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Han pasado siete semanas desde que el entonces gerente de Aguas Bogotá, Mario Álvarez, y los representantes de la Unión Temporal Aseo Districapital, se sentaron y firmaron un primer contrato de arriendo de 60 camiones compactadores de basura, que los últimos se comprometieron a traer de Estados Unidos y alquilar al Distrito por un valor unitario de $25 millones de pesos mensuales.
Han pasado siete semanas y, a 30 de enero, sólo 11 de esos camiones estaban rodando por las calles de Bogotá, prestando el servicio de recolección de basuras que ha asumido el Distrito y que cubre 32% de la ciudad.
El desorden y las trabas durante el proceso de importación de los camiones le han salido caros a las empresas Aseo Total e Internacional de Tanques, socios en la Unión Temporal. El segundo contrato –por $15 mil millones, para el alquiler de 100 camiones usados- fue liquidado por mutuo acuerdo a comienzos de este mes. Y ahora, por incumplir de nuevo la entrega y puesta en marcha de los 60 camiones que quedaron en firme, los empresarios estarían enfrentando una multa que puede oscilar entre 100 salarios mínimos mensuales vigentes y el 10% del contrato, unos $750 millones.
Fuentes de Aguas Bogotá que preparan una audiencia administrativa con los importadores que se llevará a cabo el jueves en la tarde confirmaron que la entidad considera que el incumplimiento del contrato es una “falta gravísima”. Por lo tanto, su gerente, Ricardo Agudelo, buscaría aplicar una multa que subsane los costos en los que ha tenido que incurrir la empresa durante estas semanas. Al fin y al cabo, no es lo mismo recoger basuras en un camión MACK, fabricado especialmente para recoger bolsas de basura, a hacerlo con volquetas alquiladas a punta del esfuerzo humano de los operarios de la nueva empresa pública.
Las mismas fuentes aseguraron que no se descarta la terminación unilateral del contrato, lo que dejaría a los empresarios con 60 camiones compactadores usados parados en un patio de Bogotá.
En Cartagena, el vocero de la Unión Temporal, César Alvarado, se mostró tranquilo ante la noticia de una posible sanción a la empresa. Según el abogado, la Unión Temporal nunca tuvo una fecha límite de entrega de los camiones (los contratos hablan de diez días después del visto bueno de la aduana) y fueron tantos los procesos administrativos por los que tuvieron que pasar los vehículos que fue imposible que éstos llegaran a tiempo a la capital.
“Una serie de actos de autoridad (DIAN, ICA, Ministerio de Transporte y Ministerio de Ambiente, entre otros) no permitieron hacer la importación con agilidad. Fueron motivos de fuerza mayor”, asegura Alvarado. Algunos trámites por los que tuvieron que pasar los camiones de segunda incluyeron la revisión tecnomécanica de los camiones como requisito para la obtención de placas así como su lavado y desinfección, debido al mal estado en que llegaron algunos de ellos.
Según ha explicado el alcalde Gustavo Petro, el Distrito aún no ha hecho recepción de los camiones, por los que el pago de arriendo aún no se ha hecho efectivo.