Una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República a los recursos destinados a la educación en Bogotá volvió a encender las alertas sobre la gestión de obras y programas clave que buscan beneficiar a cientos de miles de estudiantes del Distrito. El ente de control identificó tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de $11.000 millones, asociados principalmente a deficiencias en la construcción de infraestructura educativa y en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2024.
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El mayor hallazgo se concentra en la construcción del Colegio Boitá, en la localidad de Kennedy. Allí, la Contraloría determinó un posible detrimento patrimonial por COP 9.032 millones, derivado de errores e incumplimientos en el contrato de consultoría, así como fallas en la interventoría y supervisión del proyecto. La auditoría señala que se ejecutaron ítems no previstos y mayores cantidades de obra, lo que habría generado sobrecostos cercanos a los COP 7.806 millones.
A ese monto se suma una lesión adicional al patrimonio público por COP 1.226 millones, relacionada con el incumplimiento de obligaciones contractuales del mismo contrato de consultoría. Para la entidad, estos hechos evidencian debilidades en la planeación y el control de una obra llamada a ampliar la oferta educativa en una de las localidades con mayor demanda escolar de la ciudad.
Los líos con el PAE
El Programa de Alimentación Escolar también quedó bajo la lupa. Advierte la Contraloría que, en la ejecución de convenios de asociación para la prestación del servicio, se habría generado un detrimento por COP 1.863 millones. El hallazgo está relacionado con la reducción del personal operativo frente a lo estipulado y pagado contractualmente, en particular en los convenios suscritos con Compensar, entidad que cumplía el rol de operador. Es decir, para la Contraloría, se habría prestado el servicio con menos personal operativo, aun cuando los pagos contractuales ya se habían realizado por parte de la Secretaría de Educación.
Para el ente de control, esta situación refleja fallas en la interventoría y en el seguimiento por parte de la Secretaría , al no garantizar que el talento humano financiado fuera efectivamente utilizado según sus obligaciones contractuales.
La auditoría incluyó además la revisión de obras en el Colegio Procables, en la localidad de Fontibón. Allí se detectaron pagos superiores a lo realmente ejecutado y el rápido deterioro de varios elementos importantes de la infraestructura, como descansos en escaleras y accesos a varios pisos. No obstante, durante el proceso, la Secretaría de Educación presentó el acta final, lo que permitió establecer un beneficio de auditoría por más de COP 388 millones.
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IDRD también quedó bajo la lupa
En la revisión del proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento en el marco de la Manzana de Cuidado del Porvenir – Gibraltar, en Kennedy, la Contraloría advirtió incumplimientos en el cronograma inicial, retrasos significativos e inactividad administrativa por parte del IDRD. La inversión comprometida supera los $158.000 millones y, según el ente de control, las demoras ponen en riesgo fiscal la totalidad de los recursos destinados al proyecto y su culminación efectiva.
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Por Redacción Bogotá
