Bogotá

14 Feb 2012 - 8:31 p. m.

Ecos de una polémica elección

Ahora que Diego Ardila ha sido elegido por 31 concejales, 12 de los cuales son investigados por la justicia, conviene preguntarse: ¿no es hora de cambiar los mecanismos de elección de personero y contralor?

Juan Camilo Maldonado T.

El abogado liberal Diego Ardila ha sido elegido por dos tercios del Concejo de Bogotá como nuevo Contralor Distrital. Una elección acalorada, cuestionada y urgente para una ciudad que aún no termina de despertar ante uno de los episodios de corrupción más grandes, sistemáticos y descarados en la historia de la capital.
Es una elección polémica. En primera instancia, porque al grupo de 31 concejales de los partidos Cambio Radical, La U, Verde, Conservador, Polo Democrático, Liberal y PIN, no pareció importarles los vínculos del nuevo contralor con el magistrado Ovidio Claros, hoy investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes dentro del escándalo del carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura.

Según denunciamos en este diario la semana pasada, Ardila trabajó con Claros en la Contraloría Distrital, cuando este último dirigió el ente de control, en 1998. Su esposa, entre tanto, se pensionó en mayo de 2011 como magistrada auxiliar del Consejo Superior un año y medio después de estar trabajando precisamente con este magistrado que es hoy investigado por la Cámara.

Pero incluso asumiendo que la familia Ardila nada tiene que ver con las presuntas irregularidades por las que hoy es investigado Ovidio Claros y reconociendo, como lo defendió la bancada de Cambio Radical, que el nuevo contralor cuenta con una larga hoja de vida relacionada con los entes de control del distrito, lo ocurrido hoy en Bogotá deja un mal sabor en la boca.

Hoy el Concejo cuenta con los peores puntajes en materia de aprobación por parte de la ciudadanía, según un informe reciente de la Universidad Javeriana y la organización Yo Voto, Yo Sumo. Como prueba de esto, el año pasado el voto en blanco se impuso en las elecciones a Concejo.  En medio de esta difícil coyuntura de pérdida de legitimidad, 12 de los 45 Concejales (casi un tercio del cabildo) está siendo investigado por la justicia en el marco de las indagaciones de corrupción en la contratación de Bogotá.

Es con estos antecedentes que una coalición de 31 cabildantes, que incluye a la totalidad de los concejales investigados, ha elegido al más alto titular del control fiscal en Bogotá. Lo denunció un solitario concejal, Juan Carlos Flórez, esta mañana durante la votación. ¿Qué mensaje se le envía a la ciudadanía cuando 12 concejales investigados, pertenecientes a un bloque de 31, eligen a un Contralor encargado de adelantar posibles investigaciones en su contra? ¿Cómo pueden ser los concejales jueces y parte? Y aún peor, ¿está la ciudadanía atenta a lo que está pasando?

Los bogotanos, en las urnas y en las encuestas, parecen darle la espalda al Concejo, dejándolo solo y a su arbitrio a la hora de una elección tan determinante para el futuro de la ciudad como lo es la de Contralor y el Personero. En este escenario, en el que se realiza esta elección por una coalición evidentemente interesada en que se archiven muchos de los expedientes en los que se les vincula, se hace visible la necesidad de repensar la manera en la que se están eligiendo los órganos de control de los entes territoriales.

En muchos países del mundo los jueces locales son elegidos de manera popular. ¿Por qué no intentar un experimento similar para Bogotá o, incluso, en el resto de municipios del país? Un ejercicio así, aunque audaz, podría ampliar la legitimidad de los contralores y los personeros, hacer más difíciles los nexos clientelistas entre estos y los concejales y, de paso, acercar al votante medio a estos dos cargos que, tan descarada y hasta criminalmente, han operado de manera opaca durante los últimos cuatro años en la ciudad.

Ahora que Bogotá vive sus peores horas, quizás sea la oportunidad para que se vislumbren ciertas luces que nos señalen el camino de futuras reformas.

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