Bogotá

21 Aug 2013 - 10:00 p. m.

El lío por la compra de 278 buses

La compra de 278 buses del Transporte Público Colectivo por $21.965 millones tiene enfrentados a la Contraloría de Bogotá y a los funcionarios de la entidad distrital.

Verónica Téllez Oliveros

 Para el ente de control en la adquisición se incumplieron normas que podrían tener consecuencias disciplinarias, además de la posibilidad de poner en riesgo los dineros públicos invertidos. A mediados del primer semestre del año pasado unos 278 buses del tradicional Transporte Público Colectivo habían cumplido su vida útil de 20 años de trabajo y sus antiguos conductores estaban de manos cruzadas, pues los tenían parqueados esperando que los nuevos operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) compraran estos vehículos, ya fuera para su chatarrización o para repararlos y ponerlos a rodar.

Sin embargo, quienes se habían comprometido a comprar estos vehículos eran en su mayoría pequeños transportadores que se habían asociado en las firma Coobus, para hacer parte del grupo de 9 operadores del SITP. El problema es que esta cooperativa tenían un hueco fiscal de más de $80 mil millones para cumplir con su proceso de implementación del sistema, que incluía la compra de los buses viejos.

Como no había operadores que pudieran o quisieran comprar los buses, y la administración no tomaba cartas en el asunto, los transportadores sintieron que la Alcaldía les incumplía el pacto acordado en 2010, mediante el cual el entonces alcalde Samuel Moreno se comprometió a ayudar a los antiguos transportadores con la compra de sus buses para chatarrizar. Una negociación producto del paro de transportes que duró cerca de cuatro días.

“Como los propietarios de los 278 buses se nos estaban quedando parqueados y sin plata para poder vivir, tuvimos que perdirle al alcalde Gustavo Petro que nos respondiera y comprara los buses”, dice el líder de transportadores Alfonso Pérez. De hecho dentro de estas presiones estuvo una nueva amenaza de paro.

Finalmente, el 18 de julio de 2012 y para evitar trastornos debido a las presiones de paro, el Distrito aceptó hacer la compra para chatarrización de los buses y aclaró que lo haría con dineros del Fondo para el Mejoramiento de la calidad del Servicio, y efectuó la adquisición entre octubre y diciembre de 2012.

Hoy este es el punto de la discordia entre la Secretaría de Movilidad y la Contraloría. El órgano de control dice que la entidad distrital cambió la destinación específica de los dineros de este fondo, pues no deben usarse para comprar “vehículos vinculados al SITP, para luego hacerse acreedor de las rentas”, pues el objeto del Fondo es “la compra de buses del transporte Público Colectivo para su desintegración física”.

Sin embargo, la subsecretaria de Movilidad, Constanza García, explica que la entidad está segura de no haber cometido ninguna irregularidad pues cada uno de los vehículos adquiridos fueron del transporte público, cumplieron su vida útil y fueron desintegrados, de manera que se cumple lo ordenado en el artículo 24 del decreto 309, que se refiere a la chatarrización de los buses.

La funcionaria añade que los actuales operadores de esos buses, en su mayoría pertenecientes a los operadores del SITP Coobus y Egobus, le cedieron el costo de las rentas que originan estos buses. Rentas que, según los contratos del SITP, se deben pagar por 24 años a los antiguos propietarios. “Lo que hicimos fue darle salida a esos carros que ya tenían 20 años y no podían operar, cuando además, tampoco arrancaba la operación del SITP”, añade García.

Sin embargo, la Contraloría insiste en que posiblemente habría incidencias disciplinarias en la Secretaría al haber incumplido normas y faltado al principio de planeación pues no se ha tenido en cuenta el procedimiento para la recuperación de las rentas que origina la adquisición.

vtellez@elespectador.com

@VeronicaTellez

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