Social es que están revisando los informes, para establecer qué nos pagan o no por los servicios que se prestaron. Ese contrato se firmó $3.036 millones de pesos y nosotros alcanzamos a invertir en dispositivos, en personal, ejecución e insumos (carpas, colchonetas y demás) casi $300 millones”.

Sin embargo, dado que no se dio la ejecución en los lugares dispuestos, se hizo una modificación al contrato para reconocer el servicio en las estructuras operadas e instaladas efectivamente, donde invertimos casi $100.000 millones, pero hay unos elementos nuevos que quedaron y nos van a devolver”. Esto, sumado a las cuentas relacionadas con el contrato de entrega de ayudas a la población vulnerable, que firmaron con las alcaldías locales, dice desde la Cruz Roja, representa gastos cercanos a los $1.000 millones, que podrían convertirse en pérdidas para la entidad y que, de no poder recuperar, afectarán los proyectos humanitarios que se tenían previstos para 2021.

“Todo este lío tiene origen en reparos a la parte precontractual. Y quiero recalcar que eso no está en cabeza de la Cruz Roja. No hay reparos a la forma cómo ejecutamos los contratos. Las fases previas no son de nuestro resorte. Sabemos que este no es el primero ni será el último contrato que firmemos con la Alcaldía de Bogotá, pero lo que ocurrido en medio de esta emergencia si nos llena de lecciones, porque realmente fue un mal negocio”.

¿Qué sigue? “Esperamos lograr la liquidación del contrato y recuperar lo que se pueda recuperar de la ejecución que se hizo. La Cruz Roja, al interior, está revisando con su área jurídica. En este momento no tenemos claro cómo se procederá. Nosotros somos entidad sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida. Lo que nos devuelvan de insumos, seguro los usaremos en otras emergencias y acciones humanitaria, porque las frazadas y colchonetas son indispensables en esas situaciones. Pero las otras pérdidas afectan nuestro flujo de caja, para seguir con las acciones que queremos desarrollar con las comunidades”, concluyó Cardona.