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El pasado 30 de noviembre de 2024, Cecilia* tenía el fin de semana para cuidar a sus hijos de tres, cinco y ocho años como parte de una custodia compartida con su expareja. Sin embargo, cuando llegó la noche y se disponía a cambiarlos para dormir, la menor le manifestó, entre lágrimas, que no quería que la tocaran. El episodio le causó total extrañeza, por lo que le preguntó si algo pasaba. “Sí. Mi papá”, le dijo la pequeña.
En su alerta decidió ir de inmediato a un centro asistencial, y con el apoyo de su mamá, quien se encargó del cuidado de sus otros dos hijos, se dirigió a urgencias en la clínica de la Cruz Roja, en la calle 134, donde los médicos revisaron a la niña, mostrando sospecha de código blanco, un protocolo de emergencia ante posibles casos de violencia sexual.
En la activación, la Policía de Infancia y Adolescencia tuvo conocimiento, mientras a ellas las trasladaban al Hospital de la Misericordia, donde, luego de pasar por tres médicos, una trabajadora social, una psicóloga y una pediatra, se confirmó el código blanco. “La tuvieron en observación casi 24 horas, y el diagnóstico en la historia clínica fue abuso sexual. Una trabajadora social nos remitió al ICBF de Fontibón”, señala la mujer.
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Ante el caso, las autoridades comenzaron un proceso de restablecimiento de derechos a favor de la niña de tres años y de sus hermanos, de cinco y ocho, quedando bajo custodia del ICBF, que a la fecha los mantiene en un hogar de paso. “Ahora que puedo verlos una vez por semana, cada despedida es muy cruel. Mi hijo mayor me ruega que me lo lleve, que se quiere ir a vivir conmigo, pero no les puedo dar esperanzas, y mi expareja sigue como si nada en la calle”, afirma.
En medio de esta difícil situación, Cecilia ha estado al frente del caso, junto con sus abogados, para impulsar el respectivo proceso judicial. Cuenta que el 3 de diciembre acudió a la URI La Granja para formalizar la denuncia que cursa en este momento en la Fiscalía. Pero ahí se dio cuenta, como otras madres, que al frente hay todo un camino de puertas cerradas, donde hay más preguntas que respuestas y una suerte de abandono institucional, asegura.
Según la denunciante, ha acudido a cuanta entidad la han remitido. “No me han dado respuesta”. Siempre que voy a la Fiscalía me dicen que tengo que esperar, porque cambió de fiscal y que una vez regresen de vacaciones me asignan uno”. Por si fuera poco, ella insiste en que le den la custodia total de sus hijos, la cual perdió el 14 de junio de 2024, cuando la Comisaría de Familia de Usaquén decidió otorgarla provisionalmente a su expareja, quien alegó que ella había golpeado a su hijo, de lo cual no hay evidencias en el examen médico-legal. “Las visitas se hacían donde, cuando y como él quería. Me maltrataba delante de su papá con violencia verbal y hostigamiento. Tengo videos y pruebas. Incluso, tengo una medida de protección, pero se ha violado y hay más de seis escritos en comisaría”.
Mejorar los tiempos de respuesta
Entre enero y agosto de 2024, cada día ingresaron 141 niñas y niños al sistema de protección del ICBF, de los cuales el 66 % llegó por violencia sexual, negligencia, condiciones especiales de los cuidadores o violencia física. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, reconoció que hay que mejorar los tiempos de respuesta, para que la institución sea más efectiva. Para ello, indicó, están construyendo un sistema de justicia familiar, de manera que haya una trazabilidad de la situación del niño y la del presunto agresor.
“Tenemos normas para casi todas las circunstancias que puedan afectar a los niños y niñas, pero lo que necesitamos es un proceso de articulación y de implementación que vaya más allá de un sector de gobierno y alcance toda la sociedad. Significa que cada uno de los servicios sean articulados de manera intersectorial en el territorio y reducir los tiempos de respuesta frente a una alerta. En eso nos vamos a concentrar en los próximos períodos”, dijo Cáceres.
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En Bogotá, los delitos de alto impacto, como la violencia sexual y violencia intrafamiliar, escalaron durante 2024. Un informe del programa Bogotá Cómo Vamos analizó datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, revelando un aumento del 79,8 % durante el año pasado en violencia intrafamiliar y del 58,8 % en delitos sexuales frente a 2023.
Si bien especialistas consideran que este incremento puede estar vinculado a una mayor disposición de las víctimas para denunciar situaciones de violencia en el hogar, existe la preocupación de que estas cifras reflejen un verdadero aumento en la incidencia de este delito en la ciudad. Por ello, expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta para las víctimas.
“En 2024 rediseñamos las rutas de víctimas mujeres y niños, niñas y adolescentes (NNA) y fortalecimos la interacción con la Fiscalía y la Policía Nacional, entre otros actores. El 2025 viene con retos inmensos: tendremos cinco nuevos equipos comisariales y la consolidación de las nuevas rutas de mujeres y NNA, entre otros”, manifestó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
Para Cáceres, “la cantidad de población que tiene Bogotá es también proporcional a lo que estamos identificando. Nuestras defensorías, que están funcionando 24 horas, reciben casos de manera permanente”. La funcionaria destacó la importancia de articulación con las comisarías de familia, un organismo fundamental para prevenir violencias y reestablecer los derechos violentados, según definición del Ministerio de Justicia.
Incluso, hay quienes consideran que las acciones que se tomen dentro de la comisaría pueden prevenir tragedias, como feminicidios, violencias sexuales o agresiones irreparables. Por ello, una sentencia de la Corte Constitucional obligó a que todos los funcionarios de las comisarías estén capacitados en género. “Llevamos a cabo capacitación y entrenamiento a 467 servidores y contratistas en perspectiva de género y autorregulación emocional”, mencionó Angulo.
Bogotá cuenta con 38 comisarías de familia, dos de ellas con atención las 24 horas, 10 comisarías de familia semipermanentes, 22 diurnas, una con horario especial y dos que atienden población rural dispersa.
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Cecilia, cuando la va a visitar su hija de tres años, le nota la mayoría del tiempo una mirada triste. Asevera que lo único que espera es justicia y el poder tener a sus hijos de vuelta en el hogar. Como ella y otras madres, han confiado en el Estado, pero dice sentirse vulnerada. Por ello, ante la dramática realidad en el que estos casos se repiten casi que diariamente, es fundamental que las instituciones las escuchen y ajusten las rutas para que, de manera articulada, puedan proteger y garantizar una vida libre de violencias a la niñez.
*El nombre fue cambiado por seguridad.
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Por María Angélica García Puerto
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