Bogotá

19 Feb 2012 - 9:00 p. m.

Distrito 'cerrará' el borde norte de la ciudad

La secretaria de Planeación anuncia que se revisará el uso del suelo de la sabana.

Juan Camilo Maldonado / Viviana Londoño

Durante muchos años, como investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, María Mercedes Maldonado fue una aguda estudiosa de las contradicciones con las que se ha desarrollado Bogotá durante los últimos tiempos.

Ahora, lejos de la academia, Maldonado tiene a su cargo liderar la planeación de la ciudad durante los próximos cuatro años. En momentos en que el Plan de Desarrollo está a punto de quedar definido, El Espectador habló con la secretaria de Planeación sobre cómo espera el Distrito frenar la expansión de la ciudad por la Sabana de Bogotá, cuántas viviendas de interés social se espera construir en el centro ampliado y cómo quedará en el Plan de Desarrollo la Avenida Longitudinal de Occidente.

El año pasado, la administración no pudo llegar a un acuerdo con la Corporación Autónoma Regional para adelantar una modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). ¿En qué va eso?

EL POT sigue en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero la semana pasada el director de la CAR envió una carta al alcalde en la que le preguntaba si había puntos que la nueva administración estaría dispuesta a concertar. Y sí. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en hacer cumplir los determinantes ambientales de superior jerarquía en el norte de la ciudad, cuyas resoluciones están vigentes desde el 2000, y que las revisiones posteriores del POT y el Plan Zonal del Norte no hicieron cumplir de manera estricta.

¿En qué consisten esos “determinantes ambientales”?

Se trata de una zona de protección del recurso hídrico y de conectividad de los humedales que nosotros vamos a incorporar al POT y que cobra mucha más importancia con las actuales condiciones de riesgo de inundación. Dentro de esto, es posible que tengamos que revisar algunos de los planes parciales del Norte que se encuentren en suelos de protección, y tomar decisiones.

¿Qué va a pasar con las obras por valorización en el norte de la ciudad?

En el Plan Zonal del Norte se estableció un “primer anillo”: una programación del suelo que se podía ir aprobando en planes parciales. Nosotros vamos a replantear ese primer anillo y lo vamos a hacer más restrictivo, lo que no quiere decir que se vaya a frenar todo el plan de obras. Unas zonas del Norte podrán ser desarrolladas en esta administración, pero vamos a hacer un ajuste y a determinar hasta dónde puede continuar razonablemente la ciudad. Una vez hecho esto, se reprogramarían esos planes parciales, así como algunas de las obras viales, porque no se necesitan.

¿Cuáles son esas obras?

En eso estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad y el IDU.

¿Cómo participarán los ciudadanos en la elaboración del Plan de Desarrollo?

La idea es que todos los ciudadanos tengan conocimiento de cuál es el esquema del plan. Ayer empezó a llegar un documento síntesis a todos los hogares, y va a haber diferentes mecanismos de difusión en 189 microterritorios. Todo lo que se recoja de esos encuentros será considerado como insumo para el documento final que se presente al Concejo Distrital.

¿Hay algún proyecto que la administración no esté dispuesta a negociar con los ciudadanos?

El programa de gobierno no será negociable, porque fue el programa elegido y debe convertirse en plan de desarrollo. Evidentemente vamos a recoger las propuestas de la ciudadanía, que podrá opinar acerca de los programas y los presupuestos globales. Aunque somos conscientes de que hay mucha expectativa acerca de los proyectos, se van a decidir los programas generales.

Mientras el Gobierno insiste en la conveniencia de construir la Avenida Longitudinal de Occidente, el alcalde Petro dice todo lo contrario. ¿En qué va esa discusión?

En la mesa de trabajo con el Gobierno y la Gobernación tendrá que resolverse qué va a pasar con el tramo de un poco más de cinco kilómetros que el Gobierno ya construyó (del Muña al río Bogotá, en el suroccidente).

