Bogotá

26 Feb 2012 - 7:31 a. m.

Empresas de aseo estarían cobrando a más usuarios de los que reportan

El exdirector de la Unidad de Servicios Públicos, Juan Carlos Junca, dice que serían 200 mil usuarios de más.

Laura Ardila Arrieta

Son tiempos difíciles en la entidad encargada de coordinar la prestación de los servicios públicos en la ciudad. Con la declaratoria de la figura de urgencia manifiesta en al menos tres ocasiones desde 2010, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) sigue sin ser capaz de llevar a buen término una licitación que le permita contratar un moderno y efectivo servicio de recolección de basuras. Sus últimos dos directores lo intentaron sin éxito. Uno de ellos salió destituido e inhabilitado por la Procuraduría en medio de un escándalo contractual. El jefe que hoy lidera el despacho se llama Guillermo Asprilla y habrá que ver si logra el cometido.

Asprilla llegó a su cargo con la idea de cambiar a casi todo el personal que estuvo en la Unidad durante la administración del exalcalde Samuel Moreno. Con esos nuevos funcionarios deberá responder, además, las exigencias de la Corte Constitucional, que el año pasado tumbó la licitación de aseo por considerar que ésta no tenía en cuenta a los recicladores. La Uaesp tiene hasta el 31 de marzo para presentar al alto tribunal un plan de inclusión de esa población vulnerable.

En medio de ese panorama, una nueva denuncia salpica la prestación del servicio de aseo. La hace quien fuera director de la Uaesp hasta el 31 de diciembre pasado, Juan Carlos Junca, quien asegura que los actuales operadores están cobrando la recolección de la basura a un número de usuarios mucho mayor al que le reportan a la Unidad.

Exactamente serían 200 mil los que no estarían siendo reportados, según Junca.

Explica el exfuncionario que días antes de dejar su cargo tuvo acceso a un informe que cruzó la base de datos de los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con la base que manejan los contratistas. El resultado es una diferencia de 200 mil personas más en la lista del Acueducto, que lo lleva a pensar que no se están registrando las cifras correctas en la Unidad.

El cobro por la recolección de la basura en la ciudad funciona de la siguiente manera: las empresas operadoras crearon una firma llamada Centro Único de Procesamiento de Información Comercial (Cupic) para que maneje su catastro de usuarios. El Cupic envía esos datos al Acueducto para que éste genere la facturación conjunta de agua y aseo. Pero además el Cupic genera una facturación directa a aquellos predios que no cuentan con el servicio de agua o alcantarillado y, por lo tanto, no forman parte de la base de datos de la Empresa de Acueducto.

De lo anterior se deduce que a la hora de comparar las dos bases de datos, la de la mayor cifra tendría que ser la del Cupic, pues éste factura directamente a los predios que no cuentan con el servicio de acueducto.

En promedio, un bogotano paga $16 mil mensuales por la recolección, barrido y limpieza de residuos, una cifra que por supuesto varía entre los estratos uno al seis. Estos recursos llegan a través de los bancos recaudadores a una fiducia que es contratada por los mismos operadores que prestan el servicio. Un negocio que Juan Carlos Junca define como “acuerdo entre privados”.

En toda su historia, la Uaesp jamás ha tenido control sobre la facturación que está en manos de los cuatro operadores: Lime, Ciudad Limpia, Aseo Capital y Atesa.

Sin embargo, en octubre del año pasado la Unidad adjudicó por US$55 millones la licitación para montar el sistema único de información, facturación y control del servicio de aseo. Se la ganó la empresa Distromel y la idea es que cuando se firmen los próximos contratos de aseo pueda entrar a encargarse del cobro del mismo.

Precisamente es en este punto en el que se escucha más fuerte la voz de Junca pidiendo a las autoridades revisar las presuntas inconsistencias en la facturación actual, pues los contratos vigentes se acaban el próximo 16 de marzo, pero como no está lista la nueva licitación y tampoco se ha cumplido con las exigencias de la Corte Constitucional, la Uaesp tendrá que volver a firmar contratos a dedo con los mismos operadores.

Para ello, la Unidad declaró hace dos semanas la figura de la urgencia manifiesta, que permite contratar sin necesidad de licitación. Los nuevos contratos están siendo negociados a puerta cerrada, pero trascendió que algunas de las empresas exigirían dejar la facturación en manos del Cupic y no entregársela a Distromel.

Gérber Ramírez es el gerente del Cupic, que pertenece en porcentajes iguales (50%) a Lime y a Aseo Capital. El empresario no sólo negó las supuestas inconsistencias que denuncia Junca, sino que comentó que no resulta lógico hablar de irregularidades después de ocho años de estar manejando la facturación del aseo. Prefirió no ahondar en sus apreciaciones hasta ver los documentos en los que se basa el exdirector de la Uaesp.

Desde la orilla contraria, Distromel, a través de su gerente Carlos Parrado, aseguró que está capacitado para asumir la facturación del aseo en la ciudad cuando así lo disponga la Unidad.

Y en la mitad del pleito, el director de la Uaesp, Guillermo Asprilla, anunció que abrirá una investigación interna para verificar o desvirtuar lo dicho por su antecesor.

Junca, por su parte, pidió a la Unidad asumir el control de la facturación del servicio de recolección de basura de una vez por todas.

Pero los contratos de aseo no sólo son cuestionados por Juan Carlos Junca, sino que esta semana la misma Contraloría General de la República envió a la Uaesp un informe de control excepcional preliminar que hizo a la fallida licitación, a las prórrogas que se les han dado a los actuales contratistas y al manejo de los recursos de la bolsa general del esquema de aseo. Ese resultado parcial, conocido por El Espectador, establece siete hallazgos administrativos, cinco de ellos con presunta incidencia disciplinaria, y solicita la apertura de dos indagaciones preliminares relacionadas con el manejo de los recursos de la bolsa de aseo.

Según la Contraloría General, en la prórroga que en 2010 y por un año firmó la Unidad con los actuales operadores de aseo no se tuvo en cuenta un nuevo esquema tarifario que por ley reducía los precios que pagan los usuarios. Es así como los bogotanos habrían pagado durante 12 meses $76 mil millones más de lo que debieron haber cancelado.

Con respecto a la hasta ahora frustrada licitación de aseo, el ente de control dijo que la gestión de la Unidad ha sido “deficiente y carente de una adecuada planeación”. Y también cuestionó que en 2009 se haya contratado un grupo estructurador por más de $2 mil millones. Un equipo del que formó parte en su momento el abogado Álvaro Dávila.

Ahora Guillermo Asprilla, quien no tuvo nada que ver en las actuaciones que hoy se ponen en tela de juicio, tendrá que responder a la Contraloría por escrito para que el ente de control pueda tomar decisiones definitivas. Decisiones definitivas sobre una entidad que, por inoperancia entre otras cosas, ve cómo por ahora el viento sopla en su contra.

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