Bogotá

20 Feb 2012 - 10:00 p. m.

El lío de los escombros

Bogotá produce alrededor de 300 mil toneladas anuales de residuos de obras. Según la Uaesp, hay 602 puntos críticos en los que se dispone de ellos ilegalmente.

Laura Ardila Arrieta

—Lo que pasa es que aquí vino un ingeniero que está haciendo unas excavaciones y me pidió que le guardara una tierra, pero es tierra buena.

Don Jorge Barragán —cabello blanco, bastón en mano— intenta convencer a los funcionarios que han llegado a inspeccionar el terreno que administra de que allí no funciona una escombrera ilegal.

Pasada la una de la tarde, un inusual sol canicular se levanta sobre la vereda Olarte del pueblito de Usme, a más o menos una hora de Bogotá. Hasta allí han llegado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Alcaldía local para sellar el lugar que funciona justo al lado de la escuela rural. Son en total siete funcionarios, en cabeza del abogado José Domingo Abello, por parte de la CAR, y del alcalde local, Jhon Fredy Vargas.

—¿Usted sabía, don Jorge, que la disposición de escombros se convirtió en delito, según el nuevo Código Penal? ¿Usted sabe, don Jorge, que hoy no sólo se le va a hacer el sellamiento, sino que además tendremos que compulsar copias de esta actuación a la Fiscalía para que lo investigue? —pregunta el abogado Abello al hombre, que luce confundido.

Don Jorge vuelve a insistir en la historia del ingeniero y de la tierra buena, pero enseguida otro de los expertos de la CAR interviene para comentar que, aunque tendrá que hacer más pruebas, es evidente que el terreno que cuida el viejo está invadido de escombros. Hay varias montañas de no más de un metro de alto en el lugar que a simple vista podría compararse con una cancha de fútbol. Es arena mezclada con basura, como plásticos y pedazos de hierro. Ciertamente, esta no es ninguna tierra buena.

La escena tuvo lugar el pasado viernes, en medio de un operativo de control a la disposición de escombros y a la minería ilegal en toda la zona rural de la localidad de Usme.

José Domingo Abello explica que el asunto de los escombros, que tradicionalmente había afectado al Norte, se desplazó hacia Usme. Y, en general, ya invadió la reserva forestal de los Cerros Orientales.

Los escombros son, sencillamente, aquellos residuos que dejan las obras civiles, y su problema radica en que Bogotá, en donde hasta el año pasado había más de 100 frentes de obra abiertos, cuenta apenas con dos escombreras legales para disponer de ellos de manera adecuada. Se trata de La Fiscala, en la vía a Usme, que según las autoridades pertenece a la empresa privada Cémex, y de Cantarrana, también en el Sur, de un particular llamado Juan Esteban Piñeros.

Estas escombreras cobran entre $80 mil y $150 mil por cada carga de volqueta que se dispone en el terreno. La invasión de residuos de este tipo en los cerros, algunas vías, veredas y humedales, como el Torca Guaymaral, evidencian que no todos están dispuestos a pagar lo establecido. Por un precio menor, esta basura es entregada a escombreras ilegales que, por supuesto, no disponen de ella de la manera más adecuada para el medio ambiente.

La Secretaría de Ambiente dice que hay más de 40 sitios en toda la ciudad en los que se estarían disponiendo los escombros de manera ilegal. La Corporación Autónoma Regional, por su parte, asegura que tiene identificados 105 puntos. Sin embargo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) —encargada de la recolección de los escombros domiciliarios— detalla que son 602 los puntos críticos convertidos en botaderos.

Cifras de la Uaesp correspondientes a 2011 señalan que anualmente la capital produce unas 300 mil toneladas de escombros. La disposición inadecuada de esta tierra mezclada con residuos termina acabando con la flora, genera lixiviados y cambia morfológicamente los terrenos, aumentando su cota (altura). Cerca a las rondas de los ríos la consecuencia más nefasta se llama inundación.

Aunque lo ideal sería que el Distrito contara con su propia escombrera, la Secretaría de Ambiente no tiene tal empresa entre sus proyectos. En abril del año pasado la entidad emitió una resolución (la 2397) para regular el manejo y el aprovechamiento de escombros en la ciudad. Un paso pionero en el país, en donde hasta el momento no se había reglamentado el tema.

La norma de la Secretaría obliga a las empresas productoras de escombros a aprovechar sus residuos e insiste en la adecuada disposición de los mismos. La secretaria del despacho, Margarita Flórez, comenta que, no obstante, el asunto se complica frente al negocio de los ilegales, que estarían cobrando unos $30 mil por camión de escombros.

Ilegales como el tal ingeniero que le pidió a don Jorge Barragán que le guardara una “tierra buena”. En contra de estos personajes, la CAR tiene abiertos 105 procesos sancionatorios. La Secretaría de Ambiente otros 30.

Cultivos con tierra de residuos

Uno de los problemas que genera la eliminación inadecuada de escombros y basuras es que los terrenos son utilizados luego para sembrar productos que se contaminan con la descomposición de los desechos. Ayer, la CAR realizó un operativo en el sector de Guaymaral, a donde llegan volquetas cargadas con residuos provenientes de distintas obras del norte de la ciudad. La corporación encontró un nuevo lugar destinado al depósito ilegal de escombros en la finca La Toscana, donde entregaron la orden de suspensión de estas actividades. Sin embargo, las alcaldías locales son las encargadas de hacer que se cumpla esta medida preventiva, por medio de la Policía de su localidad.

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