Bogotá

31 Jul 2010 - 9:00 p. m.

El problema de la seguridad urbana

La formulación de una política nacional de seguridad ciudadana, el gran reto del gobierno de Juan Manuel Santos.

Santiago La Rotta

Andrés Restrepo: Yo quiero comenzar por hacer un ejercicio de clasificación histórica. Con Antonio coincidimos en el proceso de reinserción de los años noventa, que es cuando llegan a Ciudad Bolívar los desmovilizados y ahí se da un proceso de organización social muy intenso alrededor de las políticas de vivienda, de infraestructura. Esto genera unas reservas sobre lo que sucedía en el sur de la ciudad en 1991, 92, 93 y 94. En 1994, que es cuando empieza a vislumbrarse ese proceso de autodefensas, esos territorios a donde llegan los desmovilizados con acción política importante son mirados con mucha reserva por quienes tienen una perspectiva política distinta. Empieza a suceder en Ciudad Bolívar lo que después en el país se replicó como paramilitarismo: miedo de que ciertos sectores de la ciudad fueran cooptados por un pensamiento distinto. A finales de los noventa aparece un intento de formar una herradura de protección alrededor de la capital. Estamos hablando de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Esta tarea era realizada por Miguel Arroyave: una barrera contra la expansión insurgente desde el Sumapaz. Esa situación generó las condiciones de explosión que le tocó vivir al ex alcalde Garzón en 2004 y 2005. El año más crítico en esa zona de la ciudad fue 2005, coincidente con la clara evidencia de reorganización que se dio a la muerte de Arroyave. En esa época, Ciudad Bolívar ocupaba el primer puesto en las estadísticas de homicidios. Hoy está ocurriendo un fenómeno parecido, pero creemos que las razones son diferentes.

Antonio Sanguino: Desde 2006-2007 han empezado a aparecer síntomas de una variación en las condiciones de la seguridad urbana. La seguridad urbana representa un vacío en lo que se ha llamado la Seguridad Democrática, que para mí no es una política publica de seguridad, sino, sobre todo, una estrategia contrainsurgente. En el caso de Bogotá, quizá con menos gravedad que en otras ciudades del país, empezaron a aparecer nuevas complejidades en el fenómeno de la seguridad urbana que se derivan, fundamentalmente, de un proceso de desmovilización mal hecho con las Auc. En  Bogotá sabemos que tuvimos estructuras paramilitares, de existencia pública, que no se desmovilizaron y que hoy no sabemos cuál fue su suerte. Un ejemplo, las autodefensas de Martín Llanos que no hicieron parte del Pacto de Ralito. ¿Dónde están los combatientes?

Hay indicios de la presencia de estos grupos que están alterando los clásicos indicadores de seguridad en la capital. Yo creo que el homicidio, en algunos casos, está vinculado a la existencia de estos grupos. Quizá no estamos en presencia de ejércitos dominando territorios, pero sí de algunos brotes que, creo, invitan a repensar el problema de la seguridad en Bogotá, que hasta ahora hemos venido tratando con unas medicinas…

A.R.: Entonces buscar otras...

A.S.: Buscar otras que fortalezcan lo que estamos haciendo. Yo creo que es equivocado romper la tradición de la política de seguridad de Bogotá. Me parece que lo más aconsejable es incorporar nuevos medicamentos para estos nuevos síntomas.

Rubén Darío Ramírez: Lo primero que uno tiene que decir es que Bogotá, sin ninguna otra pretensión de la realidad, es la ciudad mejor blindada ante el desbarajuste que tuvo la Seguridad Democrática desde lo rural hacia lo urbano. Si usted observa Medellín, que pasó de una tasa de 45 homicidios por 100 mil habitantes a 93 por cada 100 mil en un año, simplemente le dice que la Seguridad Democrática, que era un proceso de contención de los grupos insurgentes y del proceso de justicia y paz con los paramilitares, rápidamente es desbordada por la realidad que se trasladó a las ciudades, que no tenían un blindaje integral, como sí lo tiene la capital. Ahora, si se tiene la visión de los paramilitares como un grupo con control territorial, social, económico y político (que fue lo que se dio con la parapolítica), esto no sucede en Bogotá, como sí pasa en otras ciudades: uno ve las masacres en Montería, Sincelejo, los problemas de Medellín…

