El desbalance entre taxis y plataformas de transporte en Bogotá

Según la Secretaría de Movilidad, este año han suspendido 1.261 licencias de conductores de apps. / Archivo El Espectador

Hace seis años los taxis dejaron de reinar en el transporte individual de pasajeros en Bogotá. Uber cambió la dinámica y su llegada fue tan exitosa, que han surgido por lo menos otras siete aplicaciones que dicen basarse en la economía colaborativa, la cual supuestamente ofrece mediación entre conductores particulares y personas que buscan taxi. Desde entonces no solo en la capital, sino en todo el país, se libra un intenso debate sobre las ventajas y desventajas del servicio tradicional y el que se presta a través de plataformas, enmarcado en una serie de particularidades.

Por un lado está la incertidumbre sobre la legalidad del servicio que se ofrece mediante aplicación (app). La razón: a pesar de que el desarrollo tecnológico está avalado por el Ministerio de las TIC, el hecho de que se preste un servicio público en vehículos particulares es ilegal ante los ojos del Ministerio de Transporte. Esto hace que actualmente estén en un limbo, el cual, tanto representantes del nuevo gremio como algunos políticos, piden aclarar.

Por el otro están los taxistas, que a pesar de ser oficial y tradicionalmente los autorizados para el transporte individual de pasajeros en todo el país, insisten en que hoy enfrentan no solo una competencia desleal, sino una asfixia a punta de cobros y regulaciones, que los tiene al borde de la quiebra. Como telón de fondo está el proceso que impulsa el Distrito para modernizar el servicio de taxi en Bogotá. Aunque el argumento es hacer del servicio algo más seguro y confiable, para contrarrestrar el boom de las app, la implementación ha tenido tropiezos jurídicos y críticas del gremio “amarillo”, que lo ha considerado un golpe a su bolsillo (por sus costos) y algo injusto, pues mientras lo impulsan no ven acciones contra la ilegalidad.

Sin embargo, más allá de las quejas y los debates, detrás de la polémica hay un tema de fondo: el desbalance entre ambos servicios. Y es que, mientras cada año en promedio un propietario de taxi debe invertir cuantiosos recursos y cumplir una serie de exigencias para tener su vehículo a punto para operar, los que trabajan con aplicaciones solo requieren su carro y un celular. Esto sin contar que por ser más visibles los “amarillos” están sometidos a un mayor control, lo que no ocurre con las empresas de transporte mediante app.

¿Sector en declive?

Actualmente hay 52.000 taxis en Bogotá, afiliados a 59 empresas, legalmente constituidas y habilitadas ante la Secretaría de Movilidad. Solo por esto los dueños de cada carro deben cumplir varios trámites, entre los que están una serie de pagos por conceptos asociados con el servicio como el cupo de afiliación, la seguridad social de los conductores, su salario, las pólizas del vehículo, la revisión técnico-mecánica o la tarjeta de operación. Esto sin contar los gastos asociados con el mantenimiento del vehículo, como aceite, llantas, gasolina, etc.

Es por esto que el presidente del Sindicato Nacional de Taxistas (Sinaltax), Herminso Bermúdez, está seguro de que su gremio tiene muchas desventajas frente a las plataformas y no vacila en afirmar que la tecnología está acabando con el sector. “Como los taxis están afiliados a empresas, deben tener muchas responsabilidades con el usuario y la ciudad. En cambio los conductores de plataformas no, porque no le responden a una empresa. Si ocurre un accidente, el usuario debe demandar al propietario del vehículo. En cambio si ocurre en un taxi, la empresa es la primera que recibe demandas y está obligada a responder”.

Bermúdez agrega otras desventajas frente a las nuevas tecnologías. Entre ellas que esos conductores no deben tramitar una tarjeta de operación, documento que a los taxistas les cuesta alrededor de $550.000 al año. Adicionalmente, mientras para un particular la licencia de conducción tiene vigencia de 10 años, la de un taxista se debe renovar cada tres.

