El pulso por el aseo en Soacha: alcalde se opone a cobro rural aprobado por Urbaser

Acumulación de basuras en calles de Soacha, Cundinamarca.

Foto: Cortesía: Superservicios

Bogotá no es el único ente territorial con problemas para gestionar su servicio de aseo y basuras. Mientras en la capital hacen cuentas sobre cómo se operará este aspecto a partir de febrero, en Soacha la disputa comenzó por el cobro de un nuevo rubro que deberían afrontar los soachunos de las zonas rurales.

En las últimas horas, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, anunció la decisión de no firmar ni respaldar la determinación tomada por la junta directiva del operador de aseo del municipio, Urbaser, respecto al servicio que se brinda a las zonas rurales del municipio.

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De acuerdo con Sánchez, la junta directiva de la empresa aprobó en el último consejo directivo el cobro de una tarifa adicional en la zona rural del municipio. Aunque la empresa cuenta con el 80 % de las acciones y logró sacar adelante la medida, la Alcaldía, que participa con apenas el 20 %, dejó constancia de su voto negativo.

Por otro lado, la alcaldía dijo que no se quedará de brazos cruzados y anunció acciones paralelas para suspender el cobro, al considerar que la decisión se tomó sin estudios socioeconómicos ni análisis de capacidad de pago para cerca de los 8.000 usuarios rurales del municipio.

Para el mandatario, la imposición de esta tarifa no se trata solo de una discusión tarifaria, sino de una decisión que desconoce la realidad económica de la ruralidad de Soacha y puede profundizar tensiones sociales en un territorio históricamente rezagado en cobertura de servicios públicos.

En su pronunciamiento, Sánchez fue enfático en señalar que no se puede trasladar una carga económica a comunidades rurales sin evidencia técnica que sustente que pueden asumirla.

Un desacuerdo que va más allá de la firma

Aunque, debido al porcentaje de propiedad de la empresa, la negativa del alcalde no impide que Urbaser avance en la tarifa, el gesto tiene un peso político y jurídico.

Al no avalar la medida, la administración municipal busca marcar distancia, protegerse institucionalmente y llevar el debate a otros escenarios, como el control ciudadano y las instancias judiciales. En la práctica, es una forma de advertir que la decisión fue adoptada sin el respaldo del gobierno local y que podría ser objeto de revisión.

Asimismo, durante el anuncio de su decisión, el alcalde hizo énfasis en un creciente molestar de los habitantes de Soacha respecto al servicio que presta Urbaser en la limpieza de las calles del municipio.

Urbaser, el operador y su peso en Soacha

Urbaser opera el servicio de aseo en Soacha desde hace más de una década bajo un modelo mixto, como ocurre en la mayoría de unidades territoriales del país.

En este modelo, el municipio es socio minoritario de la empresa, por lo cual la multinacional, dueña del 80 % de las acciones, tiene la potestad no solo ejecutar el servicio, sino también tomar decisiones estratégicas sobre tarifas y cobertura. En la práctica, la Alcaldía acompaña y vigila, pero tiene un margen limitado para frenar determinaciones que considera inconvenientes.

La empresa hace parte de un grupo internacional dedicado a la gestión de residuos y servicios ambientales, con presencia en varias ciudades del país y controlada a nivel global por un fondo de inversión extranjero.

Bajo esta misma línea, lo que ocurre en Soacha no es un caso aislado. En otras ciudades donde opera Urbaser se han registrado quejas ciudadanas, debates en concejos municipales y llamados de atención de autoridades locales por la prestación del servicio, el estado de los rellenos sanitarios o la relación entre tarifa y calidad.

Por ejemplo, en municipios como Montería, Popayán o Tunja, el nombre de la empresa ha estado ligado a controversias similares, lo que refuerza la idea de que el conflicto en Soacha hace parte de una discusión más amplia sobre el modelo de aseo en Colombia.

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