Bogotá

14 Aug 2013 - 11:34 p. m.

El costo de la rebaja Transmilenio

La reducción de tarifas en Transmilenio aprobada por el alcalde Gustavo Petro sigue siendo cuestionada por la Contraloría de Bogotá.

Redacción Bogotá

Según una auditoría del ente de control, conocida por este diario, la decisión de la administración Petro podría causar un detrimento patrimonial de más de 46 mil millones de pesos.

Clemencia Giraldo Gutiérrez, directora técnica del Sector Movilidad de la Contraloría Distrital, le envió recientemente una carta al gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente, en la que le advierte la situación provocada en las finanzas del Distrito, luego de la expedición del Decreto Distrital 356 de 2012, que establece la tarifa de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Con esta resolución “se redujeron los ingresos en un valor de $46.743.160.150, produciendo de esta forma un detrimento al patrimonio Distrital”, señala el ente de control.

Según la auditoría, los más de $46 mil millones que corresponden al monto de la reducción de los ingresos en el SITP y Transmilenio, son del período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 28 de abril del presente año.

Pero la carta de advertencia de la Contraloría no para ahí. También le recuerda al alcalde que un estudio contratado por el mismo Distrito con la firma Steer Davis and Gleeve, le había advertido a la administración los costos y riesgos de realizar la rebaja. Según se lee en la carta: “para la implantación de la modificación tarifaria en el marco del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Humana’, y con el fin de beneficiar a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público, se requieren $52.824 millones adicionales para la vigencia de 2012. Esto tomando como base el estudio de Steer Davies, que supone que la reducción de las tarifas en las horas valle del Sistema Transmilenio genera un incentivo de algunos usuarios de las horas pico a trasladarse a las horas valle”.

Según la Contraloría, “el modelo actual va en contravía con lo previsto en el artículo 10 del Decreto Distrital 831 de 1999, que establece que la tarifa al usuario por el uso del servicio de transporte público masivo de pasajeros, bajo la modalidad terrestre automotor, será integrada, debiendo cumplir con principios de autosostenibilidad y costeabilidad de la tarifa”.

El Espectador buscó la reacción del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero al cierre de esta edición no se había pronunciado al respecto.

 

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