Ernesto Sandoval, presidente del Comité de Taxis de Fenalco Bogotá, afirma que los gastos se les han disparado desde la llegada de las plataformas, no tanto por la tecnología en sí (ya que muchos taxis la incluyen), sino porque cree que las autoridades han hecho muy poco para regular el transporte ilegal y, en cambio, han puesto muchas trabas a la operación de los taxis.

“Esta es una responsabilidad del Estado, que de alguna manera, por omisión y falta de voluntad, está debilitando todo un gremio. Hay una clara desventaja de los taxis ante las plataformas, algo que no tiene presentación para un servicio legal. Además, hay una doble jugada con las aplicaciones, porque a pesar de que por un lado los multan, por el otro les permiten instalar vallas, sucursales y les reciben impuestos. Así los hacen legales de alguna manera”, concluye Sandoval.

Plataformas se defienden

Samuel Gómez es conductor de Uber y Beat. Reconoce que sus únicos gastos son el combustible, las comidas del día y el plan de datos del celular. Como su vehículo es alquilado, también debe dar una cuota de $280.000 al propietario. Sin embargo, no por esto los conductores o dueños de carros que trabajan con plataformas evaden pagos, como dice el gremio “amarillo”.

“También hay externalidades como quedarse varado, pincharse o dañar un rin. Esto aumenta levemente los costos, pero uno intenta ser cuidadoso para que no ocurra. Además, estos costos son para alguien que, como yo, no es propietario del vehículo. Para los dueños hay más gastos, pues deben hacer cambios de aceite, de filtros, el mantenimiento, entre otros”, afirma.

Su tesis la valida Sebastián Morales, uno de los líderes del Club Bogoparche, que agrupa a conductores de todas las plataformas. Él es propietario de un vehículo y afirma que, como cualquier otro dueño de carro particular, debe pagar el SOAT, las revisiones y el impuesto de rodamiento. Además, sostiene que empresas como Uber pagan multimillonarios impuestos a la nación, motivo por el cual no es tan fácil como pedir que los saquen de operación del país.

“Directa o indirectamente nosotros pagamos impuestos. Uber paga muchos tributos y tenemos derecho constitucional a contar con nuestros vehículos, pues pagamos impuestos y nadie dice que solo podemos recorrer determinados kilómetros al día. Esta es una pelea absurda, porque es de pobres cazando a otros pobres”, remata Morales. Para tener una idea de estos pagos, Uber ha reportado este año un pago de $34.000 millones por concepto de IVA a plataformas digitales.

Controles para unos y otros

Esta semana la Secretaría de Movilidad anunció el inicio de un proceso para sancionar a 92 conductores de taxi, debido a que recibieron dos o más comparendos en menos de seis meses. Asimismo, la entidad notificó a las 12 empresas de taxis a las que pertenecen los conductores, que deben presentar sus planes de seguridad vial. Y es que, en 2018 murieron 30 personas por algún accidente en el que estuvo involucrado un taxi, y en lo corrido de este año, si bien se han registrado 13 muertes, se han presentado casi 800 accidentes graves con estos vehículos.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, “no podemos seguir teniendo un sistema de taxis en el que algunos conductores operan en estas condiciones. Es apenas un 6 % de los taxis, pero la decisión es que no pueden operar más y, además del conductor, la empresa y el propietario son responsables y tienen acciones por aplicar. Por otro lado, no nos podemos excusar en no cumplir las normas, porque hay transporte ilegal. Los controles a la ilegalidad han crecido y lo más importante es que esto se refleja en sanciones fuertes”.

Según cifras de Movilidad, en 2015 se impusieron 948 comparendos a conductores que prestaron servicios de transporte en vehículos particulares. La cifra casi que se triplicó al año siguiente, cuando fueron sorprendidos 2.585 conductores. En 2017, la cifra fue de 3.440, y en 2018, cuando se fortalecieron los controles, se impusieron 7.868 comparendos. En lo corrido de este año van 4.567 conductores de aplicaciones sancionados. Asimismo, Movilidad informó que en 2018 suspendió 1.945 licencias de conducción y canceló otras 49, a personas que conducían vehículos particulares. Este año van 1.261 licencias suspendidas y se han cancelado 27.

¿Cómo tenerlos contentos?

