En momentos en que la interrupción voluntaria del embarazo, aun en los casos permitidos por la Corte Constitucional en 2006 (violación, malformación fetal o riesgo para la vida de la madre), sigue siendo un tema polémico en la Nación, el Distrito decide eliminar las barreras contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la creación de un centro especializado en su atención. Un proyecto controversial, si se tiene en cuenta que en 2008 Medellín intentó crear una clínica para las mujeres, que suscitó la oposición de la Procuraduría.
Elizabeth Hoyos, gerente del Hospital Centro Oriente, donde se inauguró el jueves la primer sala, señala que la tarea más difícil será cambiar los imaginarios respecto al tema del aborto, por ejemplo. En diálogo con El Espectador, cuenta que la idea surgió como respuesta a las múltiples barreras que viven las mujeres al solicitar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y que espera que el centro se consolide como una alternativa para las parejas.
¿Cómo surgió la idea del proyecto?
Para el alcalde Gustavo Petro y el secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, fue determinante el hecho de ver que muchas mujeres recurren a la tutela para ejercer su derecho a la IVE en los tres casos que determinó la Corte en 2006, cuando el Estado debería garantizarlo. Así que el centro nació por la necesidad de garantizar, fomentar y promocionar este y otros derechos sexuales y reproductivos, con la idea de eliminar las barreras que existan para ello.
En Medellín se planteó un proyecto similar en 2008, pero no surgió por la oposición de la Procuraduría...
Todo se está revisando en términos de la norma, con el área jurídica del hospital y de la Secretaría. Estoy convencida de que siguiendo lo que dice la Corte Constitucional no tendremos contradicción con la Procuraduría.
Pero incluso en los tres casos de IVE permitidos por la Corte persisten barreras como la objeción de los médicos...
Precisamente eso lo estamos socializando con nuestro personal. Se trata de reconocer que ha habido barreras y no había una entidad del Estado que garantizara el acceso a un derecho dictado por la Corte, que queremos que se ejerza como debe ser y no de forma ilegal y clandestina.
¿Por qué se implementó el centro en este hospital?
Este hospital hace presencia con 10 centros de salud en tres localidades: Mártires, Candelaria y Santa Fe, donde la mayoría de las personas son de estratos 1 y 2 y tienen barreras para acceder a los servicios de salud. Además, tenemos poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad, como las mujeres dedicadas a la prostitución en Santa Fe, los habitantes de calle, comunidad LGBTI, población indígena.
¿Cómo han preparado a los médicos y otros funcionarios para asumir el programa?
Estamos rompiendo paradigmas. La primera claridad es la legalidad para ceñirnos al contexto normativo y constitucional. Lo segundo es sensibilizar al personal. En este momento yo no podría decir que todo el recursos humano está preparado, porque es un proceso. Ya empezamos con los profesionales en la salud, la subgerencia científica y los encargados de atención al usuario, sobre todo enfatizando qué indica la sentencia de la Corte, para minimizar el riesgo de hacer interpretaciones erróneas.
¿Cómo funcionará?
Vamos a adecuar las instalaciones, porque estas salas amigables tienen una connotación de atención diferencial en el sentido de dar un trato digno a la mujer. Ese trato diferencial se refiere a cualquiera de las necesidades en salud sexual y reproductiva, como una consulta para planes de fertilidad o prevención del embarazo para la mujer y las parejas.
¿Ese trato qué implica?
Que las personas van a tener un sitio especial, cálido, con una atención que respete su libre decisión, por ejemplo en casos como el de una mujer que tenga VIH, o el de una adolescente que quiera empezar su vida sexual, para que no se sienta rechazada por sus acciones. Eso quiere decir que no va a pasar por una fila donde le van a preguntar para qué tipo de consulta va y todo el mundo se va a enterar.
¿El modelo es parecido al de los centros de atención de Profamilia?
Es algo así, pero más pequeño. Ellos tienen servicios de promoción, prevención, acompañamiento. Nuestra idea es hacer presencia en los sectores con población pobre y vulnerable, acercando los recursos necesarios.
¿Qué faltó en estos seis años, luego de la sentencia de la Corte, para que el Estado implementara lugares como este?
Voluntad política. Había faltado una decisión a nivel de Estado, ya fuera el departamento o el Distrito, porque ya el terreno estaba abonado desde la sentencia de 2006. Nosotros estamos haciendo esa apuesta y sabemos que no será fácil cambiar el imaginario de las personas y cómo lo están interpretando.
¿Habrá más salas de este tipo en la ciudad?
Sí, esta es la primero y la semana entrante se inaugurará otra en Suba. El año entrante habrá otras seis.