Si la ALO no se construye como estaba planeado, ¿qué pasará con el transporte de carga que entra a la ciudad?

La movilización de la carga tiene más sentido en la vía transversal de la Sabana, que ya existe (que sale de Chía, bordea los municipios en el margen occidental y toma la vía La Mesa para llegar a Soacha). En segundo lugar, hay que resolver si tiene sentido otra autopista cuando realmente los flujos de automóviles privados no se dan de Suba a Soacha.

Y entonces, si no hay flujos, ¿para qué hacer un tranvía?

La idea del transporte férreo es un tema a mediano plazo. Sería un corredor que vincularía Facatativá con la estación de la Sabana, y un metro por el corredor central, que después bajaría a Suba y se uniría (con el suroccidente) creando un anillo de conexión. Nuestra apuesta es privilegiar el transporte masivo sobre el transporte individual. Sabemos que más vías no solucionan el problema, y que sólo un transporte público eficiente podrá desestimular el uso del automóvil.

Pero el asunto es que no hay estudios que justifiquen la demanda de pasajeros en tranvía de Suba a Soacha...

No los tenemos, pero tampoco tenemos estudios que nos demuestren la necesidad de una autopista de 120 metros para la movilidad en esa zona.

Y entonces, ¿ le suena la idea de construir centros de educación en esos lotes?

La idea de los equipamientos aparece cuando ya no se necesitan ocho carriles. Una de las alternativas es que por la ALO vaya una vía férrea —por donde también se llevaría carga— y dos vías adicionales. Eso libera bastante suelo y es ahí donde el tema de las universidades cobra mucho sentido.

Ustedes están a punto de presentar el plan de desarrollo, pero el futuro de la ALO parece bastante incierto...

El compromiso de esta administración es que lo primero es la protección del medio ambiente. La vía afecta la zona de protección y manejo del río Bogotá y los humedales de Capellanía, Juan Amarillo y la Conejera. Eso hay que revisarlo. La ALO quedará en el plan de desarrollo, probablemente como parte de un programa de incorporación de transporte férreo.

Pasando al tema de expansión urbana, ¿ya están definidas las zonas en donde se hará la redensificación de la ciudad y que conformarían lo que ustedes han denominado el “centro ampliado”?

Por ahora estamos hablando con la Secretaría de Hábitat para la definición de ese centro ampliado, que incluye varios criterios: que haya capacidad de la red de alcantarillado, que es uno de los problemas que tiene la densificación; que se pueda llegar al lugar de trabajo a pie o en 20 minutos por otro transporte. Con el concepto de centro ampliado queremos replantear a fondo la renovación, que ha sido excluyente hasta ahora, para introducir una concepción de inclusión en el espacio urbano, con la incorporación de zonas de clases medias y sectores populares.

¿Cuántas unidades de vivienda tienen pensadas para esta redensificación?

Anualmente se construyen en Bogotá unas 45 mil viviendas formales y el 80% ya se hace en densificación. Nuestra idea es aumentar el número de vivienda de interés prioritario en el centro ampliado en unas 10 mil unidades por año.

El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que hacen falta 14 billones de pesos para financiar el plan de gobierno. ¿Usted ve fácil la consecución de estos recursos?

El plan es muy ambicioso, pero este es un momento muy interesante en la relación con Hacienda. Esta no es la clásica lista de mercado que todos los sectores le llevan a Hacienda. El secretario está comprometido con las metas sociales del plan.

Muchos ciudadanos que saben del tema responsabilizan a los curadores urbanos de gran parte del deterioro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. ¿No es hora de reformar esa figura?

El problema es que el régimen de los curadores no depende del Distrito sino de la Nación. Dentro del régimen legal no está muy claro que el curador sea un funcionario público, y eso ha generado una discusión muy negativa. Hay quienes sostienen que el curador tiene autonomía para dar las licencias. Pero el curador ejerce, por delegación, una función pública esencial que le entrega la colectividad . Ahí falta un régimen más claro.

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María Mercedes Maldonado
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