Este lunes se define medida de aseguramiento contra patrulleros involucrados en caso Ordóñez

Según el informe de Medicina Legal, Javier Ordóñez murió por un estallido en un riñón.

Foto: El Espectador

Sigue la audiencia contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, procesados por la muerte de Javier Ordóñez. Luego de dos jornadas, que se desarrollaron entre viernes y sábado, en las que legalizaron su captura, la Fiscalía les imputó homicidio y tortura (los cuales no aceptaron), y sus abogados plantearon que el caso lo debía asumir la Justicia Penal Militar, para este domingo quedó pendiente un asunto: resolver la solicitud del ente acusador de enviarlos a prisión.

En la audiencia de este lunes, la jueza 29 de garantías de Bogotá acreditó dos de las peticiones: obstrucción de la investigación y protección a la comunidad. “Debieron comportarse de forma diferente para evitar las graves consecuencias de la conducta: además de los delitos en que habrían incurrido los uniformados retirados, los graves disturbios en Bogotá durante esa noche”, manifestó la funcionaria judicial.

La audiencia en la que la Fiscalía sustentó su petición de enviar a la cárcel a los patrulleros, el pasado 20 de septiembre, se retrasó nuevamente. Esto por cuenta de la solicitud de un grupo de periodistas que, a través de un derecho de petición y una tutela, lograron que la juez de garantías levantara la restricción. La trasmisión comenzó pasadas las 12:00 m. con la intervención de la Fiscalía, quien con un relato detallado de los hechos en los que perdió la vida Ordóñez, sustentó la necesidad de dictar medida de aseguramiento contra los uniformados, contra quien recaen las principales sospechas.

Sobre la 1:00 p.m. en su relato, el funcionario no solo dio detalles del dictamen de medicina legal, que da cuenta de las lesiones que sufrió Ordóñez, sino las declaraciones de los testigos, que relataron los pormenores del episodio desde el momento de la captura, las agresiones con las pistolas eléctricas, el clamor de la gente a los policías para detener la acción, la golpiza que recibió en el CAI y su traslado a un centro asistencial, a donde llegó sin vida.

A las 1:40 p.m. el representante del ente acusador pidió compulsar copias para investigar la posible participación de otros uniformados en los hechos, donde perdió la vida la víctima. “Es claro que en cada uno de los videos reunidos hay evidencia de los actos de violencia que se cometieron contra la víctima”.

Hacía las 3:27 p.m. se reanudó la audiencia después de un receso. La delegada de la Procuraduría, Mónica Sánchez, tomó la vocería, respaldando la declaración de la Fiscalía, que aseguraba que la muerte de Javier Ordóñez se dio tras los golpes propinados por ambos patrulleros. “Se trató de un homicidio agravado", afirmó Sánchez.

Sobre las 4:05 p.m., tomó la palabra el abogado de la familia de Javier Ordóñez, Vadith Gómez, quien pidió que ambos patrulleros fueran enviados a prisión, pues son considerados “un peligro para la comunidad”. Además, agregó que es “evidente” que hubo una tortura previa a la muerte de Javier Ordóñez. “Esto demuestra la violencia con la que actuaron los imputados y el peligro que representan”.

“Revisando la exposición del fiscal, encuentro que se han cumplido los requisitos de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por la imputación razonable de los cargos. Hay más de una actividad probatoria que demuestra que lo patrulleros constituyen un peligro para la comunidad”, dijo Gómez.

Además, dijo que la medida de aseguramiento es urgente, ya que su actitud violenta puede representar nuevos riesgos para la comunidad y para la seguridad de los testigos. Esto luego de leer una parte de la denuncia interpuesta por Wilmer Mendoza, quien se encontraba dentro del CAI cuando fue torturado Javier. “Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar y hago responsables a los patrulleros. Quiero dejar constancia que no tengo ningún enemigo diferente a los policías que me han amenazado”, dicta la denuncia del ciudadano.

A las 4:20 p.m. se pronunció el hermano de Javier Ordóñez, Alejandro, quien se refirió a la necropsia del cuerpo. “Mi hermano tenía golpes directos de alto impacto, no es producido por autoagresión. Estas lesiones y hematomas no son producidos inmediatamente, necesita por lo menos 30 minutos para la evidencias. Presenta 14 lesiones de tipo hemorrágico, que fueron en toráx, abdomen, región lumbar y hubo 12 descargas con pistola taser” aseguró.

