28 Apr 2021 - 2:43 p. m.

El efecto de la reforma tributaria en Bogotá

Las finanzas del Distrito recibirían más recursos del Sistema General de Participación, pero también su recaudo podría afectarse por cuenta de las nuevas imposiciones. ¿Qué pasará con la población pobre y vulnerable?
Diego Ojeda

Diego Ojeda

Periodista

“Hablar del impacto de la reforma tributaria en Bogotá es hablar de Colombia, ya que la ciudad representa casi un cuarto del PIB del país”, dice Diego Guevara, profesor de Economía de la Universidad Nacional. El académico refuerza su argumento al decir que en la capital están todos los actores que se verán beneficiados o afectados: la población en condición de pobreza o pobreza extrema, que recibirá mayores aportes del ingreso solidario; la clase media, que pagará más IVA y renta, y la clase alta, con patrimonios superiores a los $5.000 millones, que pagarán más impuesto a la riqueza.

Y es que esta “Ley de Solidaridad Sostenible”, como la bautizó el Ministerio de Hacienda, plantea reducir el déficit fiscal del Gobierno, además de extender programas sociales como el Ingreso Solidario (que se busca sea permanente) y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF, que se ampliaría hasta junio de 2021). Guevara incluso considera que macroeconómicamente la aplicación de esta reforma, que se discute en el Congreso, podría mejorar la distribución de la riqueza en el país.

Le puede interesar: Aterrizó la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso

Particularmente en Bogotá, según Beatriz Arbeláez, economista y exsecretaria de Hacienda, si la reforma es aprobada habría un impacto positivo para sus finanzas, pues recibiría mayores transferencias del Sistema General de Participaciones. Se estima que el incremento para todos los territorios será de $4,6 billones, de los $23,4 billones que apunta recaudar el proyecto. El Espectador consultó al Ministerio de Hacienda sobre cuánto de esos recursos le corresponderían a la capital, pero hasta la fecha no hay cálculos.

Hay que recordar que lo que le corresponda a Bogotá iría directamente a su presupuesto, y que, según lo establecido desde 2001, el 58,5 % debe ser para el sector educativo, el 24,5 % para salud y el 17 % para saneamiento básico.

Otro aspecto que resultaría positivo para la ciudadanía son los aportes de Ingreso Solidario destinados a la población en condición de pobreza o pobreza extrema. Según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entre marzo de 2020 y abril de 2021 se llegó con más de $590.000 millones a 300.698 hogares en Bogotá, lo que en promedio fueron giros mensuales por $140.000 para cada uno.

Lea también: (Análisis) La reforma tributaria es inoportuna en la peor crisis económica que ha vivido el país

Esta base de beneficiarios podría aumentar, entendiendo que la pandemia ha hecho que más personas entren en la categoría de pobreza o pobreza extrema (según el DANE, Bogotá cerró 2019 con 2,2 millones de pobres). Además, la Secretaría Distrital de Planeación estima que en la capital las familias de estratos 1 y 2 (donde se encuentra en gran medida esta población) se cuentan en 252.125 y 1′085.223, respectivamente. La suma de hogares que pertenecen a ambas estratificaciones concentra el 48,4 % del total de la ciudad.

Puntualmente, el proyecto de ley propone varios montos de transferencias por Ingreso Solidario dependiendo del número de personas que haya en cada núcleo familiar y la condición económica del mismo. Para hogares en pobreza extrema de una persona se entregarían mensualmente $80.000 y  $366.101 para uno de seis; para los unipersonales que están en condición de pobreza el monto también sería de $80.000, y para el de seis son $252.142.

No obstante, el apretón tributario lo sentirían en gran medida las personas naturales que hacen parte de estratos medios-altos y altos. En principio porque el nuevo umbral hará que más individuos comiencen a declarar o pagar renta, incluidos los pensionados que reciben $4,8 millones mensuales. Volviendo a los datos de entidades públicas, hay que tener en cuenta que Bogotá cerró 2019 con 565.000 personas pertenecientes a la clase alta (el 7 % de su población), así como 935.331 hogares de estrato 3; 318.760 de estrato 4; 95.342 de estrato 5; y 72.436 de estrato 6.

Le sugerimos leer: Reforma tributaria 2021: esto es lo que deben saber los colombianos

Otro incremento que experimentarían los hogares de estratos 4, 5 y 6 sería un IVA del 19 % para servicios públicos, además de una contribución adicional del 10 % sobre la base gravable a quienes reciban salarios altos (desde $10 millones mensuales) entre julio y diciembre de 2021.

Tanto para Arbeláez como para Guevara, es complejo saber si estos aumentos tributarios del orden nacional afectarían las responsabilidades que tienen los contribuyentes del Distrito (ICA, Impuesto Predial y Vehículos). Ambos coinciden en que esa es una posibilidad que valdría la pena estudiar.

Otro de los grandes impactos que podría tener la ciudad es la instalación de peajes dentro de su territorio. Esto es opcional y depende de la administración distrital decidir si los adopta o no. Si le resulta atractivo, tendría que tener la aprobación del Concejo de Bogotá, y entender que los ingresos obtenidos solo se podrán destinar a la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de movilidad, y deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo en la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio su opinión sobre la reforma mediante una carta emitida por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales, en la que también participaron otros de los principales mandatarios locales del país). En la misiva, recordaron la importancia que tiene el recuperar la estabilidad financiera y fortalecer las políticas sociales que mitiguen la pobreza en medio de la pandemia, fortaleciendo los esfuerzos en las ciudades principales, las cuales agregan cerca del 47 % de la población y el 54 % del PIB nacional.

Parte de su propuesta es que el Gobierno Nacional participe en la cofinanciación del déficit generado por la pandemia en los sistemas de transporte masivo (esto a través del FOME); que asegure las fuentes vitales para la inversión y el mantenimiento de la red vial de las ciudades con la base de recaudo de la sobretasa a la gasolina y los impuestos a los vehículos y verdes, y que se respete la autonomía de cada territorio en el recaudo de impuestos locales, como el Predial y el ICA.

Se espera que este 28 de abril en Bogotá se viva una nueva jornada de paro nacional, una de cuyas principales premisas es el descontento con la reforma tributaria. La decisión está en manos del Congreso, pues los impactos que genere en la capital pueden repercutir en todo el país.

Comparte: