Bogotá

1 Sep 2014 - 4:15 a. m.

Demanda penal, última carta del Distrito para salvar Los Olivos

El barrio Los Olivos está pasando por un momento decisivo en su historia.

Santiago valenzuela

 La tensión entre los vecinos de este sector de Chapinero, ubicado entre las calles 61 y 63 con carrera 1ª, ha crecido en los últimos meses. La desconfianza es cada vez mayor porque algunas familias que habitan en la zona quieren participar en el proyecto de renovación urbana propuesto por Metrovivienda. Esta decisión ha causado malestar en algunas empresas privadas de construcción que pretenden demoler los predios y levantar edificios estrato 6. De las 50 viviendas que registró el Distrito en la zona, 17 se oponen al proyecto de la administración distrital y 33 lo aprueban.

La disputa por los predios de Los Olivos tiene origen en 2006, cuando el constructor Edmundo Castro comenzó a convencer a las familias de que vendieran y abandonaran la zona. Actuando como apoderado de la de la Fiduciaria Davivienda S.A., fue comprando inmuebles. De acuerdo con documentos registrados por Castro ante el Distrito, 43 familias accedieron a venderle sus terrenos.

A la meta de Castro se le cruzó un obstáculo: dentro de los planes del alcalde Gustavo Petro está la recuperación del barrio Los Olivos como parte del Plan de Revitalización. Por esta razón, Metrovivienda ha comprado 18 inmuebles y continúa en búsqueda de otros para consolidar el proyecto, que contempla la construcción de viviendas de interés prioritario en un área de 3.697 metros cuadrados. En el cronograma de la entidad aparece que las viviendas deberán entregarse “antes de 2016”.

A los propietarios de la zona, Metrovivienda les ha ofrecido una negociación basada en el siguiente esquema: “si tiene una propiedad con el valor comercial de hasta $47 millones, se le entregará una vivienda de 50 metros cuadrados. . Si cuenta con una propiedad de entre $188 y $235 millones se le entregarán cuatro viviendas de 50 metros cuadrados más el excedente hasta cumplir con el valor comercial”.

Por cada predio adquirido, Metrovivienda ha expedido una resolución. Según Edmundo Castro, “estas compras son ilegales. Vamos a demandar las resoluciones de Metrovivienda, porque nosotros nos encontrábamos negociando un proyecto inmobiliario importante. No sabemos con qué intención se está metiendo el Distrito ahí. Es un plan Petro-chavista para expropiar los terrenos”.

En la compra de 43 predios de Los Olivos, Castro invirtió $18.600 millones. En algunos casos, como él mismo admite, pagó “10 veces más de lo que está ofreciendo el Distrito”. Es cierto. Según los registros inmobiliarios, Castro pagó por el metro cuadrado $3 millones en un lote de 28 metros cuadrados, mientras que el Distrito ofreció, de acuerdo con el avalúo realizado por Catastro Distrital para ese mismo terreno, $346.000. En otro inmueble de 90 metros cuadrados, Castro pagó el metro cuadrado a $2’760.601, mientras el Distrito ofertó $459.000.

Para el Distrito, existen irregularidades en la forma en que Castro compró algunos terrenos. Entidades como Metrovivienda y el Departamento Administrativo e la Defensoría del Espacio Público (Dadep) radicarán una denuncia ante la Fiscalía. Así lo confirmó Blanca Inés Durán, hasta ayer directora del Dadep: “Vamos a presentarle a la Fiscalía algunas inconsistencias para que dé inicio a una investigación. Hemos encontrado que se han invadido algunos predios con documentos falsos. Estos terrenos estaban destinados al espacio público. También hay problemas porque algunas empresas de construcción están impidiendo el ingreso al barrio. Es un caso que vale la pena analizar desde la óptica del desplazamiento intraurbano: existen denuncias por amenazas y compra irregulares de predios”. Este diario pudo confirmar, con otras fuentes del Distrito, que en el proceso de compra por parte de Castillo “podría haber lavado de activos”.

En el barrio, mientras tanto, continúa el silencio y la desconfianza. La Alcaldía de Chapinero dijo que desconoce el proyecto, y las familias que se han acercado a Metrovivienda para participar en él, temen por su vida por supuestas amenazas de desplazamiento. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Miriam Páez, quien ha sido apoyada por el concejal Hossman Martínez, dice que “no es cierto que se hayan presentado intimidaciones. Simplemente que el proyecto de Metrovivienda no es bueno, están pagando por un precio mucho menor, mientras que el otro negocio es benéfico para las familias, el del señor Edmundo Castro, al cual yo me uní”. La diferencia con el proyecto de Metrovivienda es que, aunque pague menos, contempla la permanencia de las familias en la zona.

 

 

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72

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