En la ciudad hay 1.164 hectáreas afectadas por la actividad minera. Según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la explotación propiamente dicha se realiza en 107 predios. De éstos, sólo siete cuentan con todos los permisos necesarios para ejercer estas explotaciones.
La minería urbana en Bogotá se adelanta en dos frentes: fabricación de ladrillos y explotación de grava, que a su vez es utilizada para producir cemento; en la capital no existen minas de carbón, metales (como el oro) o piedras preciosas. Sin embargo, a juicio de expertos en el tema y de concejales como Carlos Vicente de Roux, la actividad minera en la ciudad es la de mayor envergadura en Latinoamérica, en comparación con las demás capitales del continente.
La SDA ha expedido 96 medidas preventivas en contra de los mineros ilegales. “La medida preventiva es un acto administrativo que tiene por objeto impedir que la actividad se siga desarrollando, para que los daños cesen”, explica Alexandra Lozano, directora legal de la Secretaría.
Sin embargo, sólo en este mes, la Secretaría ha efectuado el cierre de cinco ladrilleras en la localidad de Usme —la que más agrupa este tipo de actividad minera—, que tenían medidas preventivas vigentes desde 2005 y que, a pesar de esto, continuaron con la fabricación de ladrillos. Lozano advierte que son las alcaldías locales las encargadas de hacer efectiva la medida. “Hemos visto que los mandatarios se preocupan por este tema y en localidades como Ciudad Bolívar o Engativá hay gran actividad alrededor de esta problemática”, añadió la funcionaria.
Sólo en la localidad de Usme existen 35 ladrilleras. De acuerdo con los cálculos de la SDA, cada una de estas industrias puede tener ganancias mensuales de casi $30 millones. Los cinco establecimientos que fueron sellados recientemente por la autoridad ambiental se encontraban ubicados en el parque Entrenubes, un área de 600 hectáreas, de las cuales 320 son propiedad de la ciudad, ubicado entre las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme; el parque es considerado área protegida.
En el frente de las industrias que extraen gravilla, en junio de este año las empresas Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio fueron instadas, mediante una medida preventiva, a detener sus actividades en la cuenca del río Tunjuelo, en el sur de la ciudad. Desde entonces, según Lozano, las tres compañías han entablado un diálogo con el Distrito para resarcir los daños que sus actividades han causado y, así, lograr el levantamiento de la medida. “Se han realizado varias reuniones en la Secretaría, en la Procuraduría y hemos llegado a la conformación de tres mesas técnicas para solucionar los problemas que se generaron con la explotación en el Tunjuelo”, afirmó la directora legal de la SDA.
En los próximos dos meses se conocerá el desenlace del proceso administrativo que les fue abierto a estas empresas, en el cual, de ser halladas culpables, se les podría sancionar hasta con $2.500 millones.