14 Sep 2014 - 2:00 a. m.

El desplazamiento invisible

Denuncias ciudadanas y un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) demuestran que cada vez son más los que están siendo desplazados entre localidades.

Laura Dulce Romero

Jimmis Carrillo se acostumbró a ver pasar la muerte muy de cerca. Desde muy joven es líder de derechos humanos, y los atentados en su contra se convirtieron en costumbre. Nació en Magdalena, pero asegura que no está arraigado a ninguna tierra, después de vivir nueve desplazamientos, cuatro de ellos dentro la ciudad (intraurbanos). En cualquier momento llega una amenaza y él debe coger la maleta negra de siempre, llamar a su familia y correr a algún rincón de la ciudad donde nadie los halle hasta un próximo encuentro con sus victimarios.

Llegó a Bogotá en 2009, cansado de tanto correr. Cali, Bucaramanga, Armenia, e Ibagué son sólo algunos de los lugares donde se ha refugiado, por las constantes amenazas que bandas criminales hacen en su contra. La razón: por su trabajo con las víctimas del conflicto se ha hecho merecedor de la hostilidad de la bandas criminales. Pensó que la fatiga del desplazamiento se mitigaría en la capital, pero no fue así. Durante su estancia en Bogotá, este hombre de 56 años ha vivido en el barrio Quintas, Mochuelo Bajo y se ha mudado dos veces a Lucero Bajo; todos en la localidad de Ciudad Bolívar.

Jimmis Carrillo es sólo uno de los 2.524 casos registrados por el Distrito que hoy sufren el fenómeno del desplazamiento intraurbano: familias que son perseguidas por grupos ilegales que buscan un dominio sobre los barrios o las localidades de las grandes ciudades, donde el Estado es protagonista por su ausencia.

Mucho se ha escuchado sobre el desplazamiento forzado causado por la violencia y el conflicto armado que ha vivido el país durante 50 años, sobre todo en Bogotá, principal receptora de víctimas con 350.000 desplazados, que provienen en su mayoría de zonas rurales. Pero poco se sabe sobre esta nueva tipología. Es silenciosa, invisible, incluso ni siquiera es percibida por las mismas víctimas. “Yo ya no quiero irme para otra ciudad. Estoy cansado. Jamás me imaginé que aquí también me iban a perseguir. Si me van a matar, que lo hagan acá”, dijo resignado Carrillo.

Para este defensor de los derechos humanos, el gran problema es que las autoridades no quieren reconocer que las víctimas siguen siendo amenazadas en la capital. “Para nadie es un secreto que muchos reinsertados volvieron a delinquir y están metidos con el microtráfico, la extorsión y los homicidios. Sí hay actores armados en la ciudad: los Costeños, los Rastrojos y las Águilas Negras. Todos saben dónde están”, agregó.

Él lo sabe porque vive a diario esta peregrinación, cargando como cruz atentados y amenazas, caminando por un sendero lleno de paradas sin ningún final.

La verdad es que lo que dice este hombre alto y de piel morena no está tan alejado de la realidad. Según un informe realizado en 2013 por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y financiado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), esta problemática se agudizó con la desmovilización del bloque Centauros, perteneciente a los paramilitares del departamento del Casanare. En 2008, de acuerdo con el documento, se registraron 508 casos de desplazamiento intraurbano y aumentaron considerablemente los homicidios y las desapariciones forzadas.

“En vista de que no hubo un buen proceso de reinserción, muchos de los exparamilitares decidieron volver a delinquir. No era rentable para ellos la vida que les ofrecía el Estado, así que como ya muchos habían llegado hasta las ciudades, se rearmaron aquí. El otro problema que se juntó fue que varios frentes jamás se desmovilizaron. Se mantuvieron activas y dispersos”, aseveró Gabriel Rojas, coordinador de refugiados migraciones forzadas del Codhes.

Fue así como empezaron a aparecer los grupos posdesmovilización, como las Águilas Negras y los Rastrojos, en las localidades de Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe Uribe. “Los grupos armados ilegales siguen realizando acciones que vulneran los derechos de la población que habita en sectores marginales y periféricos de la ciudad, generando así un ambiente permanente de zozobra e inseguridad que termina por obligar a las personas a desplazarse intraurbanamente”, puntualizó el estudio.

Hace tres meses, Jimmis Carrillo recibió un panfleto de las Águilas Negras, en el que esta banda declaraba como objetivo militar a todas las ONG que, según ellos, “se disfrazan de defensoras de población desplazada”, entre ellas la de Carrillo. Su mensaje cerró con una amenaza: “Los tenemos en la mira perros hijueputas, cobardes y desde ya pueden darse por muertos”.

Las intimidaciones son heredadas. Estos grupos tienen conexiones con quienes eran los cabecillas de los paramilitares. El caso de Jimmis encaja perfectamente con esta situación. Grupos paramilitares lo amenazan desde que empezó su carrera con campesinos del sur de Cesar. “Funcionan como franquicias. Es delincuencia común que pide prestado el nombre de Águilas Negras o los Rastrojos a cambio de ayuda en sus negocios de microtráfico y contrabando”, añadió Gabriel Rojas.

De esta manera se desatan otras problemáticas, que también generan desplazamientos intraurbanos. La primera de ellas es el reclutamiento forzado. Los hijos de los desplazados son buscados por estas organizaciones para que hagan parte de los negocios ilícitos. La capital se convirtió en un sitio estratégico para estos grupos armados, que acorde con el estudio de Codhes, ya tienen rutas para el tránsito de armas y microtráfico: San Cristóbal-Usme-Sumapaz; Usaquén-Chapinero Alto-La Calera, y Usme-Sumapaz-Ciudad Bolívar Altos de Cazucá-Bosa son sólo algunas de ellas.

Lo paradójico, según Rojas, es que esto suceda en otras localidades no periféricas y la ciudadanía siga viviendo en la ilusión de que todo está bien y que el conflicto no camina por las calles que habitan. “Una de las rutas está en Chapinero Alto, una de las zonas más lujosas de la ciudad. El conflicto está en los rincones de la capital, no tiene estratos”, agregó.

También hay una preocupación por otras localidades, como Mártires, en las que se forman redes de criminalidad para controlar las rentas ilegales y legales de prostitución, contrabando, ollas o incluso cabinas telefónicas. “Los grupos paramilitares posdesmovilizados mantienen empresas ilegales de seguridad en sectores como San Andresito de la 38, en donde cobran vacunas y extorsión a los comerciantes y controlan algunos negocios de prostitución en Mártires y Santa Fe”, describió el estudio de Codhes.

Pero no sólo hay grupos delincuenciales de exparamilitares que acechan a los desplazados. La Defensoría del Pueblo denunció, en su último informe emitido por el Sistema de Alertas Tempranas, que hay un alto riesgo para las localidades de Usaquén y Chapinero, debido a las extorsiones por parte del frente 53 de las Farc.

Lo cierto es que el reconocimiento del conflicto urbano ha sido muy lento y cada vez deja más estragos. Rojas no desconoce que el Distrito está tomando medidas. De hecho, aseguró que Bogotá cuenta con un modelo ejemplar en términos de aplicación de ley de víctimas: tiene siete centros en las localidades álgidas y hay una ayuda con subsidios económicos y de vivienda.

Sin embargo, no deja de ser una salida asistencialista. Para este experto en desplazamiento, las contrariedades provienen desde la Ley de Víctimas, ya que según él no contempla la integración y la reubicación local, sino que gira en torno al retorno: “El éxito de la reparación desde el Gobierno es que los desplazados vuelvan y se ignora por completo que tras largos años de una mediana estabilidad en la ciudad, es muy difícil hacerlo. Ya hacen su vida acá”.

Jimmis Carrillo, por ejemplo, no piensa migrar a otro lugar, así la respuesta institucional sea precaria. “Con la última amenaza, yo hice la denuncia y de la Unidad de Víctimas me mandaron a un investigador, pero él dice que no necesito seguridad y que mejor lea cartillas de autoprotección. No entiendo qué tengo que hacer para que me ayuden. Ni el Gobierno ni el Distrito me dan garantías”.

 

 

- Las soluciones, en borrador

 

Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), reconoció que hasta hace un año y medio empezaron a recibir una información de desplazamiento interno en el área de Soacha, ni siquiera de Bogotá. Desde ese momento están estudiando la situación.

“El problema radica en que la mayoría de desplazados están concentrados en Ciudad Bolívar, y esto tiene contacto directo con Soacha. Tenemos evidencia que en estas zonas se encuentran el reincoporado con el desplazado y es por esto que se retoman las amenazas pasadas”, contó Ramírez.

La investigación del Ceacsc coincidió con el estudio del Codhes, en que el microtráfico es uno de los factores que más provoca el desplazamiento intraurbano, y añadió que a raíz del proceso de intervención policial en el Bronx, los ganchos (estructuras pequeñas) se han ido desplazando a cinco localidades: Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Suba y Engativá. Estos ganchos han ido desplazando a los jíbaros tradicionales de la zona. Esta, según el director, es una explicación del aumento de homicidios de jóvenes, a través del sicariato. Así que las personas por temor también se desplazan.

Para Ramírez, primero es fundamental que tanto el Distrito como la Policía Metropolitana comprendan la complejidad de la manera como se conforman las bandas criminales, que ya no funcionan como la jerarquía paramilitar, sino como un poder atomizador.

Aunque desde ya hay proyectos encaminados a que la población desplazada y reinsertada se aleje de la delincuencia. “Estamos en un programa de incorporación social. Este año incorporamos 2.000 pandilleros. Vamos a iniciar con 400 en Bosa y 600 en Suba. Todos ellos van a trabajar como gestores de paz y convivencia”, contó Ramírez.

La única realidad es que Bogotá, la ciudad con más desplazados del mundo, no tiene ni siquiera en borrador soluciones duraderas para un conflicto que está cada vez más urbanizado. En cuanto al flagelo del desplazamiento intraurbano sólo hay diagnósticos, pero muy poca ejecución de proyectos.

Por supuesto, queda la gran incógnita de si la capital del país está preparada para recibir a centenares de reinsertados y víctimas que podrían llegar después de un proceso de paz. ¿Puede la ciudad satisfacer las necesidades básicas de víctimas y victimarios? ¿Se pueden garantizar oportunidades para que no vuelvan a delinquir? La primera experiencia con los paramilitares dejó este sabor agridulce, mezclado con la amarga e impunidad. Ahora, las víctimas del conflicto, como Jimmis Carrillo, esperan las tan esperadas soluciones duraderas porque, como dijo Gabriel Rojas, la violencia es sólo uno de los síntomas de la verdadera enfermedad: la ausencia del Estado.

 

* Lea mañana la segunda entrega sobre desplazamiento intraurbano en Bogotá.

 

lauradulce2@hotmail.com

@lauradulcero|

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