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En apuros por obras de colegios

Distrito dice que anteriores administraciones permitieron trabajos en 107 colegios sin licencia y que ahora se ven las consecuencias.

El Espectador
14 de febrero de 2011 - 11:45 p. m.

Los contratos para la remodelación y ampliación  de colegios en Bogotá sí se han adjudicado sin la respectiva licencia de construcción. Así lo reconoció ayer la Secretaría de Educación Distrital (SED) tras asegurar que dichos negocios fueron suscritos durante anteriores administraciones y que es una “situación que ha provocado serios problemas a la administración actual de la SED”.

Según la Secretaría, cuatro de 13 colegios analizados por la más reciente auditoría de la Contraloría no se han terminado pese a que fueron contratados entre 2006 y 2007, precisamente, por falta de licencias. Además, tal y como lo reveló ayer El Espectador, en otro, la IED Pablo de Tarso, hay inconvenientes de títulos para construir porque el espacio físico para la obra no coincide con lo propuesto. Al respecto, el Distrito asegura que “existe un problema de títulos para construir el bloque dos de la institución educativa”.

Sobre las anomalías en los trabajos de 13 instituciones del Distrito, la Secretaría de Educación no sólo confirmó la problemática evidenciada por la Contraloría, sino que además agregó que 107 colegios fueron entregados sin contar con licencia de construcción en administraciones anteriores a la del actual alcalde, Samuel Moreno.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría, se pudo corroborar que en algunos casos los predios no tienen licencia de construcción ni una consultoría contratada, como el contrato para el mejoramiento de los colegios CED Venecia y Gustavo Restrepo, en la localidad Rafael Uribe —hoy en funcionamiento—. En esta última, el proceso para contratar la consultoría y obtener la debida licencia tardaría un año.

Otra es la situación del colegio Garcés Navas. Aunque se construyó con las respectivas licencias y está en funcionamiento desde 2009, no está libre de un proceso de investigación debido a que su valor al comienzo del contrato —el 5 de septiembre de 2006— era de $2.658 millones y terminó costándole al Distrito $3.638 millones.

A pesar de que, según la información entregada por la Secretaría, se están adelantando las investigaciones para encontrar a los funcionarios implicados y determinar su responsabilidad en el proceso, aún no son claras las razones por las cuales fueron adjudicadas las obras sin los debidos diseños ni la licencia requerida y surge una nueva pregunta: ¿a quién le están adjudicando los  contratos de las obras que el Distrito les quitó a los consorcios  que incumplieron con los cronogramas de construcción?

Por El Espectador

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