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Los desmanes que han tenido lugar en los últimos meses, sobre todo los días jueves, no solo afectan la movilidad y el tiempo de los bogotanos. El estado de la flota de buses del transporte público también ha sufrido un impacto significativo por cuenta de las actuaciones vandálicas.
Según un informe del concejal Julián Uscátegui, entre enero y octubre de 2025 al menos 101 personas resultaron lesionadas en medio de movilizaciones —y, de ese total, 70 % no eran manifestantes, sino transeúntes o funcionarios del Distrito que acudieron a mediar en las movilizaciones.
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La denuncia señala que alrededor de 1.500 buses públicos fueron vandalizados en ese periodo. Un golpe a la infraestructura del transporte urbano, al bolsillo de todos y al derecho fundamental a moverse con seguridad en la capital.
De hecho, según el último informe de Transmilenio, con el consolidado de daños de 2024, los daños a los buses generan un impacto de COP $430 millones, cuando entran a perdida total, y de COP $515 millones en fase de reparaciones.
Para los miembros del Concejo, estos datos no son incidentales: representan “una falla estructural de seguridad y control”, una herida abierta en el sistema urbano que, de no atenderse, puede seguir socavando la convivencia, la movilidad y la confianza ciudadana.
Los días jueves, los enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades, además de los bloqueos en las troncales de Transmilenio, ya son un paisaje de incomodidad y caos en la ciudad. Incluso, el uso de explosivos ha puesto en jaque la normalidad ciudadana e interrumpido clases en recintos académicos como el de la Universidad Nacional.
Los puntos críticos de la ciudad son la NQS, la calle 26, y la calle 72. En lo corrido de 2025 se han registrado 1.559 movilizaciones, de las cuales 72 derivaron en actos vandálicos que requirieron intervención de la Fuerza Pública. En estos hechos, 101 personas resultaron lesionadas, de las cuales 71 eran ciudadanos, contratistas o integrantes de la Fuerza Pública, lo que demuestra que el 70% de los heridos no eran manifestantes.
Asimismo, de acuerdo con la información que compartió el Concejal, las localidades con mayor número de afectaciones entre 2021 y 2025 fueron Teusaquillo (100 casos), Kennedy (67), Santa Fe (62), Chapinero (45) y Suba (42).
“Bogotá no puede seguir normalizando el vandalismo. Los ciudadanos están pagando con su seguridad y con sus impuestos la falta de autoridad de la administración”,afirmó el concejal Uscátegui.
Ante este panorama, el cabildante radicó en el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca establecer lineamientos claros para la prevención, control y sanción del vandalismo en la ciudad. La iniciativa propone que la Administración pueda restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo, con el fin de evitar que quienes han protagonizado agresiones o daños al patrimonio participen en actividades masivas sin consecuencias.
El proyecto también plantea el uso de cámaras corporales por parte del Equipo de Diálogo y Convivencia para garantizar transparencia en su intervención durante manifestaciones; el fortalecimiento de la interoperabilidad del C4 con entidades distritales y nacionales para mejorar la capacidad de respuesta; y la creación de un Registro Público de Actos Vandálicos que permita organizar información clave sobre daños, agresiones y posibles organizaciones responsables.
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Por Redacción Bogotá
