Habitar en contextos de violencia es una problemática que padecen miles de ciudadanos en Bogotá, como lo indican las cifras: a diario, al menos 123 personas denuncian ser víctimas de violencia intrafamiliar. Se sabe que los casos han aumentado un 22 % este año, con más de 23.000 registros en el primer semestre. No obstante, el subregistro oculta una realidad que crece en los hogares capitalinos. Y con ese aumento sube la presión sobre las comisarías de familia, que requieren ampliación de cobertura y una mejora en el servicio.
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Las comisarías tienen su primer antecedente en el Decreto 2737 de 1989. Nacieron como centros especializados, en los que un comisario y su equipo podían mediar en conflictos familiares, desahogando el colapsado sistema judicial. Fue tal su papel, que gracias al Acuerdo 10 del Concejo, Bogotá pasó de tener seis comisarías en 1990 a 25 en 1995. La idea era tener, al menos, una por localidad (había una por cada 224.000 habitantes).
Desde entonces, en 30 años y con una población que llega a los ocho millones, la ciudad tiene 36 comisarías (23 fijas, 10 semipermanentes, dos móviles y una rural), lo que equivale a una por cada 210.000 bogotanos. Hoy el plan de la administración de Carlos Fernando Galán es ampliar la cobertura a 67 comisarías físicas. El problema es que ni siquiera así Bogotá cumpliría el estándar mínimo, pues la Ley 2126 de 2021 recomienda una comisaría por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a que la ciudad necesita mínimo 80. Hacer el esfuerzo de llegar a esa cifra es lo que se propone desde el Concejo.
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Problemas con las comisarías
Estas se constituyeron para velar por los derechos de las víctimas, y a lo largo de su historia han pasado por una serie de cambios y cuestionamientos. Primero dependían de la Secretaría de Gobierno, y hoy están bajo el manto de la Secretaría de Integración Social, y están en proceso de pasar a jurisdicción de la cartera de Seguridad. En cuanto a sus funciones, después de la Ley de 2021, tienen la facultad de emitir órdenes de alejamiento, suspensión de la vida en común, definición provisional de la custodia de los hijos, entre otras. Es en su ejercicio que han sido objeto de señalamientos, algunas, por falta de reacción o decisiones erradas.
Y esto se podría deber a exceso de carga, por el aumento de la violencia intrafamiliar. Una abogada de una comisaría, que prefirió reservar su identidad, cuenta que en solo seis meses ha sido trasladada a tres localidades, debido a lo complejo que es atender el volumen de casos, bajo un esquema que encabeza el comisario. Entró a trabajar tras haber participado en un concurso de méritos a finales del año pasado y se posesionó en enero de 2025.
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“No exigían especialización en familia, ni me brindaron capacitación. Me entregaron expedientes y me enviaron a audiencias. Tocó prácticamente aprender a las patadas”, dice.
Este panorama llevó a la bancada del Partido MIRA, en el Concejo, a recalcar la necesidad de reforzar la cobertura de las comisarías, aun por encima de la meta trazada por el Distrito, teniendo en cuenta el aumento de las denuncias y que las principales víctimas son mujeres y menores de edad. Datos de la Secretaría de Integración Social indican que siete de cada 10 víctimas que acuden a una comisaría son mujeres entre los 27 y 59 años.
“De hecho, con corte a junio de 2025, esta cifra asciende a 13.474 (70,4 %). El impacto en niñas, niños y adolescentes es igualmente grave: estos representaron el 34 % de las víctimas atendidas en el primer semestre de 2025 (6.475 casos). Esto demuestra que las comisarías de familia son esenciales para proteger la integridad del núcleo familiar”, indicó la bancada, que radicó el proyecto de acuerdo para reforzar la acción de las comisarías.
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Tecnología y calidad del servicio
El proyecto apunta a llegar a 80 comisarías y pone sobre la mesa la creación de un servicio virtual, aprovechando la tecnología, para llegar a más personas y descongestionar las sedes. El concejal Samir Bedoya, uno de los estructuradores de la iniciativa, indica: “El proyecto plantea una atención 24/7, especializada y con enfoque de género. Las comisarías de familia podrán salvar vidas. Es preocupante cómo la violencia intrafamiliar en Bogotá también ha llevado a quitar vidas, y la modalidad virtual busca precisamente esta atención oportuna”.
De ahí que en el proyecto de acuerdo se habla de la “Modalidad de comisarías de familia virtual o no presencial”, que prestaría servicio de forma permanente y estaría disponibilidad 24 horas. “La administración distrital reglamentará la operación y el funcionamiento de las mismas”. Aunque el proyecto resolvería a largo plazo el actual problema de la cobertura, lo que aún no resuelve es la calidad del servicio. Tanto por lo que cuenta el personal de estas entidades como los diversos casos de victimización registrados anteriormente en las mismas páginas de El Espectador.
“He hablado con otras compañeras que han vivido situaciones similares, algunas más graves”, añadió la abogada a este diario. Y siguió: “Una colega embarazada casi pierde su bebé por el estrés que vivió en Bosa. Y en Kennedy evidencié al menos a tres funcionarias más en situaciones similares. Lo que quiero es alzar la voz de alerta. No es solo por mí. Muchos no se quejan por miedo a perder el trabajo”.
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Sobre estas situaciones, la Secretaría de Integración Social ha dicho que “estamos mirando cómo poder direccionar sus casos y no promover la revictimización”. Entretanto, el proyecto tendrá su primer debate este mes y se espera buena acogida entre el cabildo, siendo que los derechos de las mujeres, niños y niñas son una de las causas que más han unido y preocupado al cabildo ante el evidente contexto de violencia que se vive en los hogares capitalinos.
Por su papel, reforzar las comisarías de familia, sin duda, es una necesidad. En especial en una ciudad donde la violencia en los hogares crece y se hace indispensable contar cada vez más con equipos especializados para contener su daño.
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Por Juan Camilo Parra
