“En aseo nos toca cumplir la ley”: secretario de Hábitat

Guillermo Herrera, secretario de Hábitat de Bogotá. / Mauricio Alvarado

La licitación de aseo que abrió la administración, para contratar a los operadores que por ocho años se encargarán de la recolección de basuras en la ciudad, sigue siendo motivo de controversia. Tras la radicación de una acción popular, que busca tumbar la licitación por considerarla innecesaria y dañina para las finanzas de la ciudad, el nuevo secretario de Hábitat, Guillermo Herrera Castaño, salió en defensa del proceso. Según él, no sólo es necesaria, sino que es para cumplir la ley. (Lea también: Licitación de aseo: ¿proceso innecesario?)

La acción popular la radicó Ricardo Felipe Herrera Carrillo, exasesor del alcalde Enrique Peñalosa en temas de aseo. Según el experto, la licitación lesionará las finanzas de la empresa de Acueducto, que hoy tiene el 85 % de los clientes del servicio de recolección de basuras, lo que se convierte en un activo para la compañía. “Con la licitación quieren renunciar a esos usuarios, que son un activo para la compañía, y repartirlos entre empresas privadas. Es como si una empresa de teléfonos saliera a repartir a sus clientes. Y lo peor, en un proceso en el que entrará a competir en desventaja, corriendo el riesgo de quedar por fuera del negocio. Eso es ilógico y ahí es donde se daría un posible detrimento”, dijo. (Le puede interesar: Esquema de aseo, con nuevas condiciones)

A pesar de este argumento, la visión del Distrito es otra. El secretario de Hábitat insiste en que esos usuarios se lograron luego de que la pasada administración cambiara el esquema de aseo, el cual se debe desmontar. “Es un error que se debe corregir”.

¿Cómo interpreta la acción popular que busca tumbar la licitación?

El Distrito debe cumplir la ley. El actual esquema de aseo se adjudicó a dedo, es transitorio y se debe desmontar. Entiendo que uno de los argumentos de la acción popular es que la licitación atenta contra el patrimonio de Bogotá, pero, ¿qué pasa con los $115.000 millones que pagamos en multas, con los que hubiéramos construido 12 megacolegios? Aunque el Acueducto hoy tiene el 80 % de los usuarios de recolección de basuras, el esquema no se ajusta a las normas para garantizar la debida competencia. (Lea: Nuevo esquema de aseo de Bogotá será adjudicado en diciembre)

El esquema quedó en entredicho, pero no los contratos con los usuarios. De acuerdo con la acción popular, repartirlos es donde estaría el detrimento.

Aceptar eso es como si aplicáramos la política de “todo vale”. Debemos tener en cuenta que un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la decisión de la junta directiva del Acueducto de modificar en 2012 su objeto social para poder prestar el servicio de aseo, sin haber pedido autorización al Concejo. Ya hay una orden que obliga al Acueducto a dejar de prestar el servicio, por haberse atribuido una tarea de manera ilegal. El Tribunal dio seis meses para desmontar esta actividad. (Le puede interesar también: Tribunal anula la facultad del Acueducto de Bogotá para prestar el servicio de aseo)

¿Y no es más fácil ir al Concejo y modificar el objeto del Acueducto?

Eso no lo contemplamos como alternativa. Lo de fondo es que ese mercado que tiene el Acueducto se le otorgó a dedo y no fue compitiendo en el mercado. La idea es que no sigamos pagando multas. Ahí es donde está el detrimento, en mantener un esquema que no se ajusta a los postulados de libre competencia.

¿Es posible pasar a los usuarios a Aguas de Bogotá?

Si se los asignamos a Aguas de Bogotá (empresa del Acueducto que sí tiene la facultad para prestar el servicio de aseo), creo que violaríamos de nuevo la norma de libre competencia. Por eso, no es tan simple decir que los usuarios que tiene el Acueducto son un activo y menos plantear pasárselos a otra empresa sin que medie competencia por ese mercado.

Pero ningún fallo ha dicho que deba repartir los usuarios

Si mantenemos algo que surgió por un decreto que consideraron ilegal, sería mantener la misma falla cuando se le entregó a dedo ese mercado al Acueducto. Tenemos una orden de la Superintendencia de Industria que le da plazo al Distrito hasta el 17 de febrero para desmontar el esquema temporal de aseo y garantizar la libre competencia.

Si la orden es garantizar la libre competencia, ¿para qué la licitación?

La libre competencia se puede aplicar de dos formas: una es competencia en el mercado, como lo hace la telefonía móvil, que va de usuario en usuario ofreciéndole el servicio para que él decida qué operador contratar. La otra es competencia por el mercado, que es conveniente en servicios como el de aseo, ya que se adjudican Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) a operadores con las mejores propuestas económicas y técnicas. Optamos por esta segunda, al creer que es la más favorable para la ciudad, porque nos garantiza la cobertura y mejores condiciones de prestación del servicio.

Según eso, no hay opción

Creemos que la licitación es la forma más transparente para generar competencia y lograr un mejor servicio. Además, con esto estamos garantizando el acceso cierto y seguro de la población recicladora. En resumen, este es el mecanismo que está aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que verificó el cumplimiento de los requisitos para adjudicar zonas de uso exclusivo.

Pero los recicladores tampoco están conformes...

En toda licitación pública hay espacio para las observaciones. El éxito del proceso licitatorio depende de que todas las inquietudes que se planteen tengan una respuesta adecuada y, si es el caso, se hagan los ajustes necesarios.

¿La licitación parece dejar por fuera a Aguas de Bogotá?

No me corresponde hablar de eso. No obstante, como lo dijo el alcalde, Aguas de Bogotá va a participar en la licitación.

Y si sólo se deroga el decreto del esquema de aseo, se conservan los usuarios y se deja que la libre competencia regule el mercado...

Eso se asignó a dedo. El Acueducto como prestador tiene el 80 % de los usuarios, pero directamente atiende el 52 % a través de Aguas de Bogotá. El resto lo subcontrató con privados. El tema de fondo es que el esquema no cumple con lo que pide la ley y es lo que pretendemos corregir. Eso implica que hay que desmontar el actual esquema y no sólo por decisión del Distrito, sino porque tenemos órdenes administrativas y judiciales. No hay de otra.

¿Y qué gana la ciudad con la licitación?

Buscamos que los proponentes hagan una oferta que implique una disminución de la tarifa de los usuarios; que tengan mejores condiciones de prestación del servicio; que garanticemos el barrido y lavado de las calles, o las rutas de recolección. Al ser una competencia por el mercado, cada operador responderá por su zona. Tal vez la competencia abierta funcione en ciudades pequeñas, como en Cali. Sin embargo, allá hubo una mala experiencia y no fue tan eficiente.

¿La acción popular va a dar claridades sobre el proceso?

La Empresa de Acueducto, legalmente, no puede conservar ese 80 %. Y el Distrito, por ahora, no tiene en sus planes buscar que recupere su facultad para prestar el servicio de aseo. Como lo ha señalado el alcalde, la idea es que Aguas de Bogotá, que es la filial, puje en la licitación.

Otra crítica en la acción popular es contra la intermediación de la Uaesp.

Ese tema de la Uaesp

Con una acción popular en curso y con la licitación avanzando, ¿qué se viene para la ciudad?

Buscamos que los bogotanos ganen con el nuevo esquema de aseo. Un esquema que cumpla con la ley, que será más eficiente, que tendrá garantía de cobertura incluso para los que están en zona rural, que permitirá contar con una flotilla de camiones moderna y, muy importante, que busca garantizar el acceso de la población recicladora al aprovechamiento de material reciclable.