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La Superintendencia de Salud intervino, una vez más, en medio de la crisis de la EPS Capital Salud, cuya dueña es la Alcaldía de Bogotá y tiene 985.000 afiliados en la ciudad y otros 202.600 en el departamento del Meta. El ente de control y vigilancia le dio un plazo de 10 días para que cumpla con la entrega de medicamentos, función con la que viene retrasada desde el año pasado.
“La medida cautelar adoptada fue ordenada teniendo en cuenta que las Peticiones Quejas y Reclamos formuladas contra esta EPS durante el primer trimestre de 2016 se incrementaron respecto del mismo periodo en el año anterior, tanto en la demora como en la negación de medicamentos POS y No POS, lo que significó un crecimiento porcentual en el número de quejas de un 283%”, explicó la Supersalud en un comunicado.
Y agrega: “A la fecha, esta superintendencia registra un total de 2.804 PQR formuladas contra esta EPS, de las cuales 745 corresponden a restricciones o negaciones para el acceso y entrega oportuna de los medicamentos tanto POS como No POS”. Si Capital Salud incumple, será sancionada.
El organismo de control interviene dos semanas después de que la Personería de Bogotá emitió una alerta en el mismo sentido. (Lea: El plan para salvar la EPS de la Alcaldía)
La EPS atraviesa una crisis. Tiene un déficit de $576.000 millones y, en lo que se refiere a medicamentos, existe un choque entre la Alcaldía (dueña del 51% de la EPS) y el proveedor, la Unión Temporal S&M, contratada en la administración anterior.
S&M no entrega la droga porque, dice, Capital Salud le ha incumplido con el pago de sus servicios y le adeuda $13.000 millones. El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, responde que el primero en incumplir fue el contratista y por eso buscan la manera de terminar el contrato.
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