Once jóvenes fueron capturados e imputados por la Fiscalía por presuntamente planear y ejecutar al menos 12 actos vandálicos en diferentes sectores de la ciudad entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Sin embargo, cuatro congresistas del oficialismo piden garantías en el proceso penal y el derecho a que enfrenten el proceso en libertad. ¿Cuáles son las razones?
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El 12 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, presentaron ante la opinión pública el resultado de once personas capturadas mediante orden judicial -entre ellas una mujer- por supuestamente haber vandalizado estaciones de Transmilenio, buses del SITP y atacar con elementos a la fuerza pública.
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Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, fue la encargada de presentar el material probatorio recolectado por la Sijin durante un año de investigación, que según indicaron, incluyó más de 4 mil horas de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, 18 noticias criminales, 6 declaraciones juradas y extracción de información de diferentes perfiles en redes sociales y un agente encubierto.
“Los panfletos que repartían tenían los colores rojo y negro y una marca de agua de la figura de Camilo Torres. Nos puede concluir que puede estar al frente el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln (...) Ellos mismos, en sus redes sociales, publicaban estos hechos vandálicos y pudimos caracterizarlos por las máscaras overoles, capuchas o hachas”, detalló el general Cristancho.
En los apartes de la audiencia, el ente acusador describió otros hechos en los que al parecer Sneider Sebastián Cantor Cortés, participó atacando una patrulla de la Policía. “Golpea el automotor con un casco y con este mismo agrede físicamente a la altura de la espalda al comisario. En este evento también participa, Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri, quien con un extintor golpea al automotor y agrede físicamente en el brazo izquierdo al patrullero”.
Frente a los demás procesados, la Sijin destacó que Juan Sebastián Manios Lozano, Camilo Andrés Portilla Castañeda, y Omar Millet Araya Romero, eran los presuntos coordinadores de los actos vandálicos, encargándose de llevar elementos como gasolina o material explosivo, para luego lanzarlos. Entre tanto, Silva María Pinzón Camargo, Cristhian Camilo Medina Rojas, Daniel Felipe Pulido Sarmiento, Brian Stiven Valderrama Cubides, Lennet Steven Mestra Montes y Sebastián Castellanos Díaz, fueron señalados como los determinadores.
“Bajo el mando del líder del movimiento radical ‘PPP’ (Sneider Sebastián Cantor Cortés) fabricaban artesanalmente los elementos peligrosos, para luego ser lanzados en los actos violentos. Incluso alias ‘Guru’ (Valderrama Cubides) perdió tres dedos de su mano izquierda mientras fabricaba una papa bomba al interior de la Universidad Nacional”, indicó la Policía de Bogotá.
Si bien la Policía estableció que estas personas presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), ninguna reposa con condenas anteriores, de acuerdo con consultas hechas en la Rama Judicial.
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Por todo lo anterior, la Fiscalía les imputó los delitos de terorrismo, concierto para delinquir; incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo, de las Fuerzas Armadas o explosivos. Todas las conductas agravadas.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron enviados a la cárcel como medida preventiva mientras enfrentan el proceso penal.
Para el alcalde Galán, este fue un resultado contundente y el primero de muchos para garantizar el orden público en la ciudad. “Es una demostración de que en Bogotá quien crea que con hechos de vandalismo va a quedar impune, se equivoca. Vamos a perseguir a todos aquellos que pongan en peligro los derechos de los demás. Ya hay una segunda fase de investigación para identificar a todos los responsables”.
La carta
Mientras la investigación penal transcurre, desde la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad del Congreso de la República, expresaron sus serias preocupaciones por la tipificación de los delitos y la recopilación de pruebas.
A través de un comunicado, cuatro congresistas del Pacto Histórico (Robert Daza, Alirio Uribe, Gabriel Parrado y Pedro Suárez), firmaron la misiva donde aseguraron que “se distorsionaron los hechos” e incluso mencionaron que “estos jóvenes han sido parte de diversas expresiones populares, víctimas de hostigamiento y que frecuentan los escenarios de participación de la Comisión”.
En diálogo con este diario, el senador Robert Daza, aclaró que el objetivo del comunicado es solicitar garantías y respeto por el debido proceso, primando la garantía de ejercer su defensa en libertad. “Los presentan como terroristas e integrantes de bandas criminales, sometidos al escarnio público sin siquiera surtirse el proceso de acusación o condena”.
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Frente a las inconsistencias que encontraron, señaló, está el uso de un agente encubierto. “Fueron inducidos y este agente es quien les suministraba trasporte y elementos para que fueran a las protestas o tropeles como ellos dicen. ¿Cómo en vez de garantizar que esto no suceda, permiten todo lo contrario? Además, criticamos esa tipificación del delito de terrorismo. Es una inflación punitiva. Ellos y sus familias están asustados”.
Sobre este comunicado, el alcalde de Bogotá, defendió la investigación a cargo de la Fiscalía y la Sijín. “Es un proceso sólido y juicioso. No tienen conocimiento. Y repito, no vamos a permitir que quienes actúan con terrorismo, queden en la impunidad”, sentenció Galán.
Es bien sabido que el delito de terrorismo, en casos de protesta social, hace parte de los delitos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, así como en la cancha política, judicialmente también se discute que, en ciertos casos, podría configurarse más bien el delito de asonada: una manifestación que termina en hechos de violencia con lanzamiento de objetos peligroso u obstrucción de vías.
De acuerdo con datos históricos de la Fiscalía, entre enero de 2000 y febrero de 2018, se aperturaron 1.047 procesos judiciales por rebelión y terrorismo a jóvenes entre los 15 y los 25 años. De estos, en su mayoría quedaron en etapa de investigación (4.911) e indagación (4.155). Solo 491 llegaron a etapa de ejecución de penas.
Un panorama donde en Bogotá, de acuerdo con datos entregados por el Distrito al concejal Julián Uscátegui, entre enero y octubre de 2025, se han registrado 1.559 movilizaciones, de las cuales 72 derivaron en actos vandálicos que requirieron intervención de la Fuerza Pública. En estos hechos, 101 personas resultaron lesionadas, de las cuales 71 eran ciudadanos, contratistas o integrantes de la Fuerza Pública y 1.500 buses públicos fueron vandalizados.
Si bien los hechos de vandalismo son un panorama complejo no solo para la garantía de seguridad de los habitantes, sino para las mismas arcas de la Alcaldía, quien prioriza la identificación de quienes lo cometen, defensores de derechos humanos insisten en las garantías del proceso cuando de judicializaciones se trata. Por ahora, el proceso penal contra los once jóvenes continúa bajo su privación de la libertad en la URI de Puente Aranda, de acuerdo con el senador Daza.
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Por María Angélica García Puerto
