Según el concejal Edward Arias, “mientras en otras ciudades de Latinoamérica, como Santiago de Chile, existen quioscos con las mismas características que costaron entre 7 y 12 millones de pesos, acá se pagaron 32 millones de pesos. Lo que queremos es frenar la compra de estos módulos que hasta ahora no han solucionado el problema del espacio público”.
Arias dejó claro que los quioscos fueron una mala inversión de la administración, ya que los 154 que existen en la ciudad se encuentran muy mal ubicados y no han solucionado el problema de las ventas informales.
“Actualmente, el Gobierno central ha destinado para la ejecución de las fases I y II del proyecto un valor de $11.000 millones, desde los años 2007 y 2008, cifra que sólo cubre el 1,5% de la población de vendedores informales, es decir, sólo se invirtió para reubicar a 608 vendedores de los 39.492 que tiene registrado el IPES”, dijo el concejal Carlos Orlando Ferreira.
El concejal también aseguró que es preocupante que se esté pensando en instalar 1.944 módulos adicionales, durante los próximos 10 años, ya que le costarán a la ciudad $72.000 millones.