Bogotá

30 Sep 2013 - 10:44 p. m.

El Bronx sigue caliente

La muerte de Óscar Javier Molina, dejó ver que las mafias y la incapacidad de ejecución han puesto en riesgo una de las políticas más ambiciosas de la administración Petro.

Camilo Segura Álvarez

Todavía son indescifrables los móviles del asesinato de Javier Molina, una de las fichas más importantes del Distrito en la intervención del Bronx que ya completa más de un año. La primera tesis que identificó la administración de Gustavo Petro fue que las mafias asentadas en este sector de la ciudad fueron las responsables. “No les vamos a entregar un centímetro de lo que hemos hecho en el Bronx”, dijo el secretario de Gobierno, Guillermo Jaramillo.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, Jorge Rojas, secretario de Integración Social (la entidad con más responsabilidades en la intervención humanitaria), dijo que “durante este proceso ha habido una presencia permanente del Distrito, pero tenemos que admitir que desde el mes de julio esa presencia perdió vigor”. Una pérdida de vigor relacionada con el recrudecimiento de las dinámicas mafiosas y una institucionalidad paquidérmica.

Santiago González es uno de los investigadores del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), de la Secretaría de Gobierno, en el Bronx. Conoció a Javier Molina y dice que con su asesinato los criminales le rompieron el corazón a la intervención de asistencia de Integración Social. “Era la punta de lanza en el territorio. Nadie conocía como él la forma de abordar a una población tan complicada como la que habita allí. Las condiciones en las que trabajó durante los últimos días eran muy difíciles. Yo visité la zona hace ocho días y era un panorama muy parecido al que veíamos hace un año, antes de la primera intervención”, dice.

La intervención de la actual administración comenzó en septiembre de 2012. El primer paso fue la instalación del Camad (Centro de Atención Médica a Drogodependientes). Luego, cuando la Policía comenzó los operativos para desmantelar a las estructuras mafiosas, el Distrito enfocó su acción en la garantía de derechos para los habitantes de calle y personas víctimas de la drogodependencia. El 18 de febrero de 2013, el primer operativo de Integración Social para censar y atender las necesidades básicas de la población terminó en fuertes choques entre los habitantes del Bronx y la Fuerza Pública. De allí en adelante, el Distrito comenzó a revolucionar la política antidrogas del país.

Los objetivos eran claros: aprovechar siete edificios que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tiene en el Bronx para hacer hogares de paso y centros de escucha para consumidores y habitantes de calle; diseñar un estudio para suministrar cannabis medicinal a los consumidores problemáticos de bazuco y así reducir los efectos del síndrome de abstinencia asociado a la criminalidad de la zona; rehabilitar el espacio público, cambiar el enfoque policial por el judicial y ahondar en las acciones de inteligencia en vez de tratar el problema mafioso mediante la fuerza. Pero nada de eso se ha conseguido integralmente.

“Aquí hay tres problemas sustanciales: uno, la incapacidad de la administración de articular a las diferentes secretarías en un mismo proyecto y generar una política pública que no sea inmediatista sino que planee resultados para los próximos cinco años. Dos, las trabas burocráticas del Fondo de Vigilancia y Seguridad para girar los recursos, y del gobierno nacional para permitir que sea el Distrito quien lidere la investigación para tratamientos alternativos (como el de cannabis) o para entregar la infraestructura jurídica y física que Bogotá requiere. Y tres, faltó concertar la intervención con la población que está allí. Eso incluye a los expendedores y, hay que ser francos, por más Policía que le metan a la zona no se van a ir de allí porque es donde están sus clientes. Mientras exista el enfoque prohibicionista hay que tragarse ese sapo, y más bien plantear soluciones para el suministro al adicto”, dice Julián Quintero, de Acción Técnica Social, una ONG dedicada al estudio de nuevas alternativas para la prevención y la mitigación del riesgo frente al consumo de drogas.

Uno de los principales escollos para que el proyecto de Integración se concrete es la falta de instalaciones físicas. Hoy hay siete edificios incautados y en poder de la DNE que no han sido puestos a disposición de Bogotá. “Estamos esperando. Allí esperamos alojar toda la institucionalidad que el proyecto requiere. Si no es así, el alcalde Petro ya dio la orden de buscar otras instalaciones que nos permitan avanzar en el enfoque de derechos. También estoy pendiente de una reunión con el Ministerio de Justicia. Allí se definirá lo que vamos a hacer con nuestra propuesta de hacer investigación para dar un tratamiento digno a los adictos al bazuco mediante el suministro de cannabis medicinal”, dijo Jorge Rojas.

