El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) emitió un aviso contundente en las últimas horas. Tras varias sesiones de diálogo para desalojar el predio Unidad de Protección Integral (UPI) “La Rioja”, en la Calle 4 con 14, algunos miembros de la comunidad indígena hicieron caso omiso a la orden por lo cual, la entidad Distrital emitió una nueva orden desalojo.
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A través de un comunicado publicado ante la opinión pública y los miembros del colectivo étnico que permanecen en la UPI, se menciona que el lugar de resguardo deberá ser desocupado por completo en un máximo de tres días.
La orden se dirige a las familias de la comunidad Embera Katío y Chamí que aún permanecen allí, tras los informes técnicos que revelaron un riesgo estructural y sanitario crítico.
El documento, fechado el 5 de noviembre de 2025 y firmado por Javier Palacios Torres, director general del IDIPRON, detalla que el inmueble presenta fallas que ponen en inminente peligro la vida e integridad de quienes lo habitan, especialmente niños, niñas y adolescentes.
“Se han identificado condiciones críticas de riesgo estructural, eléctrico y sanitario que ponen en peligro la seguridad de todas las personas que permanecen en el lugar”, advierte el aviso.
La medida se ampara en un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 28 de mayo de 2025, que ordena la evacuación inmediata y efectiva de la comunidad Embera del lugar. IDIPRON hace un llamado “urgente” para que la salida se realice de forma voluntaria e inmediata, en coordinación con las autoridades distritales y bajo criterios de protección humanitaria.
Un proceso de salida en medio del retorno al Chocó
El anuncio llega en un momento clave para el proceso de retorno de las comunidades Embera al departamento del Chocó, impulsado por el Distrito y el Gobierno Nacional. Desde septiembre, las autoridades han acompañado salidas voluntarias de decenas de familias, tras años de permanencia en distintos puntos de Bogotá, entre ellos el Parque Nacional, el Bronx, La Rioja y La Florida.
De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la Administración Distrital definió nuevas reglas para los pagos de ayudas humanitarias que recibirán las familias durante el proceso de retorno, buscando garantizar un tránsito digno y evitar intermediarios en la entrega de recursos.
La Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas han liderado el acompañamiento, priorizando a mujeres, menores de edad y adultos mayores.
Fuentes del IDIPRON explican que la salida de La Rioja no significa un desalojo sin acompañamiento, sino una medida preventiva ante el riesgo físico del inmueble. Las familias serán orientadas hacia otras alternativas de refugio temporal.
Un predio en deterioro
La UPI La Rioja fue adquirida por el Distrito en el año 2000 para el desarrollo de actividades pedagógicas y de atención a población vulnerable. Sin embargo, el uso intensivo como albergue durante los últimos años —en medio de la crisis humanitaria por desplazamiento indígena— aceleró su deterioro.
Los informes técnicos advierten filtraciones, daños en el sistema eléctrico y problemas sanitarios que vuelven inviable su ocupación.
Organizaciones sociales han pedido que la salida no implique un nuevo desarraigo, sino un paso hacia la reintegración comunitaria y el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas.
“No queremos volver al Parque Nacional. Queremos volver a nuestra tierra, pero con garantías”, expresó una lideresa Embera en diálogo reciente con medios locales.
Mientras tanto, el IDIPRON mantiene abierta la comunicación con los líderes Embera para coordinar la evacuación en los tiempos establecidos. La notificación, según el documento oficial, se considera surtida al finalizar el día siguiente a su publicación, es decir, desde el 6 de noviembre.
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Por Redacción Bogotá
