Emergencia por deslizamientos en Bogotá

Desde las cuatro de la mañana de este miércoles, 57 familias comenzaron a ser evacuadas debido a varios deslizamientos de tierra generados a pocos metros de sus viviendas en la Avenida Boyacá con calle 71 sur. Los aludes se originaron por las extracciones de arena y grava que ha realizado durante años la constructora Cemex en los vastos terrenos de Tunjuelito, semejantes a los de un desierto interminable.

Fueron alrededor de dos millones de metros cúbicos de tierra que se deslizaron a la una de la mañana. La única pérdida fue una máquina de la compañía. A pesar de las advertencias de las autoridades para evitar que el suelo se tragara a estas familias, los habitantes del barrio Villa Jacky, de Ciudad Bolívar, no se inmutaron, pues, según decían, necesitaban una solución definitiva y no alternativas temporales.

A medida que avanzaba la mañana, los leves temblores se hacían cada vez más periódicos, los derrumbes continuaron sin afectar —hasta el momento— a ninguna construcción y aumentaba la zozobra a causa de la noche que se avecinaba. En algunos predios las grietas empezaron a pronunciarse en las paredes.

El Departamento de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) y algunos funcionarios de Cemex se apresuraron a ofrecer soluciones temporales. Como responsable de la emergencia, Cemex destinó $400.000 mensuales a cada familia que firmara un compromiso de desalojo y reubicación durante seis meses, mientras se realizaban los estudios para determinar los perjuicios a las viviendas por cuenta de la explotación de arena en la zona.

“¿Y qué van a hacer las personas que viven de sus casas, porque las tienen arrendadas o funcionan como comercios?”, preguntó Ciro Calvo, vicepresidente de la junta comunal de Villa Jacky. “Si tenemos varios hijos —continuó— no va a ser fácil que nos reciban en arriendo”. Los demás propietarios de Villa Jacky lo apoyaron y se negaron a firmar los papeles, con los que recibirían el subsidio de arrendamiento.

En respuesta, Jorge Pardo, subdirector de emergencias de la DPAE, dijo: “Por ahora lo más importante son las vidas de estas personas, pues el riesgo de sus viviendas es inminente”.

Desde el momento en el que se presentó la emergencia se instaló en el barrio un Puesto de Mando Unificado para estudiar el terreno, censar las viviendas y atender cualquier emergencia que se presente. La explotación de arena y grava quedó interrumpida por orden de Cemex y los servicios básicos del sector fueron suspendidos.

Los vecinos caminaban por todos lados a la espera de una solución concreta. En horas de la tarde empezaron a llegar camiones de la Policía que ayudarían con la mudanza. No obstante, en vista de que no querían desalojar el lugar, las autoridades y la compañía constructora acordaron una cita con el alcalde Samuel Moreno para elaborar otras propuestas. Mientras tanto, seguirían evaluando el terreno.