El plan para evitar otro carrusel de la contratación

Con el fantasma del carrusel de la contratación a cuestas y la responsabilidad de ejecutar buena parte de los $43 billones que el alcalde, Enrique Peñalosa, quiere invertir en obras viales, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha emprendido una cruzada para blindarse contra la corrupción. Son varias las medidas que ya ha tomado: la creación de un tipo único de pliegos de licitación, para evitar que sean manipulados, y la construcción de una sala de digitalización de los documentos de los proponentes, entre ellas.

Pero las acciones no terminan ahí. Este año, Yaneth Mantilla, directora de la entidad, tiene como reto seguir implementando otras estrategias que ya están planteadas. Sobre todo, en el IDU tienen claro que hay que aprender de los errores pasados.

En efecto, esa entidad estuvo en el centro de la corrupción durante el carrusel de la contratación, sucio episodio en el que políticos, funcionarios y contratistas se amangualaron para desfalcar el erario bogotano. Hoy, Liliana Pardo, quien fue su directora durante la alcaldía del condenado Samuel Moreno, es prófuga de la justicia, procesada por, supuestamente, haber favorecido el otorgamiento al Grupo Nule de los contratos de la fase 3 de Transmilenio. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)

Para que esa historia no se repita, una de las estrategias claves ha sido la estandarización de las distintas etapas del proceso de contratación, para evitar que sea manipulado a punta de sobornos y se adjudique a dedo. Se estructuró, entonces, un pliego tipo, es decir, estándar, para cada proceso: consultoría, interventoría y obra. Asimismo se unificaron los criterios de los comités que califican a los proponentes. Es decir, las propuestas de las obras se evaluarán con el mismo rasero.

Es una estrategia clave. La corrupción anida en la manipulación de los procesos. Una encuesta sobre la percepción de la contratación pública en Colombia, financiada en 2015 por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y que hizo sondeos entre constructores, consultores y concesionarios, reveló que el 50 % de los miembros de estos grupos creen que los procesos de contratación suelen terminar con un solo proponente habilitado para quedarse con el contrato. (Lea: Tras nexos entre Odebrecht y el carrusel de la contratación)

Y cuando les preguntaron por qué se da tal situación, la respuesta más recurrente (27 %) fue que se debe a que “los contratantes dirigen los pliegos para contratar a sus amigos políticos o para beneficiar a particulares”. En esa misma encuesta, el 21 % de los participantes señalaron que para revertir esa modalidad de corrupción es necesario, como lo está haciendo el IDU, que “se estandaricen los procesos de competencia y los pliegos”.

Otra de las acciones implementadas el año pasado fue la sala de digitalización, construida en el segundo piso de la sede de la entidad, en el centro de Bogotá. Allí se dispuso la tecnología para digitalizar las propuestas de los oferentes apenas las presentan y de ese modo evitar que sean manipuladas. De paso, en la web se habilitó un sitio para que cualquier persona pueda acceder a las propuestas.

Y para evitar las relaciones malintencionadas entre proponentes y funcionarios, la entidad suscribió un pacto de transparencia y confidencialidad con sus empleados y oferentes. Se les trazó un código de conducta que prohíbe y sanciona, por ejemplo, los almuerzos por fuera del trabajo entre las dos partes.

Por ahora, el rigor de estas acciones no ha espantado a los oferentes. Por ejemplo, de un promedio de 20 que se presentaban en 2015 para licitaciones de mantenimiento de malla vial, se pasó a 54 en 2016. Y aunque esto no es una garantía total, es claro que si hay más ofertas es más difícil que se tramen pactos de corrupción entre quienes pretenden quedarse con los contratos.

También está en marcha la implementación de otras estrategias: blindar con el anonimato a los evaluadores, para que no puedan ser contactados y no se les ofrezcan sobornos; suprimir trámites y demoras innecesarias en los procesos, y separar los roles de los funcionarios: que quienes estructuran los pliegos de condiciones de las licitaciones sean distintos a quienes evalúan las propuestas.

En el IDU también están estudiando los fallos condenatorios por casos de corrupción y las decisiones de los tribunales de arbitramento, así como las suspensiones de los contratos y los procesos sancionatorios a los contratistas. Todo esto con el fin de aprender lecciones que eviten incurrir en errores pasados. Incluso se están instalando cámaras en las obras para monitorearlas y hacer el seguimiento de su avance. Así pretenden evitar retrasos que han generado trauma en la ciudad, como el del deprimido de la calle 94, que empezó a construirse en 2005 y todavía no está listo.

Ahora, Bogotá espera que la estrategia anticorrupción funcione. Con la responsabilidad de ejecutar un presupuesto multibillonario, en el IDU saben que las condiciones que le sirvieron de nicho para el carrusel de la contratación no pueden repetirse.