Un estudio de la Personería Distrital al estado del Sistema de Espacio Público Peatonal en Bogotá demuestra cómo y por qué el ciudadano capitalino cuenta con menos de la mitad de metros cuadrados (4,35) que le corresponden, según la Organización Mundial de la Salud.
Según información estadística, proveniente de las Personerías y Alcaldías Locales correspondientes a la gestión realizada sobre los usos, abusos y contradicciones encontrados en el espacio público, la cifra de querellas por la violación de este derecho ciudadano es igual de alta al número de veces en que se archivan.
De hecho, la relación entre querellas activas y archivadas por localidad dentro del periodo correspondiente a 1982-2011, muestra que en las localidades de Usaquén, Kennedy, Engativá y Puente Aranda se reporta la mayor proporción de querellas archivadas por querellas activas cuyas causas van desde aprovechamiento económico indebido, cerramientos, basuras y escombros, pasando por endurecimiento de zonas verdes y estacionamiento de vehículos, hasta pasacalles, pendones y avisos, vallas publicitarias y ventas informales, entre otras.
Dentro de los hallazgos que arrojó el trabajo de supervisión, están aquellos espacios que ya habían sido recuperados y fueron invadidos nuevamente. En la localidad de La Candelaria, una de las más críticas por esta causa, la Personería encontró que la Alcaldía Local presentó oportunamente los datos que demuestren las acciones tomadas a las infracciones del espacio público.
Por otro lado, aunque la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Instituto Para la Economía Social (IPES), tiene claro que dentro del “Espacio Público para la Inclusión”, se debe tener previstas medidas alternativas que protejan los derechos de las personas que desarrollan actividades informales que les permitan subsistir, también lo es que al analizar los resultados de sus políticas, planes y programas, su cumplimiento es deficiente contra las necesidades de esta población.
Del mismo modo, se evidenció la presencia de las ventas de alimentos en vía pública, o lo que es igual, la venta callejera de alimentos tipo comidas preparadas o alimentos sin cocinar como productos cárnicos, donde se rompe toda cadena de higiene y protección que pone en alto riesgo la salud y la vida de las personas. “Situación más grave aún si se suma que la cocción de los alimentos en el espacio público tiene lugar en cocinas, cocinetas o estufas a gas, con carbón, leña o con líquidos inflamables como gasolina o querosene, simultáneamente con la venta y consumo de tales productos”.
Según el IPES, durante 2010 se relocalizaron y asignaron jurídicamente puntos de venta a 2.263 vendedores de 2.188 reprogramados, con lo cual se ha alcanzado el 103% de lo previsto, sin embargo, frente al total de la población ocupada en el sector informal, corresponde solamente a 0,12% de cobertura, y frente a la población de vendedores ambulantes registrados por este Instituto corresponde al 5,36% del total.
“A esto se añade que de los 304 kioscos (que necesitan mejorarse en su diseño técnico, para mitigar fenómenos climáticos como la lluvia y el sol) y los puntos de encuentro que constituyen los 674 puestos comerciales que ofrece el IPES, el 81,16% de éstos son realmente utilizados por los vendedores informales. Así, se observa que la gestión del IPES está lejos de cubrir las necesidades de la ciudad en materia de alternativas para solucionar la ocupación del espacio público por parte de la economía informal”, dice la Personería.