El panorama es complejo y queda camino para que tanto conductores de taxis como de aplicaciones trabajen sin problema. Por eso, desde diversos sectores, surgen propuestas sobre qué se puede hacer para que esto ocurra. Las primeras vienen de los directamente involucrados en el tema y, por ejemplo, para el representante de los taxistas ante Fenalco la solución puede estar en que las autoridades eliminen tantas regulaciones, pues considera que el gremio está hiperregulado.

Por su parte, el líder del Club Bogoparche cree que se puede llegar a un acuerdo en el que haya un pago por el servicio privado, tal como ocurrió con las empresas de patinetas eléctricas. “Ambas partes tienen que evolucionar. No queremos que sea un trabajo informal y podría haber un pago equitativo. También debería haber una regulación de un pago mínimo, un mínimo de horas trabajadas y un tope a los alquileres de los carros”.

Entretanto, concejales como Róger Carrillo (Partido Conservador) y Juan Felipe Grillo (Cambio Radical) han presentado algunas alternativas para que incluso se pueda pensar en una integración de ambas modalidades de servicio. “Hacia el futuro, todo se debe regular y se puede cobrar una unidad a tarifa justa. Incluso se abre la posibilidad de implementar taxímetros electrónicos, que son inviolables”, propone Carrillo. Mientras que para Grillo los servicios de transporte prestados por taxis y plataformas coexisten en la ciudad y por eso propone “que el 1,5 % del costo de cada viaje a través de app se destine a la creación de un fondo para mejorar las condiciones de los taxistas”.

Es evidente que existe un desequilibrio entre los costos que deben asumir los conductores de apps y los que les toca a los taxistas. Mientras la regulación no sea asunto dentro de las agendas de la nación y el Distrito, el tema difícilmente se resolverá y la balanza seguirá desequilibrada. En el medio quedan los usuarios, a quienes poco les importa este tipo de choques entre unos y otros, pues lo único que buscan es tener un servicio ágil y seguro.

En enero de este año la Secretaría de Movilidad y la Policía crearon de forma conjunta el Grupo Especial contra la Ilegalidad. Hasta mayo realizaron 70 operativos, en los que inmovilizaron 153 vehículos e impusieron 4.567 comparendos.

Según el último reporte de este grupo, Fontibón es la localidad en que hay mayor actividad de transporte ilegal. Allí se impusieron más de 500 comparendos en 2018. Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo y Bosa, las localidades que le siguen en este rubro, reportaron entre 350 y 500 comparendos, cada una.

Sin embargo, el trabajo que más destacan es el de suspensión y cancelación de licencias de conducción. Mientras en 2015 se suspendieron 696 licencias y en lo corrido de 2019 van 3.024. Entretanto, hace cinco años se cancelaron 15 pases, mientras que en los últimos seis meses han sido 65 a personas que fueron sorprendidas más de una vez conduciendo vehículos particulares con fines de transporte individual.

Las 12 empresas señaladas por accidentalidad

Una de las premisas de la Secretaría de Movilidad, bajo el modelo de Visión Cero, es reducir al máximo los accidentes en las vías. Por eso busca que el servicio de taxis se preste bajo estrictos controles, y de ahí la propuesta de autorizar un cobro adicional en cada servicio para los conductores que contribuyan a reducir los accidentes de tránsito.

Esto no se estaba cumpliendo, pues 3.044 taxis estuvieron involucrados en siniestros de tránsito durante este año. Las 12 empresas a las que pertenecen estos conductores son RadioTaxi Aeropuerto, TaxExpress, RadioTaxi Autolagos, TaxColombia, MegaTaxi VIP, AutoTaxi Ejecutivo, Taxis a la Mano, Taxis Ya, NuevoTaxi Mío, TaxiCupos, TaxSatélite y Cooperativa TeleTaxi.

Dichas empresas deben presentar esta semana ante Movilidad sus planes de acción para garantizar la seguridad vial de los usuarios. Dependiendo de esas respuestas, la entidad abrirá investigaciones por incumplimiento, por lo que lo más seguro es que dichas empresas sean sancionadas.