:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/kHCSNcxUwdtg5rjMLqI-w9r_DpQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/BQ7N4DEJHZEL7F7AJJL7BK2TN4.jpg)
El pasado lunes El Espectador reveló un nuevo escándalo alrededor de uno de los contratistas que han protagonizado ‘el carrusel de la contratación en Bogotá’, Julio Gómez. Se trata del incumplimiento en la construcción de una planta para la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), ordenada por el entonces gobernador Pablo Ardila en 2005 y que fue entregada, con serias deficiencias, en 2010. La edificación fue desechada por la empresa y entregada al Fondo de Pensiones del departamento para aliviar, en parte, el pasivo pensional de la ELC.
En 2011, cuando el gobernador era Andrés González, el acuerdo entre la ELC y el Fondo de Pensiones contemplaba que este último sacaría un usufructo del arriendo del predio que se gestionaría a través de la inmobiliaria del departamento. Sin embargo, en agosto de 2012, cuando ya estaba Álvaro Cruz al mando de Cundinamarca, nadie se había interesado en la bodega. Es por eso que el gobernador actual decidió, mediante ordenanza aprobada por la Asamblea departamental, permitir la venta. Al tiempo, la ELC mantiene una demanda contra el contratista y la compañía aseguradora por un monto de $12 mil millones por el incumplimiento de la obra, que en total, costó $64 mil millones.
Uno de los principales interrogantes que genera este enredado proceso es si, en vez de vender el predio construido en Cota, no hubiera sido más rentable para la ELC trasladar sus instalaciones allí y vender la sede del centro de Bogotá que, de acuerdo con los estudios de 2005, en los que se fundamentó la construcción de la nueva planta de Cota, no cumple con las condiciones medioambientales y sanitarias, no tiene capacidad de almacenamiento, tiene un mantenimiento muy costoso y, a largo plazo, implica que la empresa deje de ser competitiva.
Para el gobernador Álvaro Cruz esa alternativa no es posible. “Yo no puedo modificar la escritura pública que dejó el anterior gobierno. La decisión de cederla bodega para aliviar, en parte, el pasivo pensional que ascendía a $190 mil millones está en firme”. Y añadió que, para agilizar ese proceso y evitar que la ELC siga incurriendo en los gastos de mantenimiento de la bodega ($40 millones mensuales), ordenó que se vendiera el predio y no sólo se dejara la posibilidad de arrendarlo, como estaba estipulado en un comienzo.
Ese proceso de venta, que se haría por $71 mil millones según el último avalúo hecho por la inmobiliaria departamental, fue aprobado por la junta administrativa del Fondo de Pensiones el pasado 11 de marzo. De acuerdo con fuentes de la inmobiliaria, en marzo de este año se abrirá la convocatoria pública para la venta del predio.
Por otro lado, según Carlos Alberto Meza, actual gerente de la ELC, ese traslado costaría $40 mil millones y, además, no es necesario, pues ya existe un plan para que la empresa cumpla con la normatividad sanitaria y ambiental. Por otro lado, el mismo funcionario sostiene que no es necesario aumentar la producción, pues la demanda de aguardiente, el principal producto de la ELC, ha ido en descenso por el contrabando de licores extranjeros y el crecimiento exponencial del consumo de cerveza. Además, afirma que sacar la empresa de la capital implicaría que no se pueda sostener el monopolio de la distribución en el departamento, una de sus principales funciones.
Meza sostiene que a pesar de que la obra (que costó $69 mil millones, contando adiciones presupuestales, estudios, compra de predios y otros gastos administrativos) no se ha vendido, no hay un detrimento patrimonial para la ELC ni para el Fondo de Pensiones, aun cuando está desembolsando mensualmente el costo del mantenimiento de la edificación y no hay rentabilidad alguna.
“Esa es una zona en la que la propiedad no perderá valor. El crecimiento industrial en Cota hace que se a muy atractiva y, además, si sumamos lo que implica el valor de la venta y lo que ganaríamos si nos dan la razón con la demanda contra el contratista y la aseguradora, habría un margen de ganancia para el departamento”, afirma Meza.
Por ahora, la empresa está pensando en mantener la participación del 18% en el mercado de los licores nacionales con las adecuaciones que se le harán, de aquí a 2018, a la planta que está ubicada en el centro de Bogotá. Según su gerente, se cumplirá con la normatividad sanitaria y ambiental antes de que sufra cualquier tipo de sanción. Y, pese a las malas decisiones que se tomaron en el pasado, quiere seguir siendo la única empresa de licores departamental que no registra pérdidas anuales y mantener el buen nombre que estuvo en peligro con este escándalo.