Este diario conoció por fuentes cercanas al alcalde Gustavo Petro y al gobierno de Juan Manuel Santos que los dos han tratado el tema. El Gobierno no está en desacuerdo con la iniciativa de la administración, pues se sustenta en experimentos que han dado resultado en otras latitudes, como Vancouver, Canadá. Pero el escollo está en los organismos de control. La duda de ambas partes es cómo blindar jurídicamente la iniciativa para que organismos como la Procuraduría no emitan sanciones, ya que el Estado estaría suministrando una sustancia considerada ilícita como la marihuana, aunque controlada y científicamente.

“Es importante, pero hace falta algo más que el respaldo del Gobierno a la apuesta de Bogotá. Las dinámicas del Distrito en el Bronx demuestran que una sola entidad no puede abordar el tema de forma unilateral. Por ejemplo, la renovación urbana del sector que se ha planteado para integrar a los habitantes de calle en lógicas laborales y frenar la segregación implica, más allá de la atención, el proceso de ambientación con el comercio y la infraestructura del sector. Esa renovación anunciada genera una serie de expectativas en las mafias que pretenden mantener el control sobre la población consumidora que han victimizado y que hoy les sirve como escudo. Y en los habitantes de calle, que tienen su vida en ese sector. También en lo policial, el proceso de coordinación para la ubicación y judicialización de criminales pasa por acciones de inteligencia que cambien la correlación de poder que tienen estas mafias allí, no tanto por la fuerza”, dice Rubén Ramírez, del Ceacsc.

De acuerdo con informaciones en poder de la Secretaría de Gobierno, los éxitos que representaron las capturas de la Policía en el Bronx han “democratizado” a las mafias. “Lo que ocurrió fue que, con la arremetida de la Policía, hubo una diáspora de habitantes de calle. Detrás de ellos, como población consumidora que son, están los ganchos (estructuras de expendio), que ahora se deben llamar clips por la cantidad que hay. Hoy hay más responsables del tráfico y eso deterioró las condiciones de seguridad de la intervención”, dijo una fuente de la entidad.

A juicio de las fuentes consultadas, la única acción que ha permanecido y está fortalecida en el Bronx es el Camad, que es responsabilidad de la Secretaría de Salud. Tanto así que la semana pasada delegaciones de los gobiernos de Chile y Argentina visitaron el Bronx para copiar la experiencia. Pero no todo es positivo. Hoy, el Fondo de Vigilancia y Seguridad tiene frenados unos recursos para la compra de dos vehículos que garanticen un mejor servicio de salud para los habitantes de calle del Bronx y El Amparo, en Kennedy, y que fortalezcan la atención a las cerca de 5.000 personas que semestralmente utilizan sus servicios.

En ese marco institucional se movía Javier Molina. Él era quien mejor se entendía en la Secretaría de Integración con los habitantes de calle. Era el encargado de poner en marcha el plan de Jorge Rojas: “Como se redujo nuestra acción, desde hace dos semanas venimos llevando más funcionarios a la zona. La idea es que ocurra lo contrario a lo que pasó en febrero. Esta vez llevamos personal civil para que los habitantes de calle les cojan confianza a las instituciones y dejen de ser el ‘ejército disponible’ de los mafiosos y ahí sí entre la Policía a individualizar. No al revés”.

“La obligación del Estado es quitarles estas víctimas a las mafias. Mientras no cambiemos el modelo nacional frente a las drogas, podemos superar el Bronx con la certeza de que va a haber muchos más. Alguien siempre estará interesado en conservar sus negocios. Hay sectores sociales que se rasgan las vestiduras frente a la idea que tenemos de centros regulados de consumo, pero no dice nada frente a toda la criminalidad y las victimizaciones que ocurren en los centros de consumo no regulado como el Bronx. Ahí hay dos morales. Una moral, más otra moral, doble moral. Eso es lo que padecemos”, dice Rojas.

 

 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

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