5 Jun 2019 - 2:49 p. m.

Director de la CAR: ¿impedido para firmar acta de concertación ambiental del POT de Bogotá?

La Procuraduría le solicitó a la Corporación, la semana pasada, remitir las pruebas correspondientes para resolver una recusación contra el director de la entidad, Néstor Franco, por conflicto de intereses. El recurso señalaba que se debía declarar impedido para discutir el POT y la solicitud para modificar la reserva Van der Hammen.

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com

Alcaldía de Bogotá
Alcaldía de Bogotá

Mientras el Distrito celebra la firma del acta de concertación del POT con la CAR, un tema le puede aguar la fiesta. La corporación desatendió un concepto de Procuraduría, en el que solicita al ente ambiental entregar las pruebas pertinentes para resolver una recusación contra el director de la entidad, Néstor Franco, por conflicto de intereses en dos asuntos puntuales en los que estuviera involucrada la Alcaldía de Bogotá.

Lea: Lista la primera fase del proyecto POT en Bogotá

En síntesis, esta recusación le impediría a Franco tomar decisiones sobre cualquier solicitud que le hiciera el el Distrito, mientras se toma una decisión de fondo, pero en contravía del llamado de la Procuraduría firmó la concertación con el alcalde Enrique Peñalosa. 

Todo comenzó el pasado 13 mayo que la Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Forestal Regional Productora Thomas Van der Hammen interpuso ante la CAR una recusación contra el director de la entidad por "faltar al principio de imparcialidad para decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá", al considerar los hechos denunciados por el columnista de El Espectador Yohir Akerman, sobre el Plan Parcial previsto en la antigua sede de la corporación, que beneficiaría intereses particulares. 

Lea la columna de Akerman Yo te apruebo, tú me apruebas

En la recusación le solicitan apartarse del trámite de sustracción y de realinderación de la Reserva Forestal regional del norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” y de la concertación de los asuntos ambientales del plan de ordenamiento territorial (POT). 

En respuesta, Franco aseguró que no encontró razones en dichos argumentos y por consiguiente estimó no estar impedido para participar en las discusiones señaladas, así que la Veeduría Ciudadana, envió una nueva comunicación en la que le solicitaban seguir el procedimiento y entregar la recusación al superior jerárquico, que en este caso sería la Procuraduría. 

Esto no ocurrió y en respuesta Franco señaló, acogiéndose a un concepto del 22 de agosto de 2018 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que se toma como ejemplo un caso de CorTolima, que su superior jerárquico sería el Consejo Directivo de la CAR, por lo que citó a reunión extraordinaria en la que este órgano directivo resolvió que no había conflicto de intereses. 

Pero la semana pasada la Procuraduría se pronunció, solicitó las diligencias y actuaciones pertinentes para resolver la recusación e hizo un llamado de atención al funcionario y a la CAR, pues señalan que "si estamos hablando de conflicto de intereses institucionales, entre la CAR propiamente dicha y el Distrito Capital, los mismos se reputan también del Consejo Directivo y sus miembros al ser parte institucional de la entidad recusada, es decir tanto el consejo directivo de la CAR como sus miembros estarían incursos en las causales de recusación que interpusieron los intervinientes". 

Ante esto, la Veeduría espera tomar nuevas acciones, mientras que mañana la Procuraduría emitiría un nuevo pronunciamiento. 

El acta de concertación del POT es la primera fase dentro del cronograma del Distrito, previa a la presentación del proyecto ante el Concejo de Bogotá para su aprobación. En caso de que la Procuraduría le diera la razón a la Veeduría Ciudadana se retrasarían los planes de la administración, que en los próximos días deberá presentar la propuesta actualizada del Plan de Ordenamiento Territorial, para que sea analizada por la Comisión Distrital de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

Vale recordar que en días pasados, la Procuraduría inhabilitó y destituyó a Néstor Franco por irregularidades por irregularidades de planeación en la construcción de la PTAR 2 Chía. Ante esto, el funcionario ordenó suspender los procesos similares que adelantaba la corporación, entre ellos, la financiación de la Planta de Tratamiento de Canoas, pero el Tribunal le ordenó reanudar el proceso. Franco apeló la decisión de su destitución y ahora se encuentra en estudio.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.