Distrito responde a la SIC y defiende los taxis inteligentes

La Superintendencia criticó que el proceso afectaba la libre competencia y el bolsillo de los usuarios. / Cristian Garavito

La Secretaría de Movilidad no da su brazo a torcer e insiste en la implementación de los taxis inteligentes, con los que busca ponerle fin al taxímetro y abrirles paso a las tabletas como forma de cobro. Aunque la anunciada modernización sigue en veremos —ante la falta de claridad jurídica que rodea el proceso—, el Distrito les salió al paso a las críticas una vez más y le respondió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que hace un mes cuestionó la tecnología aduciendo, entre otras cosas, que atenta contra la libre competencia y el bolsillo de los capitalinos.

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Los reparos de la SIC quedaron plasmados en un oficio dirigido al Ministerio de Transporte, en respuesta a la consulta que elevó la cartera sobre el uso de tabletas en el transporte público en el país. Aunque la pregunta era en general, el pasado 17 de octubre la SIC respondió haciendo énfasis en el caso Bogotá y advirtió que el Distrito estaría regulando de forma excesiva las plataformas tecnológicas, que las decisiones y directrices no estarían debidamente justificadas y que el cambio elevaría los costos tanto para usuarios como para conductores y empresarios.

Aunque el concepto no es vinculante, la Secretaría de Movilidad respondió las críticas una a una a través de un documento de 27 páginas, lanzando puyas y reprochando los cuestionamientos. Inicialmente aseguró que la Superintendencia se extralimitó en sus juicios y declaró que no es competente para regular la prestación del servicio público, una facultad exclusiva del Distrito.

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“La SIC desconoce el análisis técnico que precedió a cada decreto o resolución expedidos por el Distrito, excediendo sus competencias en las interpretaciones que de manera errada y por desconocimiento efectúa. Sus pronunciamientos han sido contradictorios y confusos”, dijo la administración.

Por otro lado reivindicó que, según la normatividad nacional, la implementación del cobro por tabletas y la homologación de los dispositivos no requieren autorización de la SIC, pues el proceso se enmarca en una serie de directrices fijadas por el Gobierno nacional para modernizar el servicio y adaptarlo a nuevas tecnologías. En esa línea, insistió en que a través de las tabletas se mejorará el servicio y habrá una eficiente inspección y vigilancia.

También criticó a la SIC porque, previamente al concepto de hace un mes, Movilidad la requirió en julio de 2017 para que manifestara si existía algún proyecto que pudiera ser de interés para el desarrollo de la normativa. Sin embargo, dijo que a la fecha no han tenido respuesta. También dio a conocer otro documento emitido por el organismo en el que reconoció a la Alcaldía como la entidad competente para fijar las tarifas, por lo que cuestionó su cambio de postura en el concepto de octubre pasado.

“En menos de un mes, (la SIC) cambió tangencialmente de postura sin que exista un cambio normativo que lo justifique. Lo cual genera inseguridad jurídica frente a la competencia que tiene frente a los actos administrativos expedidos por cualquier ente territorial y envía un mensaje contradictorio a todos los integrantes del gremio de taxis y a la ciudadanía”, agregó Movilidad.

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Respecto a la afirmación de que las normas de la administración solo estarían concentradas en regular las características de las plataformas y no “la circulación, la seguridad y la libertad de empresa”, el Distrito resaltó que la modernización permitirá aplicar una tarifa justa y verificable, recolectar información en tiempo real, hacer un control riguroso, vigilar a los conductores y competir con el transporte ilegal.

“Estos beneficios no se tienen en la actualidad mediante el taxímetro, ni se podrán tener mediante el taxímetro electrónico reglamentado en 2017 por la SIC (…) es claro que la Secretaría actúa en función de sus competencias y basados en la reglamentación”, precisó Movilidad.

Aunque el Distrito admitió que las plataformas tecnológicas no tienen metrología definida —lo que sí tienen los taxímetros—, destacó que ha efectuado pruebas y controles para verificar la correcta aplicación del algoritmo de cobro. En este punto lanzó un dardo contra la SIC al mencionar que en ciudades como Barranquilla o Cartagena los taxistas operan sin taxímetro, por lo que preguntó qué tipo de control ejerce el organismo en estas ciudades en defensa de los usuarios.

Respecto a si la normatividad distrital desdibuja la distinción entre los taxis de servicio básico y los de lujo, Movilidad dijo que no es concebible que un cobro adecuado, calificar el servicio y optimizar las rutas de recorrido para aliviar el tráfico “deban ser características únicas del nivel de lujo”.

Adicionalmente negó que Bogotá pretenda restringir el mercado y manifestó que más de 14 empresas de tecnología han participado en el proceso adoptando el algoritmo de cobro y la transmisión de la información para cumplir con la normativa distrital. No obstante, aseguró que es tarea de las empresas de transporte disponer de solo una de las plataformas habilitadas, pues si se permite que los vehículos usen cualquiera, se desdibujaría “la cadena de control del servicio y estaría por fuera de la regulación de transporte existente”.

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Otro de los puntos que aclaró la administración tiene que ver con cobros como el factor de calidad (que el usuario pague más en la medida en que el vehículo tenga mejores condiciones) y la seguridad vial (que los taxistas puedan cobrar más en tanto contribuyan a la reducción de las cifras de accidentalidad). El Distrito defendió que se trata de incentivos para mejorar la calidad del servicio, todo sustentado en la normatividad del Ministerio de Transporte.

Finalmente, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, instó a la Superintendencia a revaluar su concepto y la invitó a una reunión para presentar el proyecto en detalle. Aprovechó también para pedir al Gobierno nacional que apoye la implementación de plataformas tecnológicas y advirtió que podría enfrentarse a demandas de las plataformas habilitadas que ya realizaron cuantiosas inversiones. Con todo, lo cierto hoy en medio del debate es que el servicio sigue sin implementarse y con ello crece la incertidumbre para usuarios y conductores.