El efecto Leszli Kalli

Petro tiene que capotear ahora la salida de una contratista de la Alcaldía que denuncia persecución, malos tratos y hasta intimidaciones sexuales por parte de un periodista.

Redacción Bogotá
09 de julio de 2013 - 10:04 p. m.
Leszli Kálli fue secuestrada por el Eln  en 1999. Hasta septiembre trabajó en la Alcaldía de Bogotá. /Semana
Leszli Kálli fue secuestrada por el Eln en 1999. Hasta septiembre trabajó en la Alcaldía de Bogotá. /Semana

En 1999, cuando la esperanza de paz se asomaba en los albores de la administración de Andrés Pastrana y el país aprendía geografía a punta de masacres, secuestros y ataques a la Colombia rural, comenzaron también a conocerse muchos de los rostros desconocidos de la tragedia de la violencia que aún se ensaña contra el país. Campesinos, indígenas, afrodescendientes, costeños, del interior, ancianos y niños.

Rostros como el de Leszly Kalli, hasta entonces una desconocida adolescente santandereana que por formar parte del grupo de 33 pasajeros que volaban desde Bucaramanga hasta Bogotá en un Focker de Avianca terminó secuestrada por el Eln. Una tragedia de 373 días que después de la liberación se convirtió en libro, en exilio, en tratamientos psicológicos y en un paradójico reconocimiento público que no había pensado en alcanzar.

En un intento por reconstruir su vida, Kalli estudió diseño gráfico, viajó, se desnudó para una revista en la que luego terminó haciendo periodismo, cultivó su pasión por el cuidado de los animales y hasta terminó trabajando en la oficina de comunicaciones del alcalde Gustavo Petro.

Pero si no soñó con ser secuestrada y tener que marcar los días en un báculo durante un año para llevar detalles de su vida en cautiverio, tampoco estaba en sus cuentas aparecer ahora como el centro del más reciente escándalo que envuelve a la administración de Gustavo Petro en Bogotá.

Un entuerto que nada tiene que ver con las peleas que el burgomaestre ha tenido que capotear por el futuro del cupo de endeudamiento para las grandes obras de la capital, ni con los promotores de la iniciativa de revocatoria de su mandato o con quienes critican la baja ejecución del presupuesto, los problemas de movilidad y el plan de desarrollo. De hecho, más que un problema de origen político o jurídico, lo que parece haber es una pelea personal entre funcionarios de la Alcaldía que podría haber derivado en presiones para que Kalli saliera de ésta y hasta en amenazas contra su integridad que la Alcaldía dice estar investigando.

 Según Kalli, hubo presiones por parte de la esposa del alcalde, Verónica Alcócer, para que la retiraran del cargo, pero nadie se atrevió a tomar esa decisión, sino que la pasearon por distintas dependencias hasta terminar en la Secretaría de Salud, en donde ni siquiera la dejaban cumplir sus funciones.

Kalli incluso denunció que un funcionario de la oficina de prensa en varias ocasiones la llamó por celular a amenazarla con violarla. El Gaula de la Policía, dice ella, corroboró que se trataba de Christian Puentes. El propio alcalde Petro informó ayer a través de su cuenta de Twitter que Puentes, “una vez acusado de abuso sexual, fue retirado de su servicio al distrito”. Al parecer trabaja ahora en una dependencia de la Presidencia de la República.

¿En qué quedaron las investigaciones contra este exfuncionario? El departamento distrital de asuntos disciplinarios dice haber citado en vano dos veces a Kalli para averiguar lo ocurrido.

La falta de información a través de los conductos oficiales y el exceso de agravios en las redes sociales, en donde muchos ya le quieren sacar provecho político al asunto (ventilando incluso elucubraciones sobre la vida privada del mandatario), juegan de nuevo en contra del burgomaestre, a cuyo equipo la concejal Angélica Lozano acusa de —por lo menos— negligencia.

 

La Alcaldía optó por guardar silencio, mientras Kalli divulgó su verdad en los medios de comunicación y con ello afloraron las preguntas. Es cierto que cuando a un contratista se le vence el período de labores para el cual fue vinculado, su contraparte no tiene la obligación de renovar el vínculo de trabajo. También lo es que un alcalde no tiene que estar enterado de la minucia sobre la renovación o no de cada uno de los contratos de prestación de servicios en su gobierno. Pero el silencio de la administración tratándose de un caso que hace varios meses fue ventilado por los medios de comunicación y acaba de ser reencauchado por la protagonista del escándalo puede jugar en contra del mismo Petro. Paradójicamente, el alcalde, tan amigo de comunicar, regañar y controvertir a través de Twitter, podría terminar perdiendo parte de la imagen positiva que tanto le costó recuperar, por cuenta de un debate que sus propios subordinados encendieron a través de esa red social.

Por Redacción Bogotá

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