A.S.: Yo matizo un poco lo que ha dicho Rubén. Me parece que no es correcto ni decir que Bogotá está paramilitarizada o copada por parte de grupos emergentes (me parece que esa es una afirmación tremendista), como tampoco me parece correcto minimizar los síntomas de las complejidades de los fenómenos de violencia. Lo más correcto es advertir que están ocurriendo mutaciones. Esas mutaciones se deben, primero, a una creciente presencia del microtráfico: Colombia comenzó a construir un mercado interno de consumo de la droga, sobre todo en las grandes ciudades. Es un fenómeno nada despreciable y es un dato nuevo de la realidad de la capital.

El segundo dato nuevo es el traslado de las vendettas de los entornos de la ciudad a ésta como tal. Yo creo que en el narcotráfico el papel que Bogotá cumple no es solamente el del aeropuerto El Dorado. Acá hay inversiones gigantescas de recursos del narcotráfico que todavía no hemos desvelado. Ahora, para estos tipos de violencia, que se mezclan con los fenómenos de inseguridad tradicionales, debemos tener políticas de seguridad reactiva, como ley zanahoria, programas de desarme, en fin, pero también deberíamos tener políticas duras para enfrentar fenómenos de violencia intencional. Y esto último requiere un esfuerzo enorme en inteligencia y de concurrencia de la Nación. Ese es el gran desafío que tiene Santos: la seguridad urbana.

A.R.: Yo creo, desarrollando la idea de Antonio, que hay insumos para lograr esto. En Colombia, a diferencia de otras partes de América Latina, no hay una política nacional de seguridad ciudadana. Acá hay políticas urbanas de seguridad porque se han venido dando esos feudos de gestión institucional. Sin embargo, sí hay insumos de los cuales se puede nutrir esa discusión. Ahora, una política nacional debe respetar las miradas locales, porque cada realidad es diferente, cada ciudad entiende diferentes los fenómenos de gozo, como la rumba, por ejemplo. Y también debe considerar si la normatividad vigente responde a las nuevas realidades. En este punto nosotros pensamos que esto no sucede: seguimos atascados en las discusiones sobre el Código Nacional de Policía, que es de los años setenta y que contempla en su parte sancionatoria multas tan ridículas que, para quien esté metido en la ilegalidad, le resulta más barato pagar que hacer las cosas dentro del marco de la ley.

R.D.R.: En el primer semestre del año pasado tuvimos 74 muertos por delincuencia común y disputas de microtráfico; este semestre hubo 133. Esas expresiones lógicamente hay que tenerlas en cuenta. Lo que vemos, y estamos de acuerdo con Antonio, es que la ciudad no está cercada: son expresiones a las que hay que hacerles seguimiento. Pero eso no nos puede ocultar el hecho de que hay unas problemáticas muy centradas, como el microtráfico. Sucede en la ciudad, pero su manejo es disperso: la persona que usted encuentra vendiendo en Ciudad Bolívar no es la misma que hay en Suba, como tampoco se traslada la pandilla de un lado al otro. Ese blindaje, que no permitió la entrada de la guerrilla o del paramilitarismo a la ciudad, resulta en el afianzamiento de poderes locales.

A.R.: Yo quisiera resaltar por último, de cara a la discusión de esa política de seguridad nacional, el tema de las libertades. En aquellos países en los que han optado por el cierre de las libertades para garantizar seguridad, se han generado condiciones de aparición de nuevas formas de violencia. Entonces, la pregunta es ¿cómo garantizar seguridad en las ciudades, al mismo tiempo que se garantizan libertades?

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