“En toda la humanidad de mi hermano, excepto en las axilas, genitales, ano y los pies, hay lesiones. Además, para el estallido del riñón derecho, tiene que haber tenido un trauma de muy alta energía. No son lesiones autoinfringidas como dicen los patrulleros”.

“Sean humanos, pudieron llevarlo a un hospital. No sean monstruos, lo que yo vi fue a mi hermano sufrir por respirar. Se hubiera podido evitar la muerte de mi hermano con una atención inmediata y no, verlo tirado en el piso, reducido y estar pensando en hacer un informe para que sean judicializados por agresión a servidor público no cabe en la cabeza", expresó con la voz quebrada el hermano de Javier.

A las 4:40 tomó la palabra el defensor de Harby, destacó que debía verse también la parte humana de los procesados, destacando que Rodríguez tiene 21 felicitaciones dentro de la Policía y que ha recibido amenazas de muerte. “Lo han amenazado en redes sociales. En aras de garantizar el derecho a la vida, si bien es cierto lo que se busca es la restricción a la libertad, deberíamos analizar una restricción menos invasiva, como una detención preventiva desde el hogar de mi cliente, para que no afecte tampoco a su familia, que depende de él. Creo que la casa por cárcel es suficiente” expresó.

Harby Damián Rodríguez fue capturado el pasado jueves en horas de la tarde, momentos después de que un juez dictara las órdenes de captura. Por su parte, Juan Camilo Lloreda, de quien durante el jueves no se supo de su paradero, se entregó en la mañana del viernes y permanece también en el búnker de la Fiscalia.

Sobre las 5:24, la juez le dio la palabra a Marino Moreno, defensa de Juan Camilo Lloreda, que aseguró que la representación jurídica no pretende oponerse a la solicitud de la Procuraduría y la representación de la familia de Javier Ordóñez. “Si eso es lo sensato y, como bien lo sustentó el fiscal, es lo que procede, no actuaremos en contra de ello. Pero esta defensa sí quiere precisar que aquí debe existir lealtad procesal. Además, se ha dicho que Wilder Salazar ha sido amenazado pero en la entrevista que le hace la Fiscalía, cuando le preguntan si ha recibido algún tipo de amenaza, contestó que no. Lo hace el mismo día de los hechos a las 3.20 de la tarde", manifestó el abogado.

El abogado cuestiona entonces, que al cuarto día, el testigo de los hechos sí confirmó que recibió amenazas, sin pruebas. “Aquí estamos ante una falsedad material, una falsa denuncia sin elementos probatorios”, agregó.

Luego, destacó que Lloreda tiene más de 20 felicitaciones por buen servicio dentro de la institución. “Me lo han tratado como si fuera un bandido y me sentí golpeado, sinceramente”. El abogado, sin embargo, aseguró que Juan Camilo Lloreda y su familia eran conscientes de la situación y que por eso no se oponían a la solicitud de la Fiscalía, pero recalcó que hay centros penitenciarios especiales para miembros de la fuerza pública.

“Juan Camilo está dispuesto a responder por los hechos, quiero darle esa tranquilidad a la Fiscalía, al Ministerio Público y al doctor Vadith, pero por favor permítanos garantizar su seguridad”, dijo el defensor, quien después pidió que Lloreda sea recluido en uno de los centros especiales para miembros de la fuerza pública, con el fin de “proteger su integridad”.

Finalmente, a las 6:30 p.m., la audiencia fue suspendida y se reanudará a las 2:00 p.m. de este lunes 21 de septiembre con el fin de definir si los patrulleros van o no a prisión.

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En la tarde del sábado, después de que ambos indiciados se declararon inocentes, la defensa de ambos patrulleros volvió a traer a la mesa de discusión la petición de que dicho caso sea manejado por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria. En una entrevista para El Espectador, el abogado de Harby Rodríguez, Jhon Olmos, aseguró que la petición se hacía porque ambos patrulleros estaban trabajando cuando murió Ordóñez. “Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado la situación, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la Justicia Penal Militar”, justificó.

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Ante la solicitud, la juez aseguró que no estaba dentro de sus competencias decidir si dicho caso pasaba o no a la Justicia Penal Militar, por lo que remitió la petición a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea esta la que decida si el caso queda o no en manos de dicha justicia.