El dilema de los barrios ilegales en los cerros orientales de Bogotá

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Mientras que para algunos vivir en medio de los cerros orientales de Bogotá es todo un privilegio, por la vista y las condiciones ambientales, para cinco barrios que se establecieron desde hace más de 20 años en la zona ha sido toda una odisea. No solo porque no cuentan con vías adecuadas, sino que el estar dentro de la reserva forestal del Bosque Oriental impide que puedan legalizarse y tener servicios tan básicos y necesarios como el agua. La razón: como están en zona de conservación, se encuentran en un limbo jurídico.

Paradójicamente su problema comenzó con el fallo del Consejo de Estado que, en 2013, ordenó proteger la reserva forestal y prohibió cualquier tipo de construcción dentro de los cerros orientales, fallo que fue aclarado en 2015 cuando el alto tribunal estipuló que se debían respetar los derechos adquiridos de quienes construyeron de manera legal antes de la sentencia (con licencias ambientales y urbanísticas), como fincas y algunas mansiones.

Incluso, la decisión dejó abierta la puerta para que la administración legalizara aquellos barrios que se construyeron hasta la franja de adecuación (zona de amortiguamiento entre lo urbano y el bosque). No obstante, en ninguna parte señaló qué hacer con los barrios que crecieron ilegalmente, mucho antes de la sentencia, pero en plena zona de protección. Aunque el Distrito trató de categorizarlos para legalizarlos, no encontraron un recurso legal para poderlo hacer.

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“Se encontró que había 26 barrios, de los cuales ya se legalizaron 13. Ya acabamos con los de Usme y, de los que faltan, la mayoría están en trámite y se ubican en las localidades de Usaquén y Chapinero. Con respecto a otros como Lomitas, Ceiba, La Selva, una parte de Esperanza Norte y, por un caso especial, Serrezuela, no se podrán legalizar. Estos deben acogerse al Plan de Manejo Ambiental de la reserva”, dice Glenda Luna, directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios, de la Secretaría Distrital de Planeación.

La preocupación radica en las condiciones en las que viven los vecinos de estos barrios. Por ejemplo, hoy no cuentan con el suministro de agua, por lo que deben contratar a un alto precio carrotanques para que les lleven el líquido. Fuera de eso no tienen vías pavimentadas ni colegios cerca, por lo que muchos menores deben recorrer, por caminos polvorientos, hasta tres kilómetros para ir a clases. Y ni qué decir de la seguridad: la Policía brilla por su ausencia, lo que termina haciendo más precaria su situación.

¿Quién responde?

Si bien la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que como autoridad ambiental es la encargada de vigilar que los barrios no sigan creciendo, y las secretarías de Planeación y Hábitat han trabajado de manera conjunta para tratar de legalizar la mayoría de estos barrios, su trabajo se ha quedado corto.

Y no propiamente por falta de voluntad. Estos asentamientos, a su condición de estar en zona de protección, se suma otra particularidad: el territorio está catalogado como suelo rural, lo que complica su panorama. Para poder hacer algo se tendría que modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), algo que parece demorado. “Más que lo rural el problema es lo ambiental”, agrega Luna.

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Las soluciones

De acuerdo con Miguel Ángel Salas, uno de los abogados de los barrios en problemas, señala que la comunidad, además de solicitar al Distrito soluciones para acceder al agua y otros servicios que mejoren su calidad de vida y seguridad alimentaria, adelanta la construcción de planes de manejo que les permita acoplarse a las condiciones de la zona de reserva y tener una mejor vida, para lo que cuentan con ingenieros de la Universidad Javeriana, quienes están realizando la cartografía y demás estudios del lugar.

Además, teniendo en cuenta que el fallo del Consejo de Estado los dejó en un limbo jurídico, las comunidades consideran que la única solución pronta la tiene el Ministerio de Ambiente, “pues ellos son los que pueden autorizar la sustracción de las zonas donde quedan los cinco asentamientos (con miras a legalizarlos), pero no se ha desarrollado el tema. “El año pasado les enviamos un derecho de petición al Ministerio, para que nos indicaran cuál es el proceso, pero no nos han respondido”, agrega Salas.

Por ahora los vecinos de los barrios insisten en que no se quedarán quietos y, a pesar de que parece que todo está en su contra, se preparan para seguir la lucha jurídica. El siguiente paso será presentar una acción popular, que reforzarán con sus propuestas de implementar planes de manejo, con el fin de que la justicia los saque del limbo y, de paso, les permita mejorar sus condiciones